Para la clase política mexicana –no importa el partido en el que se parapete– la corrupción política es tan importante y delicada que no se puede dejar jamás en manos de los ciudadanos. Es algo así como un coso en el que sólo pueden lidiar el pequeño club de quienes ejercen el poder a sueldo y hacer sus ajustes de cuentas, enquistados en los cargos gubernamentales de primer orden.
Hoy de nueva cuenta el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha regresado a prisión; ahora sí está en una de a de veras, que se significa como una caja fuerte del Estado donde se encierra a los delincuentes de más alta peligrosidad. A este momento sabemos que se le dictó auto de reclusión preventiva, lo que hace presumible que su cautiverio se prolongará por un buen tiempo.
Saludé la decisión de la nueva Fiscal Ernestina Godoy de proceder a la detención del tirano de Chihuahua; es una medida que tiene pertinencia desde el ángulo que se le quiera ver. El anterior Fiscal, Alejandro Gertz Manero, había mantenido empolvado la causa que data del 23 de septiembre de 2014, cuando Unión Ciudadana lo denunció penalmente, sin que se haya transparentado el destino de esa primera denuncia que emergió de fuera de la esfera de la clase política.
Luchar contra la corrupción desde el ámbito ciudadano, apostando a que el derecho vigente se aplique debidamente y exigiendo a la vez que las instituciones funcionen y lo hagan con responsabilidad, es extremadamente difícil. Hacer investigaciones y obtener pruebas es una tarea titánica, y lo sería más con la abolición en marcha del acceso público a la información, que no gusta a los poderosos.
Con la denuncia de 2014 se le imputó a César Duarte un enriquecimiento ilícito por el importe de 65 millones de pesos que empleó para crear un fideicomiso familiar –su esposa incluida– para hacerse de acciones controladoras de un banco en proceso de creación que estaba en curso y que, en efecto, se autorizó por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Crear el banco a partir de pequeñas uniones de crédito implicó canalizar a estas un enorme caudal de depósitos de dinero público para acreditar, falsamente, gran flujo de operaciones que justificaran la fundación de una institución de banca múltiple; muy chihuahuense, decía Duarte, como en los tiempos del porfirista Banco Minero, o del poderoso Comermex que en su tiempo creó Eloy S. Vallina. Eran delirios de grandeza del mitómano ballezano.
El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa denuncia el gran detonante. La acción correspondió a un esfuerzo ciudadano y está instalado en el imaginario colectivo de los chihuahuenses. Pero hay algunos detalles que ahora preocupan con Duarte en Almoloya:
En primer lugar, ¿qué ha sido de esa fundada denuncia?, porque las fiscalías –todas– no han querido informar. Incluso me resulta bochornoso que hoy al procesado se le diga “César N” y a su fotografía se le ponga una banda negra en el rostro, como si nadie supiera de quién se trata. Cosas de la reforma penal.
A tal grado ha llegado esto que he promovido un amparo, señalando como autoridades responsables, entre otras, a la fiscalías generales de la federación y de Chihuahua por las omisiones de conocer el estado que guarda el proceso, y la exigencia de que se turne a los jueces competentes. En el caso de la fiscalía local, esta ha informado, procesal y administrativamente, que ignora la existencia de nuestra denuncia, que es hecho público y notorio, incluso a nivel nacional y se cuenta con copia de recibido, también difundida masivamente.
Cuando la causa contra Duarte se inició, se buscó que holgadamente el tiempo no se traslapara con alguna elección constitucional, en parte para que la ciudadanía no partidizara el caso, y en parte para tener una resolución informada, ahora sí con los efectos completos que pudiera tener. Pero eso no ha sucedido.
Los 65 millones del referido fideicomiso debió acreditarlos César Duarte como obtenidos lícitamente, lo que era imposible. Empero, era obvio que se iba a concluir que la procedencia de esa cantidad era ilícita, con todas las posibles fuentes: la obvia, el erario público; y la no tan obvia, pero contabilizable, que fuera producto de tráfico de influencias, fruto de su colusión con el crimen organizado.
Lo que ahora tenemos en circulación a través de los medios es algo que se parece a lo que se denunció originalmente, pero nadie lo sabe a plenitud, sino la clase política que decide mantener bajo reserva infinidad de datos para su oportunista manipulación.
En la sociedad se ve el hecho como un distractor, o como un adelanto de la carretera pavimentada para que Morena gane la futura elección en Chihuahua, privando al PAN de una de las joyas de su corona.
Hay oportunistas, como Javier Corral, que en cuestión de minutos se apresuró a salir en medios prácticamente para decir que era el autor de tal medida tomada por la FGR, que él está en el centro de todo esto, mordiéndose la lengua, porque precisamente él ha evadido la acción de la justicia empleando el más burdo influyentismo.
Quiero decir con esto que a Duarte se le está convirtiendo en una especie de limpiador de la imagen de un neomorenista como Corral y fuente que hace de la política en Chihuahua un juego de odios personales. Y esto, obviamente que está mal, desde el momento en que no sabemos a ciencia cierta de qué se trata, aunque podamos especular con ello.
Por lo pronto, en un juzgado de distrito de la ciudad de Chihuahua mantenemos la pelea en estos días para que los ciudadanos, así en plural y sin subrayar méritos de nadie, sepa que sus fundamentales acciones cobran resultados. Para algunos es tarea de ilusos, pero, como dice el dicho, no hay peor lucha que la que no se hace.
