México corre el riesgo de un colapso económico de imprevisibles consecuencias y millones de desempleados si el Gobierno no establece un plan de ayuda a las empresas por el coronavirus. La baja en la nota crediticia de México, acompañada de un descenso importante en los precios del petróleo podrían terminar de golpear la economía nacional que el año anterior perdió o.1 por ciento.

Por Miquel Muñoz y Emilio C. Sánchez

México, 31 de marzo (EFE).- México corre el riesgo de un colapso económico de imprevisibles consecuencias y millones de desempleados si el Gobierno no establece un plan de ayuda a las empresas durante el periodo de emergencia por el coronavirus, afirmó este martes a Efe el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), Francisco Cervantes. Además analistas coincidieron en que la posible rebaja en bloque de las calificadoras de deuda a México por la crisis financiera causada por la COVID-19 coloca a la economía mexicana más cerca del abismo.

“Las consecuencias de esta emergencia sanitaria no pueden recaer solamente en las empresas. El Gobierno tiene que movilizar un fondo de rescate similar al de Estados Unidos o los países europeos. De lo contrario se condena a la quiebra a miles de empresas”, advirtió Cervantes.

El presidente de Concamin mostró su alarma ante el decreto aprobado el lunes por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se indica que “las empresas deben pagar completos los salarios de los trabajadores durante la emergencia sanitaria”.

La ley de la emergencia nacional hasta el 30 de abril impide que las empresas incumplan la obligación de mantener el pleno empleo y el cien por cien de los salarios, lo que supone en la práctica, según Cervantes, “condenar a la ruina a miles de empresas”.

RIESGO DE QUIEBRA

“Si la producción y las ventas caen dramáticamente las empresas no tienen recursos para mantener el cien por cien de los salarios. De manera inevitable muchas empresas se verán abocadas a la quiebra y millones de mexicanos estarán desempleados”, aseguró Cervantes.

Concamin representa a 123 cámaras y asociaciones industriales con un total de 1.2 millones de empresas que juntas suponen el 35 por ciento del PIB de México. Las empresas asociadas a Concamin emplean a 8.5 millones de trabajadores directos y formales con seguridad social y representan el 90 por ciento de las exportaciones industriales del país.

Cervantes destacó que el 0.22 por ciento de las empresas mexicanas son grandes con más de 250 trabajadores. Las medianas, o sea con trabajadores entre 50 y 250, son el 0.83 por cient y las pequeñas, con entre 11 y 50 trabajadores, representa el 4 por ciento aproximadamente.

Mientras que las microempresas, con hasta 10 trabajadores, representan el 95 por ciento. Por ello, continuó, la mayoría de las microempresas no tienen recursos propios para asumir el coste de la emergencia sanitaria, que en México suma ya más de mil casos y 28 fallecidos.

Fotografía fechada el 22 de agosto del 2019, del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes. Foto: EFE, José Méndez, Archivo.

PREOCUPACIÓN POR MULTAS

La mayoría de los empresarios ha acogido además con enorme preocupación las declaraciones del lunes del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en las que advirtió que las empresas que se opongan a estas acciones o que emprendan despidos injustificados se harán acreedores de sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales.

“Estamos apelando a la conciencia social. Estamos en una situación extraordinaria, comparada quizá con el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Los mexicanos hemos demostrado a lo largo de la historia que somos un país muy solidario”, dijo Ebrard.

Para Concamin, la declaración de Ebrard constituye una amenaza sin precedentes a las empresas para que asuman el coste de la paralización económica del país.

“Las empresas no tienen los recursos para asumir el coste de esta crisis sanitaria que está afectando a todo el mundo”, indicó Cervantes.

Agregó que México es el único país afectado por el impacto de la COVID-19 que no ha establecido un plan de ayuda a las empresas y un fondo de rescate para paliar las consecuencias enormes para la economía del país.

PIDEN APLAZAR IMPUESTOS

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México pidió este martes “medidas urgentes” y que se difieran impuestos y pagos mientras dura la pandemia de COVID-19.

El CCE, organismo cúpula de los empresarios mexicanos, remarcó que no quiere ninguna “reducción” de impuestos, pero sí solicitó “urgentemente” al Gobierno una serie de medidas mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus.

Tras una caída del PIB en 2019 de un 0.1 por ciento, las consecuencias de la paralización económica del país puede suponer un decrecimiento del PIB de México durante 2020 del 5 al 7 por ciento, según varios expertos.

