Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos solicitó a un Tribunal federal de Nueva York que desestime la apelación presentada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, contra la sentencia que lo condenó por narcotráfico y crimen organizado.
En un documento de más de 100 páginas, firmado por el Fiscal especial Adam Amir en representación del Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, el Departamento de Justicia sostuvo que las pruebas presentadas en el juicio son contundentes y demuestran la colaboración del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.
“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto que aceptó millones de dólares en sobornos”, señala el posicionamiento de la Fiscalía.
Fiscalía: pruebas son “irrefutables”
De acuerdo con los fiscales, el veredicto emitido en febrero de 2024 —tras un juicio de cinco semanas en Brooklyn— está sólidamente sustentado en testimonios y evidencia documental.
El gobierno estadounidense afirma que García Luna recibió sobornos millonarios a cambio de facilitar operaciones del narcotráfico, incluyendo distribución de drogas, protección a líderes criminales y acciones contra grupos rivales.
La defensa del exfuncionario presentó su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, argumentando irregularidades en el proceso, entre ellas:
- Presunto perjurio de testigos y fallas en la entrega de pruebas.
- Admisión indebida de evidencia sobre su patrimonio.
- Limitaciones en los contrainterrogatorios.
- Falta de acceso a información clasificada.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó estos señalamientos y aseguró que se entregaron más de un millón de documentos a la defensa, cumpliendo con los estándares de transparencia.
El 18 de octubre de 2024, el Juez Brian Cogan sentenció a García Luna a 38 años de prisión, con fecha estimada de liberación en 2052.
Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, mientras se resuelve el proceso de apelación.
La defensa tiene un plazo para responder a los argumentos del gobierno estadounidense. Posteriormente, el tribunal podría confirmar la condena, ordenar un nuevo juicio o, en un escenario menos probable, revocar la sentencia
