Los conflictos y rivalidades internas en dependencias y organismos públicos  son inevitables ya que gravitan en torno a dos poderes de hondo calado en todas las áreas administrativas: El político y el  financiero. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

Como es del conocimiento público, la renuncia, vía Twitter, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, fue y sigue siendo un tema controvertido en todos los medios de comunicación y sectores sociales.

El ex funcionario emitió en un tuit  los motivos y razones de su abrupta salida: Los comparto:

1. “Hay muchas discrepancias económicas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública, sin el suficiente sustento;

2. La política económica debe realizarse con base en evidencia, libre de todo extremismo, sea de derecha o de izquierda” y finalmente señaló que:

3. Le era inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”.

Desde mi punto de vista, estas indicaciones ponen de manifiesto, que el ex Secretario de Hacienda, en principio, no dimensionó que la Cuarta Transformación va en serio, que no se trata solo de un slogan propagandístico.

López Obrador lo dejó en claro: “Urzúa no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica  que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”.

“Es un cambio, una transformación, no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias.  Y remató con una metáfora: “No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, la cual –necesario es decirlo— es una reproducción de una Parábola de Jesús: “No se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres revientes, y tanto el vino como los odres se pierden”  (Mateos 9:14-17, Marcos 2:21-22 y Lucas 5:33-39. Dios habla hoy)

Y esto es el “quid del problema”, como suele decirse a lo que es relevante.  Lo de la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública por personajes influyentes del actual Gobierno con patente conflicto de interés, es harina de otro costal, que abordaremos líneas después de discernir lo que esta ocurriendo con “el nuevo proyecto de nación”.

De inicio tenemos que preguntarnos. ¿Qué es un proyecto de nación? ¿Cual es la diferencia entre éste y un Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno? Y es que una cosa es la Cuarta Transformación que tiene por meta acabar con el  modelo neoliberal”, como lo ha reiterado el hoy Presidente desde que era candidato, y otro el Plan Nacional de Desarrollo, el cual plantea un cambio radical en las políticas públicas, en casi todos ámbitos de Gobierno para subsanar los graves problemas que enfrenta México, generados –dice una y otra vez— por la corrupción en los órganos de Gobierno y el despilfarro de los recursos públicos.

La Cuarta Transformación, tiene por tanto, como eje central, el desmantelamiento de las llamadas “reformas estructurales” aún vigentes, en tanto el Gobierno tiene como eje el Plan Nacional de Desarrollo el cual se bifurca en cuatro políticas públicas:

1. La austeridad republicana

2. El combate a la corrupción y la impunidad

3. La creación de empleos, infraestructura y desarrollo económico

4. Impulsar programas sociales de bienestar para los más necesitados.

Según lo que comentó AMLO en su conferencia mañanera del miércoles pasado Carlos Urzúa, no dio con la una ni con la otra. Dijo que el hoy ex Secretario,  le presentó un Plan Nacional de Desarrollo que no reflejaba el cambio, –la Cuarto Transformación– “era como sí lo hubiese hecho Carstens o Meade”, y reiteró una vez mas que “nuestro compromiso irrevocable es cambiar la política económica impuesta en los últimos 36 años”.

Por lo que hace a la denuncia de Urzúa de la “imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública por personajes influyentes del actual Gobierno con patente conflicto de interés”, fue el Presidente, no el ex secretario el que puso los puntos sobre las íes.

Sin tapujo alguno reveló  con nombre y apellido a los funcionarios con los que Urzúa tuvo agudas diferencias: Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, a quien  él —AMLO— encargó que ayudara y coordinara el funcionamiento de la Banca de Desarrollo,  Raquel Buenrostro, encargada de la política de austeridad, quién ha logrado en lo que va del año ahorrar “113 mil millones de pesos” hasta ahora, de los 200 mil millones de pesos que se tienen previsto ahorrar este año y  Margarita Ríos Fajar Titular del Servicio de Administración Tributaria.

Si bien el Presidente no hizo referencia específica de cual fue el conflicto con las dos funcionarias mencionadas, es evidente que en ambos casos, tienen que ver con la política de austeridad y la recaudatoria.

La Secretaría de la Función Pública reveló el 15 de junio pasado, que existen aún en el Gobierno federal 433 Direcciones Generales Adjuntas, —creadas al por mayor por los ex presidentes  panistas Vicente Fox y Felipe Calderón— direcciones a las que se paga en total 30.6 millones de pesos al mes por concepto de sueldos netos, las cuales el actual Presidente, ordenó se suprimieran antes del 31 de mayo, lo que no se ha cumplido.

Las dos Secretarías que aún mantienen una cantidad significativa de plazas con nivel de Dirección General Adjunta, son por paradójico que parezca, la Secretaría de Gobernación con 94 y un monto mensual de pago de 6 millones 833 mil 804 pesos y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que preserva 80 plazas a las que aporta 6 millones 353 mil 582 pesos.

Los conflictos y rivalidades internas en dependencias y organismos públicos  son inevitables ya que gravitan en torno a dos poderes de hondo calado en todas las áreas administrativas: El político y el  financiero

A Grosso modo ya abordamos la fisura política que se produjo en la SCHP con el Poder Ejecutivo de la República. Lo que queda pendiente de hurgar, es que hay detrás de los conflictos  entre la oligarquía financiera y el poder presidencial.

Y que ni uno ni otro se haga el occiso o disimulado. Cierto es que ambos poderes tejen tras bambalinas acuerdos y desacuerdos. Pero en este caso esa estratagema sería sumamente lesiva para ambos y por supuesto, para México y sus ciudadanos.

Por más que traten ocultarlo, queda claro que la oligarquía financiera opera en contra de la 4ta Transformación que considera afecta sus intereses y privilegios heredados de las anteriores administraciones gubernamentales.

Es evidente que el Presidente sabe que no tiene que ceder ni contemporizar con el poder oligárquico, pero también que sería catastrófico para el país que la polarización que se ha generado devenga en una ruptura estructural.

Sugiero con todo respeto a los dos poderes, el político y el oligárquico, que diriman sus diferencias y enconos y ponderen con toda honestidad y responsabilidad, en bien del país, que la polarización en curso a nadie beneficia. Pero que lo hagan no solo en base a la parábola del “Vino nuevo en odres viejos” a los que hicimos referencia líneas arriba, sino también a otra metáfora –también cristiana– que dice:

“Nadie corta un trozo de vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. De hacerlo así, echaría a perder el vestido nuevo; además el trozo nuevo no quedaría bien el vestido viejo”.  Espero que ambos poderes confrontados lo interpreten  en bien de ellos y México. Veremos y diremos.