El actual Auditor Superior de la Federación es un personaje cuestionado por su pobre desempeño que se centra en tejer relaciones políticas, con un nulo conocimiento sobre el trabajo de fiscalización.
Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano encargado de fiscalizar el gasto público federal, dejó de ser un contrapeso técnico para convertirse en “una moneda de cambio” político y electoral. Así lo sostuvo la doctora Muna Dora Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la ASF, quien acusó que bajo la gestión de David Colmenares Páramo la institución “murió ocho años” y operó como mecanismo de coacción.
En el programa PODEROSOS, que conduce junto al periodista Obed Rosas, Muna Dora Buchaín afirmó que el problema no es solo personal sino estructural, aunque responsabilizó directamente al actual Auditor Superior por encabezar una etapa de simulación, discrecionalidad y presuntas redes de extorsión.
“La Auditoría Superior de la Federación es el ente fiscalizador constitucionalmente facultado para hacer las revisiones. Yo te diría que del 95 por ciento del presupuesto federal de este país”, explicó al inicio. Recordó que, antes de 2018, la institución operaba con criterios técnicos, metodologías de evaluación de riesgo y personal especializado. “Se espera o hasta 2018, cuando estábamos todavía los técnicos, los que sabíamos, los expertos, personal con mucho talento y competencias, pues hacían revisiones a todos los rubros (…) con una planeación metodológica dedicada o encaminada a ser no solamente lo más independiente”.
Sin embargo, aseguró que con la llegada de Colmenares se rompió ese modelo, pues la ASF dejó de cumplir su función sustantiva.
“Tenemos entonces una fiscalizadora que murió 8 años, que la tuvieron enterrada y que la han utilizado como moneda de cambio, como impunidad, como negociaciones electorales”, acusó.
Buchaín fue más allá y describió un esquema que, según dijo, convirtió a la ASF en un aparato de presión política. “Se volvió un extorsionador gubernamental. (…) Se volvió una tapadera, opera como instrumento de coacción con quien quiere o no, ese grupo que la domina”.
Obed Rosas intervino para dimensionar el cambio respecto a años anteriores, pues dijo, la caída en los montos detectados amerita explicación pública. “¿Es posible pasar de eso a de plano ser observaciones, montos de 16 millones cuando antes hablábamos de miles de millones de pesos que eran las observaciones?”.
A su juicio, la institución se convirtió en un espacio de acuerdos partidistas. “En este país todos esos espacios son por acuerdos, no son por talentos ni competencias. (…) Nunca tener un consejero, un auditor superior, era porque así lo negociaban”, dijo, al recordar el contexto en el que se designó al actual Auditor.
Obed Rosas subrayó el peso político de la designación: “PRI podría haberlo sacado con otras alianzas, pero decide sacarlo con él. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos hoy en Morena, los priistas, ¿dónde están metidos hoy?”. Para el conductor, el origen del nombramiento explica parte de la dinámica posterior.
La especialista en combate a la corrupción detalló que las observaciones, hallazgos derivados de auditorías que deben solventarse o convertirse en sanciones, pasaron de ser herramientas técnicas a instrumentos de negociación.
“Llegaban y le decían: ‘Tienes todo esto, hay todo esto de pendientes de observaciones, vamos a negociarlo. Te cuesta 60 millones’”, relató. Según su testimonio, las reuniones se realizaban en restaurantes y los pagos se pedían en efectivo. “Te vamos a sacar del programa (…) Te dejo de fiscalizar que te gusta 3 mil millones y a cambio me das qué porcentaje, qué dinero”.
En otros casos, dijo, se fabricaban observaciones para luego retirarlas mediante acuerdos. “En el día tejo las observaciones y en la noche yo te las destejo y me pagas a mí y ya quedas sin solventación”.
Afirmó que este esquema no sólo beneficiaba a funcionarios investigados, sino que se convirtió en una herramienta para influir en procesos electorales.
“Si mi cuate del partido en el poder me pide apoyo (…) necesitamos quitarlos del carril de la legalidad para descartarlos y que no lleguen a ser candidatos. (…) Para mí es lo más sucio que ha ocurrido en materia de fiscalización”.
Los convenios “inconstitucionales”
Uno de los signos de la degradación institucional, según Buchaín, fue la drástica reducción de montos observados y la aparición de entidades con “cero observaciones”.
“Querétaro, Sonora, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Ciudad de México se limpió todo, hacer observaciones. (…) Universidades como Sinaloa, la Autónoma de Puebla (…) se volvió un coto de poder”, señaló.
También criticó los llamados “convenios preventivos” firmados por la ASF con distintas instituciones. “Esos convenios no solamente son inconstitucionales, sino que son un modo de decir: ‘Sí, firma, firma y aquí lo voy a tener y a cambio cero fiscalización’”.
De acuerdo con su versión, esos acuerdos permitieron acceso a información sensible que podía utilizarse para presionar. “Le dieron entrada a la pandilla a conocer los procesos, la información sensible de todos los ciudadanos, para poder saber a quién enderezaban su extorsión. Esto es bien grave”.
La exdirectora de Auditoría Forense también cuestionó la desaparición práctica de las auditorías forenses, un mecanismo especializado, clave para desentrañar esquemas complejos de corrupción como la “Estafa Maestra”.
“Las auditorías forenses bajaron, se eliminaron, se dejaron de hacer mapas. En 2020 ni siquiera se publicó el informe”, afirmó. Aunque se creó un área forense en gasto federalizado, sostuvo que su uso es selectivo y político.
“En el programa de ahorita (…) hay cinco auditorías forenses para todo el año de municipios. Cinco. ¿Ustedes creen que este país en municipios y estados amerita cinco auditorías forenses?”, cuestionó. A su juicio, la selección responde a intereses electorales y no a criterios de riesgo.
Desde su perspectiva, la selección de casos responde más a intereses políticos que a una metodología de evaluación de riesgos. “Si hubiera sido con un marco de evaluación, no fueran cinco forenses, fueran por lo menos 50”, aseguró.
Buchaín denunció además que la llegada de Colmenares a la ASF implicó la salida masiva de personal técnico y la incorporación de perfiles sin experiencia en fiscalización.
“Hoy día el 95 por ciento de quienes auditan son gente que no solamente no estaba en la fiscalización, sino que viene de la gente, de los personajes que con ellos trabajaron alrededor, que forman parte de los mismos vínculos de corrupción”.
Señaló casos de nepotismo y designaciones de exauditores estatales en áreas clave de seguimiento, lo que, dijo, mina la independencia. “¿Cómo voy a traerme y poner en seguimiento (…) a quien era el auditor de un estado que sé que hubo corrupción? (…) Eso es terrible. Eso no se había visto antes”.
Finalmente, en el contexto de la nueva convocatoria para elegir titular de la ASF, Buchaín advirtió que el riesgo es repetir la historia. “No es un cambio de forma, es una cuestión de fondo”, subrayó.
Para ella, la reforma legal no bastará si no se garantiza independencia real y perfiles éticos. “No necesitaríamos poner en la ley que no haya nepotismo porque ya está prohibido. (…) El problema es quién aplica la ley y con qué voluntad política”.
