Acuerdos de culpabilidad y adhesión a programas de testigos protegidos son el otro campo de batalla de grupos rivales del crimen organizado, donde la justicia estadounidense negocia y otorga beneficios procesales.
La figura del testigo protegido, concebida para resguardar la integridad de quienes colaboran con la justicia en condiciones de riesgo, no debe confundirse con el acuerdo de culpabilidad, que constituye un pacto procesal mediante el cual el acusado se declara culpable a cambio de una reducción de cargos o de condena.
Estas prácticas, extendidas sobre todo en casos de narcotráfico, implican una paradoja jurídica y ética: ¿qué veracidad puede tener la palabra quien negocia bajo la amenaza de una condena perpetua o de muerte? ¿O acaso prevalece el criterio, por parte del criminal y de sus abogados, por declarar lo que consideran más conveniente para la fiscalía?
El caso de Ovidio Guzmán López ilustra, ahora, los riesgos de este modelo. El mismo día que se iba a declarar culpable, su abogado acusó, sin sustento alguno, a la Presidenta Claudia Sheinbaum de hacer “relaciones públicas” para un grupo criminal. La respuesta es contundente: México presentará una demanda por difamación.
La admisión de culpabilidad de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la presunción de que colaborará con las autoridades estadounidenses despierta inquietudes.
Anteriormente ya había ocurrido. Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, fue sentenciado a 15 años de prisión tras colaborar con la Fiscalía en el juicio contra “El Chapo” y recibió crédito retroactivo. Salió anticipadamente y fue incorporado al Programa de Protección de Testigos junto con su familia.
En 2014, Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, testificó también contra Guzmán Loera y Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, firmó un acuerdo y su nombre fue eliminado de listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Actualmente, su paradero no figura en registros penitenciarios.
Hace casi cinco años, el General Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, fue detenido en Los Ángeles y acusado de proteger a un grupo criminal de alto impacto, señalamiento basado en testimonio y conversaciones telefónicas de un testigo protegido. El caso carecía de evidencia directa, física o financiera, y el militar fue liberado.
Resulta comprensible el uso de todos los medios disponibles para enfrentar a redes criminales transnacionales. Sin embargo, la interlocución con narcos en procesos judiciales implica riesgos de fragilidad probatoria.
