Una mujer frente a una laptop.

“Las prioridades de este Gobierno respecto a Internet están en otro lado. Están en obstaculizar el flujo de información”. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

La red de redes, un complejo entramado que incluye una capa física, lógica y de contenidos, ha revolucionado la vida humana en las últimas décadas. Nació libre y por fuera de los canales tradicionales de comunicación. Aunque en ocasiones usa parte de su infraestructura no es equiparable a la radio o la televisión que sí utilizan un bien público concesionado: el espectro radioeléctrico. Tampoco es solamente la información que circula y vemos directamente en las “interfaces”. No tiene un centro desde el cual se gestiona, su arquitectura está distribuida en puntos múltiples. Mucho menos es encabezado por un solo actor (Estado o empresa o técnicos) sino por todos. La Internet es una red descentralizada.

Por eso es complejo Internet. Por eso las intentonas por regularlo son sumamente ineficientes, y sobre todo, peligrosas. Regular lo Múltiple bajo la mirada de Uno (el Estado, la empresa o la comunidad técnica) implica interrumpir su dinámica libre, abierta e incluyente. Internet de cierta manera, en su construcción permanente y paulatina, refleja un anhelo de configurar comunidades más horizontales y simétricas. También constituye un espacio de deliberación y ejercicio de derechos. Por eso inquieta a ciertos políticos. Por su potencial democratizador y emancipador y porque  ha demostrado su fuerza para organizar las inconformidades sociales en episodios clave de la historia reciente como las protestas de la Primavera Árabe, Hong Kong y Estados Unidos (#BlackLiveMatters). En México se erigió a partir de las redes sociales un movimiento estudiantil (#YoSoy132) que cimbró una elección que parecía, con el apoyo de las televisoras al candidato del PRI, decidida de antemano.

Como ha dicho el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la creciente expansión de la red a nivel mundial hace de esta un instrumento indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos y contribuye a lograr  mayores niveles de beneficios sociales e inclusión. Grandes retos enfrentamos a nivel global, regional y nacional para que Internet, cuyo acceso es un derecho, se convierta en realidad para amplias capas de la población históricamente excluida. En México, el 55 por ciento de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” no es usuaria de Internet. En el caso de la población rural, el 52 por ciento. Eso debería encarrilar las políticas públicas, la legislación y la acción del Estado: acabar con la brecha digital como violación estructural de derechos humanos.

Pero no. Las prioridades de este Gobierno respecto a Internet están en otro lado. Están en obstaculizar el flujo de información. Hay una obsesión de la actual legislatura federal por colonizar Internet y restar su potencial para ejercer derechos. Han desfilado iniciativas para incorporar al derecho mexicano el mal llamado “derecho al olvido”  y para condicionar a las plataformas de streaming incorporar en su oferta el 30 por ciento de contenidos nacionales. Hemos visto ocurrentes propuestas para sumar la redacción del prefijo “ciber” a cualquier legislación que sancione diversas conductas antisociales, como si dicho vocablo (y no la mejora de capacidades institucionales de investigar) pudiera conjurar cualquier capacidad de delinquir en redes. Se han aprobado la integración de mecanismos, como el de “notificación y retirada”, con el supuesto objetivo de protección a los derechos de autor pero cuya impacto censor ha sido ampliamente probado en Estados Unidos. Hoy discutimos públicamente dos iniciativas más. Una de reforma constitucional en materia de “ciber” seguridad, y otra para regular redes sociales.

No es casual. La disputa por la narrativa, por el “sentido común” bajo el cual interpretamos la realidad, se ha disparado en Internet, particularmente en las redes sociales. Los viejos esquemas estatales de control de información han sido rebasados por las plataformas que facilitan el intercambio de opiniones, ideas e informaciones de toda índole.

En efecto, la publicidad oficial cuya asignación discrecional garantiza el control de líneas editoriales de los medios de comunicación convencionales, puede mantener cierta eficacia en el control de la narrativa pero no la de hace 15 o 20 años. El otorgamiento de concesiones en el espacio radioeléctrico sigue sin tener el dinamismo y la apertura que necesitamos y esperamos. Sin duda se ha incrementado la oferta mediática, pero los grandes jugadores de siempre en radio y televisión mantienen la predominancia para imponer su mirada hegemónica de la vida pública y cultural. Ante ello, las redes sociales son ya una real y vigente alternativa contra-hegemónica.

El modelo tradicional de comunicación política ha ido e ira perdiendo la eficacia para controlar la información. Si bien se mantiene la capacidad de los gobiernos para negociar y condicionar las líneas editoriales de medios de comunicación, la expansión y explosión de las redes sociales -y en general de Internet- pone en riesgo la centralidad del Estado en la apertura o cierre de la “llave” informativa.

Lo anterior, bajo la mirada estatista del movimiento político en el poder, es un riesgo. Sí, coincidimos que se necesita fortalecer un Estado desmantelado, cooptado por criminales, paternalista, autoritario, clientelar y corporativo; por uno de derecho y democrático que ponga en el centro los derechos de las personas. No obstante hay pocas evidencias de esa mutación verdaderamente democrática, por lo menos en las iniciativas recientes en materia de ciberseguridad y redes sociales. La idea que trasluce de las propuestas legislativas es la de ese “elefante reumático”, ese “ogro filantrópico” que pretende controlar discursos en lugar de garantizar su libre flujo. Mucho nos dice que las luces de alarma del presente Gobierno se prendieran con la suspensión de cuentas del expresidente Donald Trump en Twitter y Facebook.

Nuestra apuesta no es por los cuasi-mágicos beneficios del mercado y de las regla de la oferta y demanda, que decantan en la mercantilización de todo, incluido los derechos humanos. Las plataformas y prestadores de diversos servicios, pueden potenciar o restringir derechos humanos con ciertas actuaciones (como la moderación de contenidos) y es bajo estos parámetros que deben constreñir sus acciones. Efectivamente se necesita que procedan de manera transparente, garantizando información y procesos claros, así como mecanismos de apelación.

Pero en Internet no es un juego dicotómico entre empresas y Gobierno. Es un espacio de decisiones que se ha construido -y así debe mantenerse- en la multisectorialidad. En efecto la unilateridad de empresas o Estado debe señalarse, limitarse y reconducirse mediante un diálogo abierto y plural. Eso implica una pérdida de poder para los actores tradicionales. Por lo tanto, podemos inferir que la posibilidad real e inminente de perder el control del discurso es la razón por la que temen a Internet.