Megaproyectos sin Manifiesto de Impacto Ambiental, recorte de 56 por ciento a instituciones ambientales en el último lustro, golpe a las energías renovables e impulso a las fósiles, desactualización de programas contra la crisis climática… Exfuncionarios y colectivos evidencian “el desastre” del Gobierno federal este Día Mundial del Medio Ambiente.

Ciudad de México, 5 junio (SinEmbargo).– Exfuncionarios de instituciones ambientales enviaron una carta pública al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Día Mundial del Medio Ambiente porque, sentenciaron, ya es hora de que la sociedad se entere del “gran desastre” que existe y el retroceso de 40 años por las decisiones que este Gobierno está tomando de cara a la crisis climática y pérdida de nuestra biodiversidad, contrarias al marco legal y a nuestros compromisos internacionales.

En enero de 2015 se tenía una asignación de 67 mil 976 millones de pesos mexicanos para todo el Ramo 16, encargado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que en enero de 2020 se tuvo un presupuesto de 29 mil 869 millones de pesos, es decir, 56 por ciento menos de presupuesto en cinco años.

“Vemos con dolor y preocupación su desmantelamiento”, aseguran ex Secretarios de Medio Ambiente (SEMARNAT), presidentes del Instituto Nacional de Ecología (INECC), procuradores Federales de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisionados de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), directores de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), por lo que le exigieron dejar de “desdibujarlas” con recortes presupuestales.

“En estos momentos de crisis sanitaria, con mayor razón, medio ambiente, sostenibilidad y combate al Cambio Climático deben ser complementarios y ser uno de los grandes ejes rectores para impulsar la recuperación económica, a través de un Plan Verde, enmarcado en la Agenda 2030 de nuestra gran nación”.

Panorama del Nevado de Toluca. Foto: Conanp.

Estas instituciones se basaron desde la década de los 90 en el concepto de desarrollo sustentable, que implica lograr el bienestar económico y social, sin olvidarse de proteger la naturaleza y los ecosistemas, respetando los derechos de las futuras generaciones. Somos el cuarto país de mayor biodiversidad del planeta (todavía). Sin embargo, los principales proyectos del actual Gobierno, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, han iniciado sin las debidas autorizaciones de impacto ambiental, con estudios improvisados y las consultas a los pueblos originarios se han distorsionado, lo que “es una invitación a la impunidad”.

“Aunque se requería apretar en el cumplimiento de las leyes y modernizar diferentes cuestiones para afrontar nuevos retos, el país venía por buen camino y con presupuesto y voluntad política podría haber avanzado en forma adecuada”, plantearon exfuncionarios. “Con las políticas que se están impulsando, hemos retrocedido al menos 40 años. Nuevamente se da prioridad a la producción de energía mediante combustibles fósiles y gasolinas frenando la inversión en energías limpias y renovables”.

Pese a que México tiene un gran potencial forestal, la CONAFOR perdió más del 65 por ciento de su presupuesto, lo que ha limitado drásticamente su capacidad de atención de incendios forestales y la reforestación. “Sembrando Vida”, afirmaron, no es un programa de reforestación por lo que esta acción necesaria está quedando sin atenderse.

La atención a incendios forestales se ha complicado por los recortes a Conafor. Foto: Conanp.

Además, ven con preocupación el desmoronamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por recortes presupuestales, lo que ha limitado en forma ya “escandalosa” la efectividad para proteger la gran riqueza natural de nuestra nación y el control de las emisiones contaminantes.

“Hoy a la PROFEPA se le percibe ausente para atender y manifestarse, como le corresponde, ante irregularidades y para frenar la tala de selvas y bosques. Este desmantelamiento ha llegado a tal grado que la institución parecería negligente en la protección del patrimonio natural de México”, acusaron.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), institución indispensable para la protección de nuestros recursos hídricos, ha sufrido también una disminución de su presupuesto en más de dos terceras partes y ha perdido una parte importante en su personal especializado. Dejan prácticamente sin dinero a los municipios y a los organismos operadores de agua que, de acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, dependen de los municipios y están encargados de los servicios de agua potable y saneamiento. A pesar de lo complicado de la situación de la gran mayoría de los operadores de agua del país, la CFE les aumentó las tarifas haciendo más precaria su situación financiera.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que cumple hoy 20 años de existencia, es fundamental para conservar nuestros muy variados y valiosos ecosistemas y para proteger nuestra biodiversidad, sin embargo, está en una “gran crisis de supervivencia”. Ha ido perdiendo presupuesto indispensable para su operación y, en estos últimos días, nuevos recortes prácticamente la han paralizado: 75 por ciento menos a su gasto operativo y el cierre de 20 millones de pesos para el programa SINERGIA que la CONANP operaba con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para desarrollar proyectos de conservación en comunidades rurales indígenas que viven en Áreas Naturales Protegidas.

