México

¿Hay “capacidad de sobra” en el país para traer a dreamers? No, el gasto mal aplicado lo impide: CIEP

09/03/2017 - 9:40 pm

El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró el lunes pasado que el sistema educativo “tiene capacidad de sobra para recibir a los estudiantes que regresen o ya hayan regresado a México”.  En el marco de las detenciones de dos dreamers – uno de ellos mexicano– durante las actuales redadas en Estados Unidos, se calcula que podrían regresar al país entre 400 y 600 mil jóvenes pertenecientes al programa DACA, que protege a hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la declaración del funcionario difiere de lo asegurado por los rectores de la UNAM y del  IPN, dos de las principales universidades públicas del país que ya enfrentan problemas de oferta educativa.

Daniel Ramírez Medina es un mexicano del área de Seattle que fue arrestado por agentes migratorios pese a participar en el programa federal que protege a aquellas personas que fueron llevadas ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia. Foto: AP.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– El gasto en educación en los últimos años ha sido mayor que lo aprobado por el Congreso, sin embargo, por la distribución del presupuesto “no es probable” que el sistema pueda ofrecer educación de calidad a los más de 400 mil dreamers en riesgo de ser deportados, aseguró Fiorentina García Miramón, coordinadora de educación del Centro de Educación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En febrero, dos jóvenes miembros del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) –el cual permite la estancia en el país y da permisos de trabajo– fueron detenidos en el marco de las redadas contra migrantes ilegales en Estados Unidos.

Daniel Ramírez Medina, originario de La Paz, Baja California, llegó a los siete años con su familia y aprobó en dos ocasiones las revisiones para ingresar a DACA. Fue arrestado en Seattle y ha estado detenido en una cárcel de inmigración durante casi cuatro semanas por lo que pasará este día, su cumpleaños 24, bajo custodia. Un magistrado federal espera decidir a inicios de la próxima semana si lo liberará.

El lunes, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que “el sistema educativo tiene capacidad de sobra para recibir a los estudiantes que regresen o ya hayan regresado a México”. De acuerdo con sus datos, el año pasado volvieron 200 mil jóvenes.

Durante un evento en una primaria en la Ciudad de México, explicó que si este año se duplicara o triplicara el retorno de estudiantes al país (entre 400 mil o 600 mil), “hay capacidad” para que ingresen al sistema educativo, porque se distribuirían “en diversas universidades e instituciones”.

Sin embargo, su declaración difiere de lo asegurado por los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dos de las principales universidades públicas del país que ya enfrentan un problema interno en la oferta de lugares. Alrededor de 7 millones de jóvenes entre 18 y 22 años quedan fuera de la educación superior, expuso el rector de la UNAM Enrique Grauer.

Ambos académicos ven como única opción recibirlos en el sistema de educación a distancia. Pero la economista e investigadora Fiorentina García destacó que “es irrisorio” el presupuesto que se le da a las universidades abiertas y a distancia.

“La única estrategia [que tienen para recibir a los dreamers] no tiene buena asignación de recursos porque va a servicios personales en vez de tecnología para que estudien en línea”, afirmó.

En 2017 se le aprobó a la universidad abierta y a distancia un presupuesto de 201 mil millones de pesos, menos de los 209 mil millones de pesos de 2016. De esos recursos, el 79.3 por ciento se destina a servicios personales. De hecho, subrayó García, su director gana 212 mil 499 pesos, más que el rector de la UNAM, quien recibe 107 mil 591 pesos mensuales.

La investigadora del CIEP también destacó que la gran diferencia de número de estudiantes en universidades públicas y privadas evidencia “el exceso de demanda y falta de oferta e infraestructura en la educación superior”.

En educación superior, documentó, hay 3 mil 113 escuelas públicas con capacidad para 794 cada una y 3 mil 960 privadas para 262 alumnos cada una.

Desde 2014 se ha gastado más en educación de lo aprobado, pero su distribución no es equilibrada.

En 2014, se ejerció 682 mil millones de pesos, cuatro por ciento más de los 655 mil mdp aprobados. En 2015, cuando hubo un recorte al gasto público, se volvió a gastar más de lo aprobado al destinar 729 mil millones de pesos frente a los 715 mil mdp permitidos. El año pasado, cuando la Secretaría de Hacienda anunció dos recortes más al gasto total, hasta donde se tienen datos trimestrales se ejerció el 99 por ciento de los 723 mil millones de pesos aprobados por el Congreso.