BAJA EN LA NOTA

La incertidumbre de la situación actual por la declaración de emergencia sanitaria, que supone una paralización económica de un mes, agrava aún más las perspectivas de una economía ya diezmada por la contracción en 2019 del PIB y la depreciación de su divisa.

La primera calificadora en degradar a México fue Standard & Poor’s, que a finales de la semana pasada situó la deuda soberana del país en nota BBB con perspectiva negativa, lo que implica que la confianza en la capacidad del Estado para hacer frente a sus pagos todavía existe pero pende de un hilo.

Según explicó a Efe el coordinador de análisis e investigación económico del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, la pérdida de nota crediticia afecta a la moneda y complica al Gobierno para conseguir financiación en el extranjero, lo que podría traducirse en que “se tengan que recortar ciertos gastos públicos”.

Por el momento, el anuncio de Standard & Poor’s afectó con cierta fuerza al peso mexicano, que ya venía sufriendo una depreciación frente al dólar cercano al 30 por ciento en el primer trimestre. La pérdida de valor de la divisa mexicana generará “ajustes en la inflación y en el consumo”, aunque la bajada en el precio de los combustibles podría compensar esos efectos.

En cuanto al mediano y largo plazo, precisó Magaña, “lo primero que se recorta siempre es la inversión”, un fenómeno que podría enfriar los planes de apuestas a futuro ya contemplados y, por tanto, cercenar la generación de nuevos empleos.

Otra de las partidas de gasto que podrían verse afectadas “sin unas cuentas públicas sanas” son los programas sociales, unos planes que contemplan beneficiar a 51.5 millones de mexicanos en el ejercicio 2020, según datos del Ejecutivo.

NECESIDAD DE MEDIDAS

Sin embargo, la rebaja de Standard & Poor’s, y a falta del pronunciamiento de las otras dos principales agencias, Moody’s y Fitch, “todavía la calificación de México está a un nivel de deuda aceptable”, según el especialista. Magaña aclaró que el principal peligro no está en la revisión de la calificación crediticia actual, sino en las que se puedan dar entre los próximos 12 y 24 meses, ya que las consultoras tienen una perspectiva negativa de la evolución económica del país.

“Si las decisiones que se tomen a nivel Gobierno no ayudan a enfrentar los problemas derivados de esta crisis económica, esto podría incluso rebajar un poco más la calificación crediticia para la próxima revisión”, alertó el economista.

Para el coordinador de análisis e investigación financiera del Tecnológico de Monterrey, el “Gobierno tendría que llegar a un acuerdo con todos los participantes de la economía, es decir, con la sociedad y con el sector privado” para generar “los universos adecuados” que llamen a invertir y evitar mayores afectaciones.

Los confianza de los empresarios, según el economista, ha “mostrado una tendencia a la baja”, cuando López Obrador debería crear condiciones para que los empresarios “pongan en juego su capital” y creen los empleos que ayuden a paliar la crisis.

PEMEX, UN “LASTRE”

Otra estrategia pública clave, sostuvo Magaña, debería implicar a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), una compañía en peligro sobre la que Standard & Poor’s ya advirtió y que Fitch considera con un alto riesgo de impago.

“Estamos viendo que la propuesta actual de ser autosuficientes en la materia del petróleo no ha dado resultado”, sostuvo Magaña, que tildó de “lastre” a la petrolera y exhortó al Gobierno a volver a abrirla a la participación privada.

Pemex prácticamente duplicó sus pérdidas en 2019, con un resultado negativo de 18 mil 367 millones de dólares, un 91.8 por ciento más que en 2018.

A esa planificación errática, se ha sumado otro problema para Pemex: la guerra del petróleo desatada entre Rusia y Arabia Saudí, lo que ha supuesto un aumento de la producción de crudo mundial y una rebaja en los precios.

VIEJOS MALES

Según los datos de la directora de análisis económico-financiero de Grupo Base, Gabriela Siller, este lunes la mezcla petrolera mexicana de exportación se vendió a 10.37 dólares por barril, el mínimo desde que se tiene registro.

Todas estas preocupaciones han infectado a la economía mexicana en un momento de decrecimiento, como demuestra la caída del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 motivada sobre todo por el mal desempeño de la industria y la manufactura.

A raíz de la crisis del coronavirus, todos los pronósticos que anticipaban un ligero crecimiento del PIB mexicano en 2020 se han visto truncados, y en su lugar se acumulan los pronósticos de una contracción desde el 2 por ciento, como Standard & Poor’s a algunos que auguran caídas por encima del 5 por ciento.