Los comandantes de las policías municipales y estatales secuestran, desaparecen, torturan, amenazan, matan, decapitan, descuartizan y sepultan a sus víctimas en fosas clandestinas. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro.

En varios países se organizan marchas en protesta por el brutal asesinato, en Estados Unidos, de George Floyd a manos de un policía, brutalidad sin límites que causa indignación. Ayer en Viena, Austria, marcharon 50 mil personas por este crimen y condenaron el racismo, presunta causa. No intervino ni un solo policía. 

En México, sin embargo, las cosas no son diferentes. Aunque sin el tinte del racismo, las policías están convertidas en escuadrones del crimen organizado. Ningún Gobierno, desde el sexenio de Ernesto Zedillo a la fecha, se ha preocupado por sanear a estos cárteles de la seguridad que lo mismo reciben salarios del Estado mexicano que del crimen organizado.

Desde hace muchos años arrastramos el grave problema no sólo de la falta de profesionalismo de las policías, sino de la contaminación criminal que enfrentan y que las mantiene sumidas en el más profundo atraso. En varios municipios del país, sobre todo donde gobierna el PAN, es ampliamente conocido que los jefes de las policías municipales son, al mismo tiempo, operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los alcaldes arribaron al poder y, como siempre ocurre, ofrecieron a sus comandantes como jefes de plaza. Así, el narcotráfico ha sentado sus reales con mayor poder en las municipalidades mexicanas, donde priva el desorden, la corrupción, la impunidad y la complicidad abierta de autoridades con el  crimen.

De esta forma, las policías municipales –las peores del mundo, por desgracia– están a las órdenes de los varones de la droga porque, a su vez, sus jefes, los alcaldes, son empleados del narcotráfico o bien narcotraficantes que utilizaron una sigla partidista para llegar al poder político.

Es por ello que en el 85 por ciento de los municipios de México la seguridad pública es una utopía. Pasó de ser una realidad, hace muchos años, a ser una aspiración que no tiene posibilidades de alcanzarse mientras el crimen organizado siga ganando terreno en el territorio nacional.

No existe un solo pedazo de territorio que esté libre de la tensión que genera la violencia. Y en gran medida, dicha violencia se genera por la impunidad que prevalece.

Los comandantes de las policías municipales y estatales secuestran, desaparecen, torturan, amenazan, matan, decapitan, descuartizan y sepultan a sus víctimas en fosas clandestinas. Así sirven al crimen organizado la mayoría de las corporaciones policiacas que paga el Estado para que nos den seguridad, pero nadie cumple y nadie exige que haya un cambio de paradigma para mejorar.

El Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, está más preocupado por construir el camino que lo lleve a la gubernatura de Sonora, su estado natal, que por cumplir con el proyecto de sanear a las corporaciones policiacas contaminadas.

En el pasado reciente, pero también en este presente perturbador, las policías han sido utilizadas como escuadrones del crimen. Históricamente, como sabemos, ninguna corporación policiaca ha servido a los intereses de la sociedad. Todas, sin excepción, han estado al servicio de poder y de los poderes fácticos, entre otros, el narcotráfico.

Y desde hace muchos sexenios, por desgracia, dichas policías se han mantenido sin presupuesto, sin profesionalización, sin capacitación de ningún tipo. Los presupuestos destinados para ello, sin medida, terminaron invertidos en otros proyectos o en la bolsa de los gobernadores, a quienes no les importó que la sociedad padezca, como ocurre ahora, los embates del crimen organizado.

Desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se invirtieron unos 300 mil millones de pesos, no ha habido un proyecto que permita construir un sistema de seguridad sólido y eficaz. Todos han sido ensayos, nuevas policías y nuevos fracasos.

Con Vicente Fox, por ejemplo, se creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la dirigió Genaro García Luna, actualmente preso por servir al narcotráfico.

Seis años después se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que encabezó en el sexenio de Felipe Calderón precisamente García Luna, el mismo que ahora enfrentará un juicio por servir, desde el poder, al cártel de Sinaloa.

Ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Guardia Nacional, integrada por policías y militares, según expuso, para resolver el problema de la inseguridad pública. Todo le fue aprobado. Pero resultó insuficiente porque ahora tuvo que llamar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Nacional contra el problema de la violencia del crimen organizado.

Y así, a lo largo de los años, hemos ido de ensayo en ensayo, de error tras error sin que haya solución al problema de fondo.

Lo que sí ha sido sistemática es la violencia y la violación de los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas y militares. Se han presentado casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales –como la de Tamaulipas, cometida el año pasado por agentes estatales, de cuyo caso nada se sabe, por desgracia– y los casos duermen en los archivos de las procuradurías de los estados, en los juzgados, si es que se consignó el caso, o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le han prometido a las víctimas hacer justicia.

Llama la atención, por ello, el caso de George Floyd y que México se sume a la protesta internacional. Está bien, no se cuestiona esa posición ni la protesta contra este crimen, el cual debe castigarse con todo el peso de la ley.

Lo que sí preocupa es que esa indignación frente a una muerte del exterior no se muestre en México frente a los miles de crímenes y violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los últimos 12 años por decir lo menos.

Las policías incurren en excesos de fuerza a diario; los periodistas que cuestionan al poder son asesinados y muchos casos de esos comunicadores valientes continúan en la impunidad. Es el caso de los reporteros veracruzanos que, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, fueron asesinados por el crimen organizado o por los policías coludidos con el crimen y hasta la fecha no hay detenidos, salvo en el caso de Regina Martínez –la corresponsal de Proceso–y Gregorio Jiménez, el reportero del sur de Veracruz que fue decapitado por criminales.

Lamentablemente en México la sociedad no muestra indignación por ello. Simplemente está dormida la conciencia social, sumida en el letargo más profundo. ¿Qué hace falta para que despierte? México es uno de los países más inseguros del mundo y no pasa nada. Todos los días hay crímenes y no pasa nada.

Se puede caer el país a pedazos y, por desgracia, no pasa nada.

Que desgracia la de México y su sociedad.