Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– La Comisión Especial en la Cámara de Diputados sobre la Línea 12 del Metro en el Distrito Federal insistió, en un segundo informe discutido y aprobado este lunes, que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) indaguen los posibles ilícitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas en relación con esta línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano –partido al que el pasado viernes se integró el ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, bajo cuya administración se construyó la Línea 12– reiteró la postura que ha sostenido desde la presentación del primer informe de trabajo de la comisión: que la comisión actúa “por consigna”.

A decir del legislador, el informe mantiene un “tono inquisitorial, de Ministerio Público”, y acusó que se trata de “una comisión de consigna, es una comisión política que busca simplemente manchar reputaciones, que busca generar campañas de desprestigio”.

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que el informe manifestaba “una búsqueda de represión política” y lo calificó de “extralimitado”. Ambos legisladores llamaron a hacer un nuevo informe, mas éste fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la comisión.

A CASI UN AÑO

El próximo 12 de marzo se cumplirá un año de que el servicio de la Línea 12 fue suspendido parcialmente en 11 de sus estaciones, tras detectarse fallas en su funcionamiento.

El pasado 1 de febrero, en un primer informe de trabajo, la comisión especial de Diptados recomendó a la PGJDF estudiar la posible comisión de delitos relacionados con la Línea 12 y hacer el desglose correspondiente a la PGR para que ésta, a su vez, iniciara una averiguación.

Dicho planteamiento fue reiterado en el informe presentado este lunes, aunque a diferencia de lo que proponía el primer documento, en este se eliminaron los nombres del ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón –en cuya gestión se construyó la Línea 12– y de su Secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, actualmente Senador. La nueva redacción hace referencia a “posibles delitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas, relacionados con la Línea 12 del Metro”.

Las solicitudes a las procuradurías federal y estatal para que indaguen la posible comisión de delitos de servidores públicos y de las empresas relacionadas con la construcción de la Línea 12 forman parte de las cinco recomendaciones hechas en este segundo informe de trabajo. Las otras plantean sugerencias al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Servicio de Administración Tributaria.

Además, este nuevo documento incorporó las comparecencias de Ebrard y Delgado ante la comisión del pasado 6 de febrero, así como la carpeta entregada por el ex mandatario local en esa ocasión. También incluyó las respuestas de Francisco Bojórquez Hernández, ex director del STC Metro, y Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director del Proyecto Metro, en las que declinaron comparecer ante la comisión, tras la invitación hecha la semana pasada.

Actualmente, además de esta comisión especial, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) existe otra comisión que investiga el caso de la Línea 12 y la Contraloría General del Distrito Federal lleva su propia indagatoria, que ya ha derivado en varias sanciones administrativas y algunas penales contra empleados y funcionarios involucrados con la construcción de la Línea 12.

A decir del presidente de la comisión especial, el Diputado priista Marco Antonio Calzada Arroyo, en la indagatoria que han hecho hay elementos que podrían suponer negligencia de los servidores públicos involucrados. De ahí, dijo a SinEmbargo, que insistan en que el caso lo revisen instancias judiciales. Cuestionado sobre los hechos que la comisión detectó como posibles hechos delictivos, y que les impulsó a hacer las recomendaciones a las procuradurías, Calzada Arroyo se refirió a “la falta de coordinación” entre el STC Metro y el Proyecto Metro.

POSTURAS ENCONTRADAS

La formulación de recomendaciones en el informe generó una discusión en la reunión de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro (su nombre completo).

Por un lado, hubo quienes defendieron que sólo se trataba de sugerencias sin carácter vinculatorio, como los Diputados Antonio Cuélllar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Fernando Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN).

Por otra parte, el legislador perredista Roberto López Suárez señaló que las comisiones especiales no tienen entre sus atribuciones la generación de recomendaciones, sino que sólo están facultadas para presentar informes.

El Diputado hizo referencia al artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual define a las comisiones especiales como “órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan”.

El Diputado Mejía Berdeja consideró que por el modo en que estaban redactadas algunas de las recomendaciones, más bien parecía que “dan órdenes” al Jefe de Gobierno, pues se usaron expresiones como “girar instrucciones”, “instruir” y “atender y dar respuesta”.

En sus recomendaciones a Mancera, la comisión le planteó que implementara mecanismos para establecer una coordinación suficiente para reactivar el servicio de la Línea 12 que se encuentra suspendido; “girar instrucciones” al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Abraham Amador, para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos relacionados con la Línea 12; y analizar jurídica, administrativa y económicamente el tema del arrendamiento y mantenimiento de los trenes, arrendados a la empresa Constructora y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

También le propone “instruir” al Secretario de Obras y Servicios capitalino, Alfredo Hernández, a elaborar un estudio para determinar cuál es el mejor material rodante para la Línea 12, si neumático o férreo; “girar instrucciones” al titular del STC metro, Joel Ortega, para que dé a conocer el contrato de prestación de servicios a largo plazo que amparó el arrendamiento de los trenes; “girar instrucciones” para que la Contraloría General del Distrito Federal considere las comparecencias de Ebrard y Delgado; y atienda y dé respuesta a los vecinos afectados por la construcción de la Línea 12.

Asimismo planteó solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) información sobre la importación e impuestos de los trenes, durmientes, rieles, escaleras, red de comunicación y refacciones relacionados con dicha obra, mientras que a la ASF le solicita continuar fiscalizando las acciones relacionadas con la Línea 12, y elabore un informe detallado con todas las observaciones, recomendaciones y acciones hechas al gobierno capitalino relacionadas con la Línea 12, detallando el seguimiento que dio y el estado actual de éstas. También le pide acompañar su detallado informe de una tarjeta informativa de cada observación, particularmente de aquellas que no estén concluidas, hayan sido solventadas, sobreseídas o que hayan dado paso a otras acciones.

El nuevo informe incluye también las problemáticas planteadas por ejidatarios del Ejido Culhuacán y San Francisco Tlaltenco, así como por residentes de la Delegación Tláhuac. Los primeros han denunciado la falta de pagos indemnizatorios por la expropiación de sus tierras, que forman parte del trazo de la Línea 12.

Los residentes de Tláhuac acusaron que no han sido indemnizados por los daños que la construcción de la obra causó en sus casas, producto de las perforaciones, excavaciones, apuntalamiento de pilotes, edificación de columnas, montaje de estructuras y el tránsito de camiones pesados.