Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Ocho de cada diez estadounidenses considera que los multimillonarios tienen demasiado poder político y que los impuestos que pagan son demasiado bajos, según una encuesta de Economist/YouGov publicada en enero. No es para menos: de acuerdo con el Instituto de Impuestos y Política Económica, 23 de las empresas más grandes y rentables de Estados Unidos no pagaron impuesto federal sobre la renta corporativa entre 2018 y 2022.
A ello se suma que magnates como Elon Musk y Jeff Bezos tampoco pagaron ese gravamen en ciertos periodos, mientras sus fortunas crecieron durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, según reportes de Common Dreams.
Ante este panorama, ha cobrado fuerza un movimiento en Estados Unidos que busca aumentar la carga fiscal a los multimillonarios. Se trata de campañas que impulsan leyes estatales para gravar a los más ricos, con presencia en California, Colorado, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Texas y Virginia, y con resultados concretos en Massachusetts y Washington, donde ya se han aprobado medidas. En el ámbito federal, el senador independiente Bernie Sanders y el representante demócrata Ro Khanna han promovido la llamada Ley para que los Multimillonarios Paguen lo Que Les Corresponde.
“Es un movimiento”, afirmó a The American Prospect el activista Chuck Collins, cofundador de Patriotic Millionaires, organización que impulsa reformas fiscales para que los sectores más acaudalados paguen más. Collins, heredero de la fortuna ligada a la marca Oscar Mayer, sostiene que las comunidades con ingresos fiscales suficientes ofrecen mejores condiciones de vida: “La gente sabe que obtiene lo que paga”.
Las propuestas en discusión van desde elevar las tasas del impuesto sobre la renta para los mayores ingresos hasta establecer impuestos anuales sobre el patrimonio, o combinar ambas opciones. Según Collins, el impulso a estas iniciativas responde, en parte, a la falta de acción a nivel federal, tras recortes fiscales que beneficiaron desproporcionadamente al 1 por ciento más rico.
En Nueva York, por ejemplo, el socialista democrático Zohran Mamdani ha presionado para elevar el impuesto sobre la renta municipal del 3.88 al 5.88 por ciento para quienes ganan más de un millón de dólares anuales. La medida afectaría a unos 34 mil hogares y supondría, en promedio, un pago adicional de 20 mil dólares al año. Por su parte, líderes demócratas estatales han planteado aumentos dirigidos a contribuyentes con ingresos superiores a los 5 millones de dólares.
De acuerdo con The New York Times, estas propuestas cuentan con respaldo social: el 63 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York apoya subir impuestos a quienes ganan al menos un millón de dólares al año, mientras que el 54 por ciento de los habitantes del estado respalda la medida, según una encuesta de la Universidad de Siena.
La falta de reformas federales ha llevado a varios estados a avanzar por su cuenta. Washington aprobó recientemente un impuesto para ingresos superiores al millón de dólares, en línea con una tendencia más amplia impulsada por la creciente desigualdad y la necesidad de financiar servicios públicos.
En California, en tanto, se promueve un impuesto único del 5 por ciento sobre la riqueza de los multimillonarios. Aunque la iniciativa aún debe someterse a votación, busca financiar programas sociales como el sistema de salud, particularmente ante recortes federales, y forma parte de un esfuerzo por trasladar la carga fiscal hacia las grandes fortunas.
Estos casos no son aislados. Massachusetts ya implementó un impuesto adicional del 4 por ciento a ingresos superiores al millón de dólares, que ha recaudado cerca de 6 mil millones de dólares desde 2023. Contrario a las advertencias de sus críticos, el número de millonarios no ha disminuido en ese estado, lo que cuestiona el argumento de una supuesta “fuga de ricos”.
De hecho, diversos análisis señalan que ese temor suele estar sobredimensionado y forma parte del discurso opositor. La evidencia disponible sugiere que los grandes patrimonios tienden a permanecer en su lugar, mientras los estados obtienen recursos adicionales para políticas públicas, consolidando así un viraje en la política fiscal desde lo local.
Common Dreams subraya que existe un amplio consenso social: alrededor del 80 por ciento de la población considera que la desigualdad es un problema, que los ricos tienen demasiado poder político y que pagan pocos impuestos. Sin embargo, el sistema fiscal sigue favoreciendo a los sectores más acomodados.
Históricamente, los impuestos regresivos —como los aplicados al consumo— han afectado más a las clases medias y bajas, mientras que los sectores más ricos han resistido mayores cargas progresivas. Esto ha contribuido a una creciente concentración de la riqueza y a una percepción generalizada de injusticia fiscal.
Además, el medio destaca que la influencia política de los multimillonarios ha aumentado de forma significativa, especialmente a través del financiamiento electoral. Este fenómeno refuerza un círculo en el que el poder económico se traduce en poder político y, a su vez, en políticas fiscales favorables a los más ricos.
El debate, concluye el análisis, no es sólo económico, sino también democrático: gravar a los sectores más acaudalados podría ayudar a reducir la concentración de poder, fortalecer la equidad y permitir que el Estado responda mejor a las necesidades de la mayoría.