No obstante, destacó la investigadora Fiorentina García, hay una mala distribución de esos recursos al no destinarse en rubros prioritarios. A pesar de que la educación representó 18.4 por ciento del gasto del gobierno federal en 2016, el mayor durante los últimos años, el 87 por ciento se destinó a nómina magisterial, principalmente de educación básica.

De todo el gasto en educación, el 97.2 por ciento fue para educación básica y sólo el 1.3 por ciento para preparatoria y 0.9 por ciento para educación superior, analizó en su estudio “Gasto público para una educación de calidad”.

“Más allá de la capacidad financiera, deberíamos preguntarnos el tipo de educación que considere infraestructura y el número de profesores. Si la distribución de Presupuesto no ha cambiado, es nada probable que el sistema educativo pueda ofrecer educación de calidad a estos jóvenes [dreamers]”, dijo García Miramón vía telefónica.

“NO TENEMOS ESPACIO PARA RECIBIRLOS”: UNAM

De los 800 mil jóvenes miembros del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el 60 por ciento es mexicano. Acompañando a sus padres migrantes, los dreamers llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Para ingresar se necesita tener un alto rendimiento académico y no tener antecedentes penales.

Pertenecer al programa lanzado en 2012 los protege temporalmente de una deportación, les otorga un permiso de empleo, así como seguridad social e identificación del estado que habitan.

A finales de enero, el Presidente Donald Trump dijo en conferencia de prensa que “[los dreamers] están aquí [EU] ilegalmente, pero no deberían estar muy preocupados. Tengo un gran corazón y vamos a cuidar de todo el mundo”. No obstante, durante su campaña prometió eliminar DACA, esta semana volvió a firmar otro decreto migratorio y durante las redadas de los agentes en febrero, la prensa detectó dos dreamers detenidos.

“Las órdenes ejecutivas de Donald Trump han hecho a todo el mundo prioridad para la deportación y al parecer nadie está a salvo. Pero Donald Trump y los republicanos deben decir claramente que los beneficiarios de este programa, que aún está vigente, están protegidos”, dijo al diario La Opinión de Los Ángeles Greisa Martínez, directora de protección de la organización United We Dream.

Enrique Graue, rector de la UNAM que ofrece 118 licenciaturas, destacó la semana pasada en un diálogo entre rectores que “las instituciones no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio para recibirlos”.

Expuso que el reto se suma al problema interno ya existente: alrededor de 7 millones de jóvenes entre 18 y 22 años quedan fuera de la educación superior. De acuerdo con datos dichos por Aurelio Nuño, el sistema educativo alcanza la cobertura universal en la primaria y “prácticamente” en secundaria y preparatoria, pero solo el 36 por ciento en la universidad.

En los procesos de selección del año pasado, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Administración Escolar, la UNAM aceptó solo a 16 mil 958 jóvenes de los 198 mil 918 que participaron en el examen. Es decir, 178 mil 960 aspirantes fueron descartados.

Grauer calculó que si los dreamers son deportados, “de repente” tendríamos aquí a 400 mil y, dado que no se construirán “universidades al vapor”, la Máxima Casa de Estudios sólo podría apoyarlos en el sistema de educación a distancia, no en las aulas.

“Que no nos quede duda, el crecimiento en la educación en los próximos 10 años deberá ser atendido a través de la educación a distancia”, declaró el miércoles pasado.

Por su parte, en el mismo encuentro, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, coincidió en que la educación a distancia puede ser la opción para atender a los jóvenes deportados, por lo que pidió crear un sistema nacional para la educación abierta y a distancia.

“No tendríamos posibilidad de atender a todos en el sistema presencial ni siquiera repartiéndolos en todas las universidades”, declaró el director del IPN una semana antes de que el Secretario Aurelio Nuño afirmó que “el Sistema Educativo tiene por supuesto esa capacidad; no estamos hablando de una universidad o dos, sino que eventualmente se pueden distribuir en diferentes universidades”.

En el caso de quienes no han terminado su primaria o secundaria, añadió Nuño Mayer el lunes, se establece un programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en especial en 120 municipios.

Dulce Olvera
Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.
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