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A Juventina la mataron, con su hijo, por defender los bosques; 5 años, y Guerrero no hace justicia

01/12/2017 - 3:10 pm

La persecución contra Juventina Villa inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, en la sierra de Coyuca de Catalán, y fueron asesinadas 27 personas y tres desaparecidas. Los sobrevivientes están fuera de su comunidad en condiciones de alta marginación, informan ONG.

Por Zacarías Cervantes 

Guerrero/Ciudad de México, 1 de diciembre (ElSur/SinEmbargo).- A cinco años de la ejecución de Juventina Villa Mojica, defensora del bosque y lideresa de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).

También informaron que el Gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.

Villa Mojica fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.

Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo armado que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.

La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.

Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.

FOTO: FISCALÍA DE GUERRERO

Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.

Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.

El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.

El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.

Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.

Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.

A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.

También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

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