Santiago de Chile, 6 jul (dpa) – Un juez chileno ordenó hoy el arresto domiciliario para Jovino Novoa, quien fue un alto funcionario de la dictadura militar del general Augusto Pinochet y ex líder del principal partido de derecha del país, después de acusarlo de presuntos delitos tributarios para financiar campañas políticas.
Todos los delitos que se le imputan “son de carácter consumado y reiterado” y de haber actuado en forma concertada, dijo el magistrado Juan Carlos Valdivia al comunicar su decisión, que además prohibió a Novoa abandonar el país mientras se desarrolla la investigación.
Antes, el juez había decretado la medida de firma quincenal ante los tribunales y el impedimento para salir de Chile al ex diputado derechista Alberto Cardemil, también ex alto funcionario del régimen militar (1973-1990, luego que la Fiscalía Nacional le imputara supuestas infracciones tributarias.
Novoa, ex senador y fundador de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), está denunciado por facilitar facturas y boletas maliciosamente falsas desde su empresa por millonarios trabajos que supuestamente jamás se realizaron y que estaban destinados a conseguir recursos de forma irregular e ilegal para las tareas políticas de su formación.
Tras la decisión judicial, abogados defensores del ex parlamentario, que durante la dictadura fue viceministro Secretario General de Gobierno, denunciaron una “persecución política” en su contra y confirmaron al término de la audiencia que apelarán la resolución del tribunal.
En tanto, Cardemil, que fue viceministro del Interior en el gobierno de Augusto Pinochet, y ex diputado del conservador partido Renovación Nacional (RN), calificó de “lamentables y burdas” las imputaciones en su contra.
“(Quiero) recalcar mi inocencia, que va a ser probada en los tribunales porque confío en la justicia chilena. No he cometido ningún ilícito tributario”, declaró al abandonar esta tarde los tribunales de justicia.
Ambos están incriminados en el marco del juicio que se sigue, entre otros, a Penta, un holding empresarial acusado de presuntos delitos de corrupción política, cohecho, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas, principalmente a partidos de derecha.
El cuestionado holding, uno de los doce grupos económicos más grandes del país y propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, tiene millonarios intereses en la banca, en seguros, en fondos de pensiones e instituciones de salud privados y en compañías inmobiliarias, entre otros.
Mientras se desarrolla la investigación, tanto Délano como Lavín permanecen con arresto total en sus domicilios desde el pasado 22 de abril, luego que el tribunal les revocara la prisión preventiva tras 45 días de reclusión en un recinto carcelario de la capital.
La persecución de estos delitos que lleva adelante la Fiscalía Nacional ha traspasado transversalmente todo el espectro político chileno.
La investigación ha derivado incluso en otras indagatorias como la que afecta a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), uno de cuyos propietarios es Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet.
La empresa habría utilizado los mismos métodos que Penta para inyectar dinero tanto a partidos de la alianza de derecha como a los de la Nueva Mayoría, la coalición gobiernista de centro-izquierda que lidera la presidenta socialista Michelle Bachelet.
