Una serie de casos han evidenciado que la Administración de Trump, con ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha deportado o intentado repatriar de manera ilegal a migrantes de Estados Unidos.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, millones de migrantes en ese país viven con una permanente angustia ante la promesa de ese Gobierno de deportarlos. Tan sólo durante 2025, un millón de migrantes en situación fueron sacados de ese país pese a que muchos cuentan con permisos u órdenes judiciales que les permiten permanecer libremente en ahí.
Durante la primera mitad de este año, se han hecho visibles distintos casos en los que la Administración de Trump, con ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), ha deportado o intentado repatriar de manera ilegal a migrantes en Estados Unidos, incluso, sin importar que entre ellos haya ciudadanos de la Unión americana, entre ellos hay niños, activistas migrantes, refugiados e incluso ciudadanos estadounidenses de origen latino.
Este fin de semana la situación llegó a uno de sus momentos más críticos cuando cientos de miles de estadounidenses salieron a las calles a manifestarse en contra del autoritarismo y para mostrarle al mundo cómo debe funcionar una democracia. Las movilizaciones masivas se dieron, de hecho, el mismo día de un desfile militar encabezado por Trump, un acto que ha sido visto como una muestra de poderío que busca intimidar a sus oponentes y consolidar su imagen de hombre fuerte.
Lo cierto es que detrás de la política migratoria de Trump, que se ha centrado en la represión de quien se percibe diferente, se ha ido configurando una narrativa fascista que se ha ensañado con niños, refugiados, activistas y personas con pocos recursos para defenderse.
Uno de los casos más difundidos en los últimos días fue el de una niña mexicana de cuatro años de edad, quien recibe tratamiento médico en Estados Unidos y se encuentra en riesgo de muerte luego de que el Gobierno de ese país, encabezado por el Presidente Donald Trump, ordenó que ella y su familia salieran del territorio estadounidense.
La decisión de la Administración estadounidense se dio pese a que la condición de salud de la menor se vería comprometida si se interrumpe la atención que ahí se le brinda desde hace dos años, debido a que en esa nación está recibiendo atención especializada para el síndrome del intestino corto que padece, pero de interrumpirse el tratamiento podría fallecer en cuestión de días.
John Arsenault, médico del Hospital Infantil de Los Ángeles, a donde la menor acude para recibir su tratamiento, confirmó la condición de Sofía. A través de una carta, el médico señaló que a la niña se le administra un sistema de nutrición diaria, denominado Nutrición Parenteral Total (NPT), por lo que de interrumpir el procedimiento “podría morir en cuestión de días”.
Por su parte, Rebecca Brown, representante legal de la familia, enfatizó que “se trata de un claro ejemplo de necesidad médica”. “Esta niña morirá y no tiene sentido que eso ocurra, sería un sacrificio cruel”, añadió la abogada del bufete pro bono Public Counsel, sobre este intento para que Sofía y su familia, quienes actualmente radican en Bakersfield, California, salgan de la Unión Americana.
La madre de Sofía explicó que la menor nació de manera prematura y presentó una obstrucción intestinal, por lo que tuvo que ser sometida a seis intervenciones quirúrgicas, en las cuales los médicos recortaron sus intestinos dejándolos demasiado cortos. Esta situación propició que no pudiera absorber los nutrientes de los alimentos que su cuerpo necesitaba.
Por ello, la familia de la menor decidió trasladarla a Estados Unidos, con el propósito de que recibiera un mejor tratamiento, para lo cual la madre de Sofía se registró en el CBP One, un programa impulsado durante la Administración del Presidente Joe Biden con el que se brindaba protección a los migrantes contra una probable deportación hasta por dos años, mediante la aplicación correspondiente a ese beneficio.
La solicitud de la familia de Sofía fue recibida y el 31 de julio de 2023, se les concedió una cita con agentes en la frontera con Tijuana. Desde ese momento, las autoridades estadounidenses confirmaron el grave estado de salud de Sofía con sólo verla. “Cuando llegamos a la entrada, la vieron y nos preguntaron si necesitábamos ayuda médica”, recordó Deysi Vargas en declaraciones a Los Angeles Times.
Ante las mejoras en la salud de la menor, los médicos autorizaron que Sofía recibiera el tratamiento en su domicilio, debido a que es necesario que a diario se le proporcionen cuidados médicos, como un sistema de alimentación intravenosa que dura 14 horas, y se le administren fármacos mediante una sonda gástrica, atención que ahora está en riesgo ante las políticas antimigrantes de Trump.
