Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Laurence Gray, de 65 años, propietario de la armería Grips By Larry en Hereford, Arizona, y extitular de una licencia federal de armas de fuego, fue acusado formalmente de intento de proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Gneración (CJNG) y al Cártel de Sinaloa tras una acusación sustitutiva presentada por un gran jurado federal.
Por medio de un comunicado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, del Distrito de Arizona, señaló que Gray intentó a sabiendas suministrar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y conspiró para proporcionar armas tanto al CJNG como al Cártel de Sinaloa durante ese mismo año.
"Gray, propietario de Grips by Larry, un comerciante de armas con licencia federal en Arizona, fue previamente acusado de tráfico de armas en 2025, junto con un segundo individuo, Barrett Weinberger, de 73 años, de Tucson, Arizona", se lee en el comunicado.
La Fiscalía estadounidense también señaló que los cargos originales en contra de ambos "incluían tráfico de armas de fuego, complicidad en la compra fraudulenta de armas de fuego y complicidad en declaraciones falsas materiales durante la compra de un arma de fuego".
The owner of Grips By Larry, a former federal firearms licensee, was indicted last week on charges related to providing material support to Cartel de Jalisco Nueva Generacion and Cartel de Sinaloa, Mexican cartels that were designated as foreign terrorist organizations in 2025.…
— US Attorney Arizona (@USAO_AZ) March 25, 2026
¿Qué sanciones podría enfrentar Gray?
La nueva acusación sustitutiva incorpora los cargos por terrorismo, elevando la gravedad del caso. Las penas máximas por conspiración o intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada, indicó la Fiscalía, pueden alcanzar 20 años de prisión, mientras que los delitos de tráfico de armas y complicidad conllevan hasta 15 años y 10 años respectivamente, además de multas de hasta 250 mil dólares.
Este caso, identificado con la clave CR-25-00835-PHX-DJH, se enmarca en la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa del Departamento de Justicia que busca combatir la migración irregular, desmantelar por completo a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades mediante el fortalecimiento de los grupos de trabajo contra el narcotráfico y el crimen organizado (OCDETF) y el Proyecto Vecindario Seguro (PSN).
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El procesamiento lo lleva el fiscal federal adjunto Marcus Shand, del Distrito de Arizona.
"Una acusación formal es una acusación formal de conducta delictiva. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia", apuntó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, del Distrito de Arizona .
