El escándalo provocado por las revelaciones de The New York Times sobre el espionaje político realizado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México contra una decena de funcionarios y legisladores tiene alcances insospechados. Debería por lo pronto ser motivo de la renuncia de la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Además de la práctica ilegal en sí, la información publicada por uno de los diarios más importantes y prestigiados del mundo –que trató de ser torpemente desmentida por las autoridades mexicanas, sin lograrlo–  pone al descubierto la patraña urdida por el gobierno capitalino para desprestigiar al principal aspirante de la oposición a la candidatura del Frente por México a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

Se les cayó el teatrito, vamos. Y además desmintieron al propio Presidente López Obrador, que ha afirmado una y otra que en México ya no se espía a nadie. Lo pusieron en evidencia.

La historia inicia a raíz de los resultados de las elecciones intermedias de 2021 en CDMX, cuando la oposición ganó nueve de las 16 alcaldías en disputa y obtuvo una votación total mayor que la de Morena. Se espantaron, con razón.  Y el gobierno de Claudia puso entonces en marcha una serie de acciones para entorpecer el trabajo de esas demarcaciones, incluidos recortes presupuestarios arbitrarios, retraso en las suministraciones, trabas en los gestiones. De eso hay evidencias documentadas.

Y ante la muy probable candidatura del panista Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, urdieron una entelequia denominada “Cártel Inmobiliario”, con la idea evidente de aparentar un caso de delincuencia organizada. El objetivo era concretamente involucrar al alcalde panista en supuestos acuerdos delictivos con desarrolladores inmobiliarios. Descalificarlo, al estilo del patrón. El plan, absolutamente mediático, se basaba en una serie de acusaciones contra ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, incluidos ex alcaldes, por supuestos actos de corrupción en los que “todos” estarían involucrados. Ojo.

Acusaron el otorgamiento de licencias de construcción a cambio de sumas millonarias en efectivo o en especie, como sería la entrega de departamentos.  Ocurre sin embargo que las licencias o permisos de construcción no existen ya. Fueron suprimidas desde 2012, durante el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón en CDMX, precisamente para evitar actos de corrupción por parte de las entonces delegaciones. Desde entonces sólo existen premisos de construcción “especiales”, referidos únicamente a reparaciones, ampliaciones, remodelaciones o mejoras en las viviendas, pero no la construcción de las mismas.

Para el caso de construcciones nuevas, como edificios departamentales y desarrollos inmobiliarios, están  las “manifestaciones de construcción”, que los constructores simplemente entregan en la respectiva Ventanilla Única de la alcaldía correspondiente. El “uso del suelo” indispensable para el trámite anterior, lo otorga la Seduvi, dependencia del gobierno de la Ciudad, no la alcaldía. Ojo.

El plan resultaba sin embargo demasiado obvio, desde un principio. Emprender una cacería solo contra ex funcionarios de Benito Juárez, la alcaldía gobernada por el PAN desde hace 23 años,  por la existencia de construcciones irregulares –que por supuesto existen, como en toda la capital– delata de entrada las intenciones.

En toda la Ciudad de México existen tal vez miles de obras irregulares.  Sólo en 2022, la PAOT recibió más de 500 denuncias, provenientes de 14 de las 16 delegaciones, según un reportaje del diario español El País. “Estas construcciones se levantaron sin los permisos necesarios, excedieron la cantidad de pisos permitidos y no respetaron áreas de conservación ni patrimonio cultural”, pone el diario. De acuerdo con su investigación, de los mil 400 expedientes que armó la PAOT en los últimos cuatro años, se puede constatar que unas 534 edificaciones rompían con el reglamento de construcciones.

De esas quejas, pudieron confirmarse 134 casos de construcciones con pisos de más a los reglamentariamente permitidos. En la Alcaldía Benito Juárez se detectaron 19 inmuebles irregulares, los cuales acumulaban 32 pisos anómalos; en Coyoacán se ubicaron 17 edificios, pero  con 35 niveles adicionales a los permitidos por el Programa de Desarrollo Urbano de la demarcación. En Tlalpan fueron 12 inmuebles, con 27 pisos de más; en Iztapalapa, 12 con 20 niveles excedentes, y en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero hubo 9 obras en cada una, con 7 y 17 pisos extra. En las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco también se detectaron inmuebles con estas características.