No es el único caso.
Una de las detenciones que más indignaciones ha generado es la de Kilmar García Ábrego, un migrante salvadoreño enviado, presuntamente, por error a la megaprisión que se encuentra en El Salvador. El hombre residía con su familia en el estado de Maryland, en donde trabajaba en la industria metalúrgica. Sin embargo, y pese a que desde 2019, estaba sujeto a la "suspensión de remoción", una garantía a su favor que impedía que el Gobierno de Estados Unidos regresara a García Ábrego a su país.
El pasado mes de marzo, el hombre fue detenido y deportado El Salvador, en donde fue encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), bajo el argumento de que García Ábrego pertenecía a la banda conocida como Mara Salvatrucha (MS-13). El Gobierno de Trump expulsó a Ábrego junto a otros 250 migrantes irregulares, sin que las autoridades estadounidenses aportaran pruebas de estas acusaciones.
Pero el caso de García Ábrego no es aislado, en una situación similar se encuentra Daniel Lozano-Camargo, un hombre venezolano quien pese a también contar con una orden judicial que prohibía su deportación, fue detenido y extraditado a El Salvador, en donde, también, fue encarcelado en el Cecot.
Lozano-Camargo llegó a Estados Unidos cuando aún tenía 17 años y solo, por lo que en diciembre de 2022 solicitó asilo bajo un acuerdo en el que el Gobierno de ese país se comprometió a no deportar a migrantes que ingresaron siendo aún menores de edad y no acompañados hasta que se resolvieran sus solicitudes de asilo, por lo que el venezolano estaba protegido por el mismo.
Sin embargo, y pese a que su solicitud estaba pendiente, Lozano-Camargo fue deportado a El Salvador el pasado 15 de marzo, junto a 237 venezolanos y 23 salvadoreños, todos señalados de presuntamente pertenecer a pandillas centroamericanas, pese a que no cuentan con antecedentes penales. Ahora el Gobierno que encabeza Trump se niega a que Lozano-Camargo regrese a Estados Unidos.
Otra deportación que se evidenció fue la de Jeanette Vizguerra-Ramírez, una activista mexicana que por años luchó en defensa de los derechos de los migrantes que viven en Estados Unidos, quien fue detenida el pasado lunes 17 de marzo por el ICE en Aurora, Colorado. El arresto de Jeanette, madre de cuatro hijos y abuela, ocurrió afuera de su trabajo por agentes de ICE, sin una orden de deportación firmada por un juez.
Vizguerra cobró notoriedad en 2017 cuando se refugió en iglesias, durante la primera administración de Donald Trump, cuando los lugares de culto estaban vedados para los arrestos de los agentes de inmigración. La activista, quien desde 2009 lucha contra su deportación, luego de ser detenida por un incidente menor de tráfico en Denver, ha sido un símbolo para los migrantes y desde entonces ha abogado por personas en su misma situación.
Para garantizar la protección de los migrantes, Jeanette creó una red de sanitarios dentro de varias iglesias. La detención de Jeanette provocó pequeñas manifestaciones afuera del centro de detención privado ubicado en Aurora, donde se encontraba recluida. Incluso, Mike Johnston, Alcalde de Denver, calificó el hecho como un “claro abuso de poder” y comparó el arresto de Vizguerra con las persecuciones políticas soviéticas.
NEW: ICE Denver releases photo of arrest of Jeanette Vizguerra, the convicted criminal illegal alien Mexican activist who has a deportation order. Vizguerra hid in a church for years to avoid removal, and previously posted an image of Trump being scalped on her public Facebook… pic.twitter.com/pqGjhrl7ZJ
— Bill Melugin (@BillMelugin_) March 19, 2025
Otro de los casos mas conocidos es el de Mahmoud Khalil, un joven activista palestino que ha manifestado su apoyo a los palestinos de Gaza, fue detenido y trasladado a un centro de detención de Luisiana el pasado 8 de marzo, cuando agentes de inmigración estadounidenses le informaron que sería deportado por participar en las protestas contra la guerra en Gaza, que se llevaron a cabo en la Universidad de Columbia, en donde estudia un posgrado.
Pese a contar con una residencia legal y no haber sido acusado de delito alguno por las autoridades estadounidenses, Khalil fue detenido. Se cree que el arresto del joven, quien nació en Siria, está vinculado a la promesa del Presidente Donald Trump de reprimir a los manifestantes estudiantiles a los que acusa de "actividad antiamericana". Trump ha alegado repetidamente que activistas propalestinos apoyan a Hamás.