La CONABIO es otra institución que no solo está abandonada sino “castigada”, dicen los exfuncionarios. Genera conocimiento de la biodiversidad, básico para la toma de decisiones sobre las políticas ambientales nacionales, es un referente internacional y ejemplo de la aplicación de la investigación en el uso de nuestra diversidad biológica. Pero se le ha cortado el presupuesto poniendo su propia existencia en alto riesgo, por lo que la comunidad nacional e internacional está sumamente preocupada por su posible desaparición.

GOLPE A ENERGÍAS LIMPIAS

La producción de gasolina en las refinerías existentes y en la que se construye en Dos Bocas, Tabasco, con el petróleo pesado mexicano –con un gran contenido de azufre– implica acumular como residuo enormes cantidades de combustóleo, el cual será quemado en las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicaron.

“Ya lo estamos sufriendo incluso ahora con la termoeléctrica de Tula (Hidalgo) operando con combustóleo y su impacto en la calidad del aire en la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, México, Morelos y Querétaro. Esto provocará daños directos en la salud pública, en la calidad de vida y, a fin de cuentas, en el bienestar de muchos millones de mexicanos”, ejemplificaron.

Las medidas que la Secretaría de Energía ha tomado con las últimas decisiones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para favorecer a la CFE en la producción de la energía eléctrica y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para aumentar los cobros de transmisión a las empresas de energías limpias, impedirán el cumplimiento de nuestra legislación y del compromiso internacional de llegar a tener el 35 por ciento de energías limpias para el 2030.

Arecifes en Cozumel. Foto: Conanp.

Además, los amparos promovidos contra estas decisiones por las empresas energéticas que ya estaban establecidas, enfrascarán al gobierno en demandas millonarias, con costos muy elevados para las finanzas públicas.

Las medidas desincentivarán a la necesaria inversión privada en energías limpias en el futuro próximo, y el Gobierno ha disminuido su inversión en ellas al no tener los recursos ni las tecnologías necesarias.

Sería muy lamentable que, como resultado de todas estas “políticas inadecuadas” y del consecuente aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, México tuviera que renegociar las metas de reducción de dichos gases dentro del Convenio de Cambio Climático y poner límites a otras actividades económicas prioritarias, finalizan.

Los exfuncionarios de instituciones ambientales, por orden alfabético, son Antonio Azuela de la Cueva, Francisco Barnés Regueiro, José Ignacio Campillo García, Julia Carabias Lillo, Alberto Cárdenas Jiménez, José Cibrián Tovar, Javier de la Maza Elvira, Alejandro del Mazo Maza, Juan Rafael Elvira Quesada, Ernesto Enkerlin Hoeflich, Adrián Fernández Bremauntz, Luis Fueyo Mac Donald, Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, Guillermo Haro Belchez, Víctor Lichtinger Waisman, Miguel Limón Rojas, Ignacio Loyola Vera, José Luis Luege Tamargo, Santiago Oñate Laborde, Enrique Provencio Durazo, Manuel Agustín Reed Segovia, Sergio Reyes Lujan, Jorge Soberón Mainero.

INCUMPLIMIENTO DE LEY Y PROGRAMAS

El Colectivo Ecologista Jalisco y el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe evidenciaron que la actual Administración ha incumplido con la Ley General del Cambio Climático, ya que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático no realizó en 2019 las dos sesiones ordinarias que debe, o se ha presentado el Programa Especial de Cambio Climático que debe elaborarse al inicio de cada sexenio, no se ha dado a conocer de manera transparente la asignación de recursos del Fondo de Cambio Climático y no se ha actualizado la Estrategia Nacional de Cambio Climático que debió hacerse en 2019 en temas de adaptación.

Ante ello, exigen mostrar un real compromiso con el bienestar de las generaciones presentes y futuras a través del fortalecimiento de la política ambiental y climática, con una propuesta económica, fiscal, presupuestal e intersectorial que fortalezca las instituciones y organizaciones.

También piden proteger la biodiversidad, la revisión de la Política Energética Nacional a favor de la transición energética justa y sustentable, medidas administrativas y legislativas que prohíban legalmente el fracking, la publicación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental de la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, así como los planes que el gobierno implementará para reducir y atender los impactos de dichos proyectos.