Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- Un Juez de control en Los Mochis, Sinaloa, vinculó a proceso a 13 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura de dolo eventual, por la muerte de las niñas Leidy y Alexa, así como por las lesiones causadas a dos adolescentes y dos adultos.
La resolución fue dictada el pasado 6 de abril por el Juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, luego de que se ejecutaran órdenes de aprehensión contra los militares el 31 de marzo, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a las familias de las víctimas.
De acuerdo con el Centro Prodh, los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de Cieneguilla, en Sinaloa. La familia de las menores se trasladaba en camioneta rumbo a la escuela cuando, al encontrar bloqueado el camino, decidieron regresar. En ese momento, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano abrió fuego contra el vehículo sin previo aviso.
🚨#Comunicado | Vinculan a proceso a 13 elementos del #Ejército por el homicidio de dos niñas, Leidy y Alexa, en #Sinaloa
Este caso pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos del #PoderMilitar sin controles efectivos, pues no estamos ante un caso aislado.
Esta primera… pic.twitter.com/YPCZWyMy12
— Centro Prodh (@CentroProdh) April 8, 2026
Las niñas, de 7 y 11 años, murieron a consecuencia del ataque. También resultaron heridos sus padres y otros acompañantes, entre ellos un menor de edad.
Inicialmente, las autoridades señalaron que se trató de un enfrentamiento; sin embargo, esta versión no fue confirmada ni corregida posteriormente. Los familiares sostienen que no hubo fuego cruzado, sino una agresión directa derivada de una presunta confusión por parte de los militares.
Durante la audiencia, agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron pruebas que acreditan el uso letal de la fuerza de manera injustificada, en contravención a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
El Juez determinó que los militares, debido a su adiestramiento, podían prever el resultado letal de disparar contra el vehículo, lo que configura el dolo eventual. Además, descartó el argumento de la defensa, que alegaba que los soldados actuaron bajo un contexto de alerta y nerviosismo por la violencia en la región.
El Centro Prodh calificó el caso como una muestra de “los efectos más lesivos y dolorosos del despliegue militar sin controles efectivos” en contextos de alta violencia, y advirtió que el proceso abre la oportunidad para que la FGR y el Poder Judicial demuestren independencia en casos que involucran a las Fuerzas Armadas.
La organización también destacó que durante la audiencia, los padres de las niñas expresaron el impacto irreparable que tuvo el ataque en sus vidas y reiteraron su exigencia de justicia.
Tras los hechos, familiares, compañeros y docentes de las menores realizaron protestas en Sinaloa, incluyendo un plantón frente a la escuela primaria donde estudiaban, para exigir justicia y el esclarecimiento del caso. Bajo consignas como “¡Con los niños no!” y “¡Queremos justicia!”, demandaron el fin de la violencia que afecta a la población civil.