Kseniia Petrova es una científica rusa que llegó en 2023 a Estados Unidos huyendo de la guerra. Trabajaba en un laboratorio de biología en la Facultad de Medicina de Harvard, pero el pasado mes de febrero fue detenida por el ICE al regresar a Boston de unas vacaciones en Francia, con el objetivo de ser deportada, bajo el argumento de no haber declarado las muestras científicas que llevó al país.
Luego de más de 100 días de haber permanecido detenida, el pasado 28 de mayo, Christina Reiss, una Jueza federal de Estados Unidos, determinó que concedería la libertad bajo fianza a Petrova. "No parece haber fundamento fáctico ni legal para las acciones del oficial de inmigración" al retirarle la visa a la Sra. Petrova el 16 de febrero, declaró la Jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Vermont, en una audiencia judicial.
La Jueza afirmó que la evidencia disponible sugería que las muestras que Petrova trajo al país eran "totalmente inocuas, no tóxicas, inertes y no representaban una amenaza para nadie". También afirmó que "la vida y el bienestar de la Sra. Petrova corren peligro si es deportada a Rusia", como el Gobierno ha anunciado su intención de hacer.
El caso Petrova es diferente a otros casos de deportación de alto perfil, pues comenzó con una infracción en las aduanas de Estados Unidos. Cuando la académica regresaba a Boston de unas vacaciones en Francia, aceptó llevar muestras de embriones de rana de un laboratorio afiliado a pedido de su supervisor en la Facultad de Medicina de Harvard.
Pese a la decisión de la Jueza, no quedó claro cuándo la científica, quien fue descubierta con las muestras por lo que un funcionario canceló su visa y comenzó a tramitar su deportación, será liberada bajo fianza ni si el Gobierno de Estados Unidos seguirá adelante con su plan de deportarla a Rusia, debido a que en Massachusetts también enfrenta cargos por tráfico de personas.
Harvard Researcher Kseniia Petrova has been detained when returning to the U.S. on February 16, 2025.
She had frog embryos and she didn’t properly declare them. Border agents decided this warranted taking away her J-1 visa and deporting her.
🧵Petrova was arrested in Russia… pic.twitter.com/lE0rTCHV9D
— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) April 7, 2025
También ha salido a la luz el caso de un hombre de origen nicaragüense, quien se identificó como Alberto Lovo Rojas y que pese a contar con permiso para trabajar de manera legal en Estados Unidos, a donde huyó del contexto de violencia y represión por el que atraviesa Nicaragua, fue deportado el pasado mes de febrero a su país de origen. Ahora el migrante teme por su vida, según relató al diario The Guardian.
De acuerdo con su relato, Alberto, quien en 2018 dejó Nicaragua, estaba esperando su turno en una peluquería ubicada en Lincoln Heights de Spokane, en Washington, cuando agentes de migración estadounidense lo detuvieron para después trasladarlo al centro de detención de Tacoma, en donde quedó bajo resguardo en espera de su deportación al país centroamericano.
Lovo Rojas expresó que desde que Trump asumió el poder, una inquietud se apoderó de él, por lo que incluso mandó algunos mensajes a través de la aplicación del el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la que se reportaba mensualmente, para confirmar que su situación estuviera al corriente, incluso tres días antes de su detención, el 5 de febrero acudió a su cita en el ICE sin que se presentara algún inconveniente.
No obstante, el 8 de febrero finalmente lo arrestaron con el objetivo de repatriarlo. "Tengo miedo de volver [a Nicaragua], temo por mi vida (...) temo no volver a ver a mis hijos", expresó Lovo Rojas a The Guardian, quien desde 2020 contaba con permiso para residir y trabajar en Estados Unidos, mientras cumpliera con con los registros del ICE y cada año renovara su permiso de trabajo, como aseguraron sus abogados.
El caso de Lovo Rojas fue del conocimiento del Senador estatal demócrata Marcus Riccelli, quien juega fútbol en la misma liga de Rojas, por lo que se ofreció a encontrar una representación legal para ayudar a Rojas, quien aún tiene a su esposa y a dos hijos en Estados Unidos luego que éstos también huyeron de Nicaragua y se reunieron con Alberto.
