Víctimas rechazan traslado de Ríos Montt a centro salud privado en Guatemala

31/07/2015 - 3:10 pm

Guatemala, 31 jul (EFE).- Los representantes de las víctimas de genocidio en Guatemala rechazaron hoy el traslado del ex dictador José Efraín Ríos Montt a un centro de salud privado en lugar de a un hospital psiquiátrico público para ser evaluado.

El rechazo fue planteado en una querella presentada hoy por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país.

El director de esa institución que actúa como querellante en el proceso judicial contra Ríos Montt, Francisco Soto, dijo a los periodistas que la acción judicial es contra la resolución de una Sala de Apelaciones que hace dos días suspendió el trasladado del general retirado al hospital Carlos Federico Moral.

Soto aseguró que esa disposición “contraviene la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo B”, el cual ordenó que el militar de 89 años fuese trasladado a ese centro para ser evaluado.

En el amparo provisional de hace dos días, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones resolvió que el Tribunal B debe buscar una alternativa para la evaluación del imputado con el fin de resguardar su vida.

El Ministerio Público (MP) ha intentado en dos oportunidades, sin éxito por acciones judiciales del equipo de abogados de Ríos Montt, trasladarlo al hospital psiquiátrico situado en la periferia norte de la capital.

La resolución de la Sala argumenta que “es notorio” que el centro público designado por el Tribunal el pasado 23 de julio “no reúne los estándares necesarios de conformidad con investigaciones y documentos” realizados por entidades nacionales e internacionales que velan por la defensa de los Derechos Humanos de los pacientes allí recluidos

El anciano militar permanece en su residencia a la espera de que la justicia decida en qué lugar será evaluado.

Ríos Montt enfrenta un juicio por la masacre de 1,771 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala durante su régimen de facto entre 1982-1983.

El exjefe de facto fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, pero 10 días después la CC, anuló la sentencia al argumentar irregularidades en el proceso judicial.

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