Una de las normas del derecho tributario internacional consiste en prevenir lo que se conoce como doble tributación. En el derecho romano existe la figura del "ne bis in idem", que más o menos quiere decir "no dos veces sobre lo mismo". El argumento detrás de este principio del derecho es que sería injusto penalizar a alguien por un mismo acto.
El principio jurídico está avalado también por el sentido común: cualquier ciudadano arquearía las cejas si notara que el fisco le cobra dos veces un impuesto por un mismo acto. Y tendría razón.
En este sentido, parece injusto que el SAT pretenda imponer un doble impuesto a un grupo de empresas dedicadas a la transformación y exportación de mercancías, una actividad fundamental para el desarrollo económico de México.
Dichas empresas argumentan que, además de cobrarles el IVA por el retiro de las mercancías en las aduanas, las autoridades tributarias mexicanas quieren que también estas empresas les retengan el mismo impuesto, por segunda ocasión, a las compañías extranjeras que compren los productos para venderlos en México.
Esta acción violaría el principio de neutralidad y proporcionalidad tributaria, de acuerdo con el cual sólo se debe gravar una sola vez el valor agregado que se genere en una misma etapa o eslabón de la cadena de producción y distribución.
El SAT rechaza las acusaciones y ha dicho que sólo se está aplicando una norma desde el 2011, de la cual ahora cinco empresas quieren substraerse.
Por ahora la cuestión se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que arribó como resultado de una diferencia de criterios entre el pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Es muy posible que la SJCN anuncie su veredicto el próximo jueves.
Esperemos que este sea el adecuado, pues mucho está en juego. En efecto, de acuerdo con datos disponibles, las maquiladoras Imme representan 3.2 millones de empleos directos e indirectos que benefician a nuestro país. No es exagerado pensar que si la SCJN toma la decisión equivocada muchos de estos empleos se perderían y el daño para las empresas sería incalculable.
Seamos también claros sobre el contexto en el que ocurre este diferendo. Es posible que cuando se lea esta columna, la Administración Trump ya haya impuesto un arancel del 25 por ciento a varias o todas nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. De ser así, no sólo las empresas, sino todos los mexicanos estaríamos en un gran riesgo económico. Resulta irónico, por decir lo menos, que, en lugar de ayudar a nuestro empresariado en estos momentos dramáticos, el Gobierno mexicano les imponga grandes obstáculos. No falta mucho para saberlo.