El pasado mes de abril, se dio a conocer el caso de una niña de dos años de edad, identificada como V.M.L., quien es ciudadana estadounidense, ya que nació en Baton Rouge, Luisiana, a pesar de lo cual fue detenida junto a su madre, identificada como Jenny Carolina López Villela, y su hermana de 11 años de edad, cuando acudieron a una de sus habituales citas al ICE.
Después las tres fueron deportadas a Honduras, incluso, después de que el padre de la menor solicitó una petición de habeas corpus con la que buscaba impedir que la niña V.M.L fuera trasladada al país centroamericano, sin éxito. No obstante, los abogados del padre denunciaron que durante el proceso de detención existieron varias irregularidades como mantener a la madre incomunicada y sin representación legal.
En tanto, el juez federal Terry A. Doughty, de Luisiana, quien está a cargo del caso, señaló que cuentan con “fuertes sospechas” de que el Gobierno de Estados Unidos deportó, sin el debido proceso, a una ciudadana estadounidense, pese a que éste argumentó que fue la madre, quien tenía una orden de deportación pendiente, la que pidió que la niña se fuera con ella, versión que Doughty puso en duda.
A la deportación de esta menor se suma la de otros dos niños, de cuatro y siete años, también ciudadanos estadounidenses, quienes junto a su madre fueron trasladados a Honduras, sin importar que el pequeño de cuatro años padece cáncer y se fue sin medicación y sin antes consultar a los médicos especialistas que están a cargo de su tratamiento.
Ante las críticas y recriminaciones por este hecho, al que incluso calificaron de inhumano, la administración trumpista sostuvo que la deportación fue con pleno consentimiento de los padres de los niños. Tom Homan, zar de la frontera, justificó el hecho al declarar que los padres son los responsables de poner en una situación de esa índole a sus hijos.
“Creí que sólo los delincuentes se irían”, expresó Liyián Pérez, una mujer de origen cubano que votó por en favor de Trump para su segundo mandato, durante una entrevista para Univisión Noticias, en la que habló sobre la deportación de su esposo Alian Méndez, quien, además, enfrenta una prohibición de entrada a Estados Unidos de 10 años.
Pérez llegó a Estados Unidos de manera legal en busca de mejores condiciones de vida y seguridad, por lo que se estableció en ese país en donde formó una familia con su esposo y sus dos hijos, el mayor de ellos con una discapacidad física y mental. La mujer asegura que durante toda su estancia en la Unión Americana ni ella ni su esposo tuvieron algún conflicto con la ley.
En el caso de Méndez, también cubano, autoridades migratorias estadounidenses rechazaron su solicitud de asilo político y en 2020 se emitió una orden de deportación en su contra, misma que no pudo ser ejecutada debido a que el Gobierno de Cuba no quiso recibirlo, por lo que al pasar 90 días, de acuerdo a la ley, sin que pudiera ser repatriado, fue liberado bajo supervisión.
El hombre señaló que durante cinco años vivió en tranquilidad con su familia, periódo en el que, aseguró, tampoco tuvo ningún problema con las autoridades de la Unión Americana y sólo se dedicó a trabajar y a velar por su esposa, la hija que tuvo con ésta y por el hijo mayor de su pareja, quien tiene un hijo que presenta una discapacidad física y mental que no le permite valerse por sí mismo.
Sin embargo, el pasado mes de abril todo cambió para la familia que residía en Miami, Florida, hasta donde autoridades migratorias de Estados Unidos llegaron por Alian Méndez, de 28 años de edad, y de maner abrupta, y sin una notificación previa, lo deportaron a Cuba, además, sin posibilidades de regresar a ese país en 10 años, hecho que también hizo que su esposa Liyián se arrepintiera de su voto.
Uno de los casos más recientes es el de David Huerta, líder del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) en California, quien fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el primer día de los disturbios. Tras cuatro días de manifestaciones, finalmente y tras pagar una fianza de 50 mil dólares, Huerta fue liberado esta tarde.
Huerta es mexicano de tercera generación, pues sus abuelos emigraron a Estados Unidos. Actualmente es residente legal y preside tanto la SEIU en California como el United Service Workers West, sindicato que representa a más de 750 mil trabajadores en el estado. La organización informó que Huerta resultó herido durante una redada de ICE en Los Ángeles, mientras ejercía su derecho constitucional de observar y documentar la actuación policial. Aunque fue trasladado a un hospital, atendido y dado de alta, fue detenido posteriormente
