Si entendemos por crisis de Gobierno que el Poder Ejecutivo pierde capacidad de gobernar de manera estable, eficaz y legítima, vamos, que hay un quiebre de estabilidad y funcionalidad entonces podemos encontrar elementos de crisis en el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El proyecto de la Cuarta Transformación en sí mismo contempla elementos disruptivos en el estatus, pues implica un cambio de régimen y eso afecta los intereses de la vieja élite como lo hemos visto en una serie de decisiones al menos polémicas, cuando no abiertamente contra el interés de la Nación (cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la planta de hidrocarburos de Dos Bocas y el no fortalecimiento de Pemex; el Tren Maya y la devastación de la selva del sureste; la elección popular del Poder Judicial y el fin de la carrera judicial…)
Sin embargo, toda crisis de gobierno enseña siempre tiene un detonante que llega a volverse incontrolable por más esfuerzos e inversión que se hagan para tenerlo bajo control.
Durante el Gobierno de Porfirio Díaz la crisis tuvo como detonante la pérdida de legitimidad política y la emergencia de una presión social armada; durante el Gobierno de Victoriano Huerta fue la falta de legitimidad, especialmente por la ausencia de reconocimiento internacional, en particular, ojo, del Gobierno estadounidense que derivó en rebeliones y en división de las élites.
Durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la crisis fue por la pérdida de legitimidad por la forma sangrienta como terminó el conflicto estudiantil y durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, fue por el “error de diciembre” que, recordemos, derivó en una pérdida de confianza internacional, violencia política y debilitamiento de su partido.
Y la última gran crisis de Gobierno, fue la del conflicto poselectoral de 2006, que provocó una gran polarización social, el cuestionamiento de la legitimidad del Presidente Felipe Calderón y las protestas masivas que apresuraron cambios en materia electoral para calmar a las fuerzas obradoristas.
Por supuesto, no todas estas crisis de gobierno implicaron la caída del Presidente en turno o el cambio de régimen, pero sí un quiebre en la legitimidad, funcionalidad y estabilidad que obligó a impulsar transformaciones en el sistema político.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum que escasamente ha cumplido el primer año tiene problemas de origen por ser un periodo de continuación del Presidente López Obrador y eso significa que ha heredado las intrincadas redes de colaboración entre la política y crimen organizado, como lo demuestra fehacientemente el escándalo del “huachicol fiscal” incluso, de última hora, con el narcotráfico.
Esto mina silenciosamente la legitimidad que le otorgaron los votos a Claudia Sheinbaum por más que los asesores de la Presidenta, y ella misma con pasión, se esfuercen en lo interno con encuestas de alta valoración, la narrativa de que “todo está bajo control” y que AMLO “está en el corazón del pueblo” porque en lo externo, y particularmente las expresiones y compromisos con Trump y Rubio, dicen una cosa distinta.
Y todo ello, genera percepción que, recordemos, ésta es el asiento de toda legitimidad política.
Quizá no estamos todavía en una crisis de Gobierno, como la tuvieron otros presidentes, sino en una crisis de gobernabilidad en algunos estados por la presencia de cárteles que no dan reposo a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y están provocando una pérdida de soberanía interna, incluso no es difícil imaginar que los líderes de esas organizaciones criminales se sientan traicionados y actúen en consecuencia.
Esta semana, por ejemplo, en Culiacán probablemente una de las fracciones del Cártel de Sinaloa atentó en pleno día contra una nieta del Gobernador Rubén Rocha.
Y es que, por la pauta, “colaboración”, sostenida con la administración Trump ya no se pudo continuar con la tolerancia que en 2021 garantizaron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una docena de gubernaturas.
La situación alarmante obligó a un cambio de estrategia frente a las elecciones presidenciales de 2024, dónde la intervención abierta del Presidente López Obrador y la indolencia de la mayoría de los miembros de los organismos electorales contribuyeron a un triunfo amplio de la Presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, el factor criminal levantó la mano y enturbió los triunfos amplios de la coalición “Juntos haremos historia” dejando una estela de operadores, dirigentes y candidatos asesinados y esa dinámica, que muchos pensaron acabaría con la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, no se ha cumplido sino ha empeorado porque la violencia criminal va en ascenso -aunque el oficialismo manipule las cifras como en algún momento lo hicieron los colombianos que dejaron de hablar de los desaparecidos para centrarse en los homicidios dolosos y de esa forma, hablar de una “tendencia a la baja”.
Pero esa narrativa no está anclada a la realidad, todos los días son asesinadas entre 80 y 100 personas y eso genera percepción e incertidumbre, de que la guerra la están ganando los criminales y que el Gobierno a pesar de los cambios en la ley, los mayores presupuestos y el aumento de elementos en el sistema de seguridad nacional no logra contener la violencia (un ejemplo es Sinaloa, donde se libra una guerra entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa desde hace más de un año y esa guerra, ha dejado más de dos mil muertos y otro tanto de desapariciones forzadas)
Lamentablemente en la lógica de la 4T, no cabe la máxima leninista de “dos pasos adelante, un paso atrás”, porque se parte de la idea equívoca de para qué hacer cambios, sí teniendo los tres poderes se puede administrar el relato y la legitimidad.
Y es que esta visión falsa tiene una limitación estamos en una época globalizada y no existen islas autocráticas y eso, lo ha mostrado con absoluta claridad, la relación con la Administración Trump que aprovecha la entereza dogmática de sus interlocutores para imponer su propia agenda y obtener beneficios en la relación bilateral (migración, comercio, seguridad).
O sea, en lugar de que la circunstancia nacional favorezca una reconsideración en el proyecto autocrático y llame a fortalecer las instituciones de la democracia se sigue una “fuga hacia adelante”.
En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca será una autocracia sólida porque su fortaleza dependerá de la presión que ejerzan los vecinos del norte.
Y eso, en alguna forma, es crisis de Gobierno.