No obstante, el gobierno morenista puso los ojos únicamente en Benito Juárez, como si fuera un caso excepcional de corrupción. Ahí emprendió diligentes investigaciones y formuló acusaciones contra una decena de ex funcionarios. Las acusaciones verbales contra esos supuestamente involucrados ha sido en su mayoría en el sentido de haber otorgado “licencias de construcción” a desarrolladores, a cambio de cochupos. Eso se llama extorsión, cohecho o chantaje. Nadie ha sido formalmente acusado de tales ilícitos, que además involucran forzosamente a dos partes: la que da la mordida  en efectivo en especie y la que la recibe. Hasta ahora, sin embargo, no ha sido detenido, ni siquiera acusado, un solo empresario inmobiliario por ese motivo. Ojo.

Por lo demás, entre funcionarios y desarrolladores inmobiliarios de CDMX es un secreto a voces que  los constructores y sus empresas son los principales patrocinadores de las campañas electorales de candidatos de todos los niveles, incluida por supuesto la Jefatura de Gobierno. Eso ni se toca, claro.

En los casos de ex funcionarios delegacionales acusados, entre ellos un ex delegado –que es por cierto el único sujeto a presión preventiva–, tampoco hay cargos por esos supuestos delitos. Se les acusa en cambio de asociación delictuosa, uso ilegal de atribuciones o enriquecimiento ilícito. Ninguno por extorsión o cohecho. Ojo.

Sin embargo, la estrategia mediática funcionó. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López , experto en esos menesteres, ha sido el encargado de “informar” sobre las pesquisas y las detenciones, para lo cual utiliza siempre un lenguaje rebuscado lleno de giros verbales en tiempo pospretérito o condicional: “habría estado involucrado”, “tendría probable relación con”, “posiblemente formaba parte de una probable red” y otras por el estilo. (En este mismo espacio me refería a la “técnica” del vocero en mayo pasado https://www.sinembargo.mx/19-05-2023/4362395). La FGJCDMX inclusive elaboró un “organigrama” del inexistente “Cártel Inmobiliario”, que entregó a los medios. Y no pocos de éstos compraron la nota.

Pese a todos sus esfuerzos, sin embargo, las autoridades judiciales de la capital no lograron su objetivo central: involucrar al actual alcalde con licencia e inminente candidato opositor a la CDMX Taboada Cortina en algún tipo de negociación irregular con evidentes intenciones electorales.  De ahí el afán desesperado habría llevado –como diría el vocero– a la Fiscalía a ordenar el espionaje telefónico contra el panista, entre otros políticos y funcionarios, incluidos algunos militantes de Morena. Las revelaciones del Times –que destacó a tres de sus reporteros para una investigación que duró varios meses, según el propio diario– confirman ahora que se trata de una clara persecución política, como lo denunció el propio alcalde con licencia de Benito Juárez hace más de medio año.

Godoy Ramos y su equipo armaron, ellos sí, un aparato encaminado a inventar delitos, perseguir opositores, conseguir o comprar delatores… y espiar a propios y extraños con fines obviamente políticos. Ellos conformaron sin el menor recato su propio Cártel, el Cartel de la Ignominia.

Lo más grave de este asunto es que estos hechos ocurrieron durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual candidata del oficialismo a la Presidencia de la República. En varios ocasiones ella misma se ha referido al tema del “Cártel inmobiliario” de Benito Juárez para golpear a sus adversarios. Es impensable que la jefa de Gobierno no haya estado enterada del plan urdido en el seno de su propio gobierno –incluido por supuesto el espionaje telefónico–, y hasta lo haya auspiciado y aprobado. Tendría que responder por ello. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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