Tomás tiene 26 años. Es delgado, moreno y ligeramente alto. Camina de prisa por la acera sin zapatos y sin camisa. Sólo viste pantalón. Lleva una mirada de urgencia clavada al frente. Pasa junto a una vieja casa a medio derrumbar que aún así es el hogar de una familia.
La escena mañanera tiene lugar en una de las zonas más pobres de la metrópoli: Santa Cruz Meyehualco, delegación Iztapalapa. Lo que busca Tomás con desesperación es qué hacer para conseguir algo y que su familia coma ese día. En el camellón de una avenida, una sonriente pequeña de unos cinco años ordena varias botellas de agua que rellena de un botellón, para venderlas entre los autos que hacen alto. Ajena a su miseria, ella cree que juega.
Las caravanas de camionetas negras con vidrios polarizados, una de las cuales siempre contiene un encumbrado funcionario público, no transitan por esta zona. No conocen esta realidad y no quieren saber de ella. Lo suyo no es resolver la subsistencia de ese día, sino juntar más dinero, más, siempre más porque el dinero compra poder, compra vehículos de marcas europeas, relojes de un millón de pesos, compra oportunidades , voluntades y “respeto”. Entre más inflada la cartera, también el ego.
Desde el punto de vista social es absurda esta distribución de la riqueza. Desde el punto de vista humano, inadmisible. Y desde el legal, un delito cuando, para acumular millones, se sacrifica la subsistencia de más de la mitad del pueblo torciendo las leyes e incluso violándolas –y eso que el trabajo de la función pública es hacerlas respetar.
Para eso existe la impunidad, claro. Sería difícil contar los ejemplos de violaciones gubernamentales a esas leyes que los mismos poderes redactan para su beneficio y el daño de la sociedad. Tal vez crean que los mexicanos a nivel banqueta no importamos, que somos votos y como tales sólo contamos en tiempo de elecciones. ¡Qué desvergüenza que en las campañas se prometan sanciones a los delitos que los gobernantes mismos cometen, acabar con la oportunidad o crear empleos! Todo eso, mientras las cárceles aprisionan inocentes a veces durante décadas, mientras no sólo en la base de la pirámide, sino incluso en la clase media no se encuentre trabajo (de más de una hora a la semana), cuando hay crímenes de estado sin investigar siquiera.
Un ejemplo fresco de abuso de autoridad: los Yaqui de Sonora viven en el desierto. El agua es vital para su agricultura y para beber, subsistir. Se oponen a la construcción del acueducto Independencia, que tiene el fin de llevar más agua a Hermosillo. Este diferendo podría resolverse llegando a un acuerdo entre las partes, con base en la ley, pero no. Se prefirió apresar a dos líderes de la comunidad, Mario Luna y Fernando Jiménez. ¿Asunto resuelto? Difícilmente, porque la imposición significa condenar a la comunidad Yaqui a morir. No creo que sea fácil que ellos acepten este destino, sobre todo porque no son un pueblo agachado.
Pero para la clase política no existen, son muy poquitos, tienen costumbres muy diferentes y hablan raro. En Sonora se prefiere tomar una decisión que gane muchas voluntades en una ciudad, no las de los Yaqui. Ni las voluntades de los familiares de los 43 o de tantos otros asesinados, encarcelados y amenazados por un delito muy común en el México de hoy: el de decir ¡BASTA!
