Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– Ben Gvir, el Ministro de Seguridad israelí, fue grabado el día de ayer descorchando champán y celebrando a las afueras del Knesset —el Parlamento de Israel— la aprobación de la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, que contempla el ahorcamiento en secreto sólo para los detenidos palestinos, calificándola de histórica y afirmando: "Pronto los contaremos uno por uno".
Gvir es uno de los dos brazos ultraderechistas del Gobierno de Benjamin Netanyahu y el impulsor de esta Ley para Terrorista, que paradójicamente ha sido condenado a lo largo de su carrera por al menos ocho cargos, entre ellos apoyo a una organización terrorista. La aprobación del proyecto de ley fue de hecho la culminación de años de campaña de la ultraderecha israelí para endurecer las penas contra los palestinos condenados por atacar a israelíes. Gvir portó ayer en la solapa, durante la discusión, un pin con forma de pequeña soga metálica.
VIDEO | Israeli National Security Minister Ben Gvir, outside the Knesset chamber, celebrates the passing of the death penalty law for Palestinian detainees, describing it as historic and saying, “Soon we will count them one by one.” pic.twitter.com/yc4Aan0dLf
— The Cradle (@TheCradleMedia) March 30, 2026
La medida ha causado repudió en Europa y en los territorios ocupados palestinos, que este lunes vieron salir a cientos de manifestantes a las calles indignados después por la aprobación de la Ley. Otras naciones como Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina, así como de Asia y África tampoco se han pronunciado sobre la medida.
La agencia Associated Press dio a conocer cómo palestinos de todas las edades realizaron plantones y marchas en Cisjordania donde la nueva ley tiene mayor alcance.
Una de las pancartas que alzaron manifestantes en Nablus, en el centro de Cisjordania, advertía: “El tiempo se agota y el silencio mata”. La imagen mostraba a un prisionero con keffiyeh frente a una soga. El mensaje era directo: “Frenen la ley que permite ejecutar a los presos antes de que sea demasiado tarde”. En Gaza, ahonda AP, decenas de personas se congregaron frente a la sede de la Cruz Roja en una protesta, donde varias mujeres con hiyab portaban grandes retratos enmarcados de prisioneros palestinos reconocidos, como Marwan Barghouti.
El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenó la legislación como una violación del derecho internacional y un intento fallido de intimidar a los palestinos. “Tales leyes y medidas no doblegarán la voluntad del pueblo palestino ni debilitarán su firmeza”, declaró su oficina en un comunicado. “Tampoco les disuadirán de continuar su legítima lucha por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital”.
El mes pasado expertos de la ONU expresaron su preocupación de que el sistema de doble vía previsto en la Ley aplicara la pena de muerte de manera discriminatoria. “Solo los palestinos de Cisjordania, no los colonos israelíes, están sujetos a una mayor responsabilidad penal, a la ley militar y a tribunales militares, y a un menor debido proceso. Además, la pena de muerte en Israel y en Jerusalén Este ocupada se aplica únicamente a los asesinatos de ciudadanos o residentes israelíes y bajo la legislación penal israelí ordinaria”.
La semana pasada la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, que alertó cómo desde octubre de 2023, la tortura contra palestinos se ha convertido de facto en política de Estado de Israel, sustentada por una cultura que se reproduce socialmente, se defiende políticamente y se normaliza públicamente. Por ello, pidió investigar a los responsables, incluidos altos funcionarios como Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Israel Katz, y que, cuando proceda, se emitan órdenes de arresto”
La organización Amnistía Internacional expuso que, "al autorizar a los tribunales militares, que tienen una tasa de condena superior al 99 por ciento para los acusados palestinos y que son conocidos por ignorar las garantías procesales y de un juicio justo, a imponer penas de muerte prácticamente obligatorias y ordenar la ejecución en tan solo 90 días tras la sentencia definitiva, Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a palestinos, eliminando al mismo tiempo las garantías más básicas de un juicio justo".
"La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen inmediatamente esta ley, abolan por completo la pena de muerte y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos", sostuvo la organización.
Amichai Cohen, investigador principal del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto Israelí para la Democracia, declaró a la Associated Press que el parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania, que no es territorio soberano israelí, a pesar de los esfuerzos de la coalición de extrema derecha de Netanyahu por anexar el territorio a Israel.
En ese sentido, países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron su preocupación, mientras el Presidente español Pedro Sánchez calificó la medida como “asimétrica” y “un paso más hacia el apartheid”. Berlín, por su parte, criticó que la norma se aplique solo a palestinos y recordó que la pena de muerte es contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho.
La Unión Europea calificó como “muy preocupante” y un “paso atrás” la reforma israelí que introduce la pena de muerte por terrorismo, aplicada en la práctica solo a palestinos. Bruselas pidió al Gobierno de Benjamin Netanyahu mantener la moratoria de facto sobre ejecuciones y respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos y principios democráticos.
El portavoz europeo Anouar el Anouni subrayó que la ley tiene un carácter discriminatorio y refleja una “tendencia negativa” en el cumplimiento de los compromisos internacionales de Israel. Aunque reconoció que hay voces críticas dentro del propio país y recursos ante el Tribunal Supremo, insistió en que la medida supone un retroceso respecto a la postura histórica israelí.
La UE evitó precisar posibles sanciones, pese a que algunas medidas siguen sobre la mesa sin consenso entre los Estados miembros. Reiteró su oposición absoluta a la pena de muerte, al considerarla una violación del derecho a la vida, y defendió mantener el diálogo diplomático con Israel como vía para abordar la situación.
Minutos después de la aprobación de la ley, la Asociación de Derechos Civiles en Israel anunció que había presentado una petición ante el Tribunal Supremo de Israel para impugnarla, calificándola de "discriminatoria por diseño" y "promulgada sin autoridad legal" contra los palestinos de Cisjordania. De hecho, las principales organizaciones de derechos humanos de Israel condenaron la ley como “un acto de discriminación institucionalizada y violencia racista contra los palestinos”.
La ley entrará en vigor dentro de 30 días, aunque su aplicación podría aplazarse por los recursos pendientes ante el Tribunal Supremo de Israel. La norma no tendrá efectos retroactivos ni alcanzará a los presos actuales; sin embargo, representa un endurecimiento significativo de la política penal israelí, lo que ha generado preocupación entre los manifestantes por la situación de los presos palestinos en cárceles israelíes, considerados símbolos de la resistencia nacional.
El grupo de derechos humanos B'Tselem expuso ayer que la tasa de condenas para los palestinos juzgados en tribunales militares ronda el 96 por ciento, según dio a conocer Al Jazeera. Addameer, un grupo palestino que defiende los derechos de los presos, expuso que más de un tercio de los 9 mil 500 palestinos detenidos por Israel hasta el 11 de marzo se encontraban bajo detención administrativa sin haber sido juzgados.
Al Jazeera apuntó que “aunque técnicamente Israel contempla la pena de muerte como posible castigo para actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de ‘terrorismo’, el país no ha ejecutado a nadie desde que el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann fuera ejecutado en 1962.
