Con la reforma constitucional fallida en materia electoral, el Presidente López Obrador pretendía adueñarse del INE para controlar la elección. Fue derrotado por la ciudadanía en esa intención. Ahora con su Plan B, además de lo anterior, intenta impedir al INE la capacidad para gestionar procesos electorales que garanticen resultados impecables.

Existen al menos siete objetivos evidentemente destructivos en la reforma:

1) Quitarle autonomía al INE. En el propio texto del paquete de reformas propuesto se critica la existencia de instituciones autónomas. Sin pruebas, se les imputa un carácter corrupto y se señala que son administrativamente ineficientes. Se trata de un gran infundio que proviene del hecho de que López Obrador no ha logrado dejar atrás su derrota en el 2006. El fraude electoral de ese año es el mito fundacional del obradorismo sin el cual no puede existir. Pero es eso: un mito. El INE es indudablemente una de las instituciones mexicanas más eficientes y con los mejores estándares de integridad.

Con el Plan B el INE pierde autonomía financiera, pues los recursos que recibiría estarían etiquetados centralmente. Además, se plantea una reorganización administrativa que reduciría su eficiencia. Se propone reducir de 17 a 12 las áreas operativas sin ninguna explicación del porqué esto sería más racional. Se pretende además desaparecer las 300 juntas distritales, que son la base territorial para organizar las elecciones, y sustituirlas por una vocalía operativa. Esto entraña en los hechos despedir a un 85 por ciento de los alrededor de 2,500 miembros del servicio profesional electoral. Se busca también debilitar las atribuciones del Consejero Presidente, quien, en el nuevo ordenamiento, sería prácticamente sustituido por una Comisión de Administración compuesta por cinco consejeros (uno de ellos el Consejero Presidente) y los directores ejecutivos, que politizaría los procesos al darle cabida también a los partidos. No se trata entonces de una reordenación administrativa, sino de una destrucción institucional.

2) Intervenir en las interpretaciones del tribunal electoral. Irritado porque, a pesar de varios intentos, el Presidente no logró controlar las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación, ahora quiere que éste carezca de la capacidad para interpretar la Ley, privándolo de su razón de ser. Esto tendrá como corolario que haya mayor impunidad de partidos y candidatos.

3) Al eliminar el principio de imparcialidad de servidores públicos la reforma busca socavar la equidad en la contienda. Si esto sucediera el grupo o partido en el poder podría ordenar a los trabajadores y funcionarios gubernamentales a hacer campaña en su favor, otorgándole una ventaja injusta e inmerecida.

4) Transferir votos entre coaliciones y candidatos después de ser emitidos. Esto naturalmente afecta la decisión manifiesta del ciudadano que no podrá ejercer su voluntad de que el candidato o partido por el que votó lo represente.

5) Modificar el porcentaje para que un Partido mantenga su registro. Se trata de una estratagema para evitar que los partidos satélites del obradorismo se mantengan artificialmente compitiendo en elecciones aunque hayan perdido el respaldo popular. A esto hay que agregar que, de acuerdo con la propuesta de reforma electoral, los partidos podrían quedarse con recursos no utilizados en lugar de devolverlos a la Tesofe. Igualmente, se flexibilizan las causas por las que un partido puede perder si registro.

6) Cambiar las reglas para que no se verifiquen los recursos. Fiel a su vocación de no querer ser fiscalizado, el Presidente ahora pretende que los recursos de partidos no sean sujetos a verificación. Esto indudablemente llevaría a una corrupción sin precedentes.

7) Colocar módulos del INE en oficinas del Gobierno. Con ello se intentaría que los funcionarios de casilla dejen de ser imparciales. Se trata de un ataque tremendo contra el control ciudadano del proceso.

Para evitar que estas aberraciones se concreten la ciudadanía organizada realiza un plantón rosa en el Senado de la República con el fin de ratificar su exigencia para que no se deleteriore el sistema electoral y se debiliten las instituciones que son el pilar del mismo. Pero el plantón es sólo una de las muchas actividades ciudadanas que se realizarán para impedir que el régimen obradorista liquide nuestra democracia.

El Plan B de López Obrador representa un grave retroceso para la democracia. El riesgo de pérdida de la confiabilidad de las elecciones y la preparación de la intentona de imposición de un partido hegemónico. Debe, por lo tanto, desecharse por completo. No basta con que el Senado haga ajustes a lo aprobado por la Cámara de Diputados.

La acción de la sociedad civil para defender la libertad y la democracia apenas inicia. El mensaje que dio en la calles el 13 de noviembre se mantente vigente hasta hoy. La sociedad civil está demostrando su fortaleza y esta es gigantesca: tiene el tamaño de nuestra esperanza. Por eso no vamos a claudicar. La lucha apenas inicia.

Gustavo de Hoyos Walther

https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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