Organizaciones civiles animalistas denuncian el contubernio entre empresarios y aficionados taurinos y los congresos de los estados para permitir que niños y adolescentes sigan asistiendo o participando en corridas de toros, aunque ello implique violaciones a los derechos de los menores, entre los que se incluye el derecho a una vida sin violencia.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Tras el arranque de la temporada de corridas de toros en distintos puntos del país, miembros de organizaciones no gubernamentales han solicitado desde septiembre pasado a diversas Comisiones de Derechos Humanos Estatales emitir medidas cautelares con el fin de prevenir violaciones a los derechos de los niños y de los adolescentes, que incluyen una vida libre de violencia. En pocas palabras, lo que buscan es sacar a los niños y a los adolescentes de las plazas.

En entrevista para SinEmbargo, Xane Vázquez, presidenta de la Asociación Civil Pro Animal Campeche (PAC), informó que solicitaron las medidas cautelares a las comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala y Nuevo León.

Incluso, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), fue incluida una queja formal presentada desde el 4 de noviembre tras el anuncio de la participación de niños toreros en el ruedo “Cinco Villas”, del Municipio de Texcoco, evento anunciado para el próximo sábado 19 de noviembre.

“Nosotros buscamos la protección de los derechos de los niños a una vida libre de violencia”, subrayó.

Cabe mencionar que desde febrero de 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una recomendación para que los menores no sean partícipes de este tipo de espectáculos, debido a que “[la tauromaquia] es una forma de vulnerar los derechos de los niños”.

Vázquez y la organización Abogados Animalistas señalaron que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana (CDHDF) fue la primera en recibir peticiones, al inicio les dio tratamiento de “gestiones”, sin embargo, pronto las elevó a quejas e inició investigaciones ante las Delegaciones Benito Juárez y Tlalpan.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) respondió que esperaría a verificar si el Municipio de Mérida cumplía con la recomendación, esto a pesar de que los organizadores anunciaban la venta de boletos para menores.

Además, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) respondió: “Al margen de simpatías o antipatías por la celebración de determinados eventos públicos, el estado, en sus tres esferas de Gobierno, así como todos los ciudadanos debemos respetar el orden establecido”. Es decir, negó emitir las medidas cautelares.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán (CEDH) –dicen los activista en un comunicado–, por un lado negó la solicitud de medidas cautelares con el argumento de que no está expresamente prohibido por la ley, y por otro, inició el procedimiento de queja citando la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQRO) se basó en leyes nacionales que lo facultan para emitir medidas cautelares: “Esta Defensoría no tiene atribuciones legales para emitir las medidas cautelares solicitadas”, respondió, no obstante, inició un procedimiento de queja.

La Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA) también contestó no contar con las facultades necesarias: “Si bien la Ley faculta a esta Comisión para la emisión de estas medidas cautelares, pues su objeto es evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o daños de difícil reparación, estos extremos no se cumplen en su petición”.

Asimismo, los activistas denunciaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala (CEDHT) otorgó las medidas cautelares dirigidas al propio municipio, pero “de forma insuficiente”, ya que pidió informar a todos los padres de familia y público en general que acuden con niños “reflexionen sobre el ingreso de estos a cada una de las corridas”.

Además, valiéndose de la opinión de la psicoterapeuta Nelly Glatt señaló: “No se establece como regla general que los menores de edad que presencien este tipo de espectáculos sufrirán alguna afectación emocional o que  se violente con estos sucesos su derecho a la protección sobre cualquier tipo de violencia, ya que siempre dependerá de la ‘madurez’ de cada menor”.

Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) no ha brindado respuesta, por lo que los animalistas esperan actúe para solicitar al municipio de Monterrey que impida el ingreso de niños a las corridas a celebrarse en los próximos días en la Plaza Monumental “Lorenzo Garza”.

Ante este panorama, Vázquez señaló que la mayoría de las respuestas son “tibias y dudosas”, por lo que exhortó –nuevamente– a que velen por los derechos de los niños a tener una vida libre de violencia.

“En un país donde la violencia se vive todos los días, no debemos permitir que esta sea difundida por ningún vehículo y esto [la tauromaquia] es un vehículo más. [Por ejemplo] a los niños toreros se les entrena primero para jugarse la vida y después parea modificar su percepción de la violencia”, lamentó.

Por otro lado, exigió que el Gobierno actúe para erradicar dicha práctica en el país, al ser un detonante de la violencia.

“Estamos en un momento muy difícil en México, para nadie es un secreto que el Estado mexicano está reprobado en materia de derechos humanos. Este es un tema más de muchísimos otros donde se cometen violaciones en contra de niños, pero para todo hay activismo, nosotros estamos tratando este tema en específico”, dijo.

Finalmente la activista acusó que la corrupción ha mantenido a la tauromaquia en México, ya que –señaló– “el lobby taurino es un grupo todopoderoso, extraordinariamente influyente, con recursos económicos inconmensurables […] Son quienes están detrás de que sigan prevaleciendo estas prácticas en el país, en una palabra: corrupción”.

Los taurinos, agregó, han sido capaces de doblegar la voluntad de los congresos “que claramente no representan a los ciudadanos”  y únicamente velan por los intereses de “grupos todopoderosos” como  la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. “Sería interesante que los legisladores dijeran en qué consiste la presión tan fuerte”, comentó.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 15 de marzo, Manuel Sescosse Varela, presidente del consejo directivo de la (ANCTL), se reunió con los diputados en la junta de coordinación política en el Congreso de Baja California con el objetivo de intentar convencer a los legisladores de que la tauromaquia deja una gran derrama económica en el estado, y también con la intención de persuadirlos para que ignoren la voluntad popular de los bajacalifornianos que mayoritariamente desean que en el estado se prohiban las corridas de toros, tal como denunció la abogada Carmen Villareal, miembro de Abogados Animalistas de Tijuana.

Hoy, la abogada denunció en entrevista para con SinEmbargo, que la iniciativa no se votó en la legislatura que terminó a finales de septiembre. “Fue uno de los temas que no quisieron votar por presión del lobby taurino. El colmo fue que el Grupo Caliente, de la familia Hank, acaba de inaugurar una plaza nueva dentro de las instalaciones del hipódromo y la inauguraron con una corrida hace un par de semanas […] Lo que está pasando en BC es un indicativo de la situación a nivel nacional”, remató.