Existe un nuevo hallazgo en la forma en que son asesinadas las mujeres en la Ciudad de México, que antes era sólo común en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán o Colima: incrementaron los feminicidios con armas de fuego.

La creadora del mapa de feminicidios, la geofísica María Salguero, es la responsable del descubrimiento: sus datos arrojan que de las 66 asesinadas que documenta en los primeros siete meses de este año, en 35 se usó arma de fuego: 53 por ciento de los casos. En 2017 fueron 29. La mayoría de los crímenes se cometieron con arma de uso exclusivo del ejército, de 9 milímetros. “Pero ya se usan largas. Se pierde el miedo a portarlas”, alerta la activista.

VICE lleva un año dando seguimiento a familiares de mujeres asesinadas. Ésta es una de tres entregas de la serie #SeLlamanFeminicidios. Se publican en SinEmbargo, por acuerdo con VICE, por la creciente sensibilidad que hay en todo el país por ese grave problema que uno y otro y otros gobiernos han ignorado durante décadas.

Por Guillermo Rivera

Ciudad de México, 19 de octubre (Vice/SinEmbargo).- Desde que inició el proceso, no hay día en que Sandra Alanís no piense en su sobrina Campira Camorlinga –la víctima–, en Jorge Humberto Martínez Cortés –el posible feminicida– y en el juicio, que ya comenzó. Nunca se desprende del tema. Siempre hay que hacer llamadas, citas. El trajín no termina.

Tras crear en Facebook la página “Justicia para Todas”, otras víctimas de feminicidio solicitan ayuda. “¿Qué podría aportar? Pensé en acercarme a la mamá de Lesvy –asesinada en Ciudad Universitaria–, pero si no terminas con tu lucha, ¿cómo absorbes otra?”, se cuestiona Sandra en una charla con VICE.

Todo cambió. La tía de Campira no confía en los extraños que la abordan en la calle. Si alguien le pregunta algo, prefiere seguir su camino. Conocer a una nueva persona, le genera extrema desconfianza. Se ha vuelto “200 por ciento” más precavida. Siempre está en guardia, alerta.

Su círculo de amistades se redujo considerablemente. “Se pierden amistades. En situaciones así, uno espera a los amigos. Con esto aprendí quiénes son para el café y quiénes (son) reales”, cuenta y añade que la vida se ha vuelto más solitaria y sombría. Para ella ya no hay fechas alegres.

Los horarios diversos en el trabajo le permiten moverse, pero en vacaciones no se relaja. “Preocupa no estar, que se tuerza la investigación. Cuando recibí el amparo, entendí que ellos (el abogado de Jorge Humberto y las autoridades) complicarían el proceso. Hay impotencia por no contar con las personas adecuadas que orienten, al saber que esto lo enfrentas sola”.

MAPA DEL FEMINICIO

Existe un nuevo hallazgo en la forma en que son asesinadas las mujeres en la Ciudad de México, que antes era sólo común en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán o Colima: incrementaron los feminicidios con armas de fuego.

A un día de los festejos del 16 de septiembre, ejecutaron a cinco personas en Plaza Garibaldi, entre ellas dos mujeres, de 27 y 22 años, con armas de alto calibre como la .223 Remington y el AR-15.

La creadora del mapa de feminicidios, la geofísica María Salguero, es la responsable del descubrimiento: sus datos arrojan que de las 66 asesinadas que documenta en los primeros siete meses de este año, en 35 se usó arma de fuego: 53 por ciento de los casos. En 2017 fueron 29. La mayoría de los crímenes se cometieron con arma de uso exclusivo del ejército, de 9 milímetros. “Pero ya se usan largas. Se pierde el miedo a portarlas”, alerta la activista.

Con base en el protocolo del feminicidio de la ONU, el Código Penal Federal y la información de la prensa nacional, Salguero, quien es miembro desde este año de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, documenta los feminicidios directos –por razones de género– e indirectos –crimen organizado, por ejemplo.

En 2016 y 2017, la Ciudad de México registró 105 y 110 asesinatos de mujeres, respectivamente. Foto: Cuartoscuro

En 2016 y 2017, la Ciudad de México registró 105 y 110 asesinatos de mujeres, respectivamente. Hasta los primeros siete meses de 2018, la cifra asciende a 66. A nivel nacional, dos mil 96 (2016), dos mil 400 (2017) y poco más de dos mil al 30 de septiembre, según la última actualización efectuada por María, quien da seguimiento a los casos.

–¿Cuál es tu experiencia ante los procesos de las víctimas, cuando no hay procesados, sentenciados?

–Prevalece la impunidad. En el mapa, reconozco muy pocos vinculados a proceso, aprehendidos, sentenciados ni se diga: casi ninguno. Que realmente se logre una sentencia efectiva, es rarísimo.

En la capital se registraron, en 2016, 19 presuntos feminicidas vinculados a proceso, uno inimputable y dos liberados por fallas. Vinculados, en 2017, son 18.

“Hay casos, al menos dos en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en los que se sabe quiénes son los asesinos, hay orden de aprehensión y la procu (Procuraduría de Justicia) no va por ellos”, subraya María. “El caso de Luz en Iztapalapa. Wendy, la mamá, sabe quién es el asesino. Hay denuncia, pero desde 2017 no hay orden de presentación para el presunto responsable, la última persona quien la vio con vida. Así de grave”.

LAS ÚLTIMAS CIFRAS: 9 ASESINADAS POR DÍA

Este año, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó un informe que documenta ocho mil 904 asesinatos de mujeres, de 2014 a 2017, con base en la información de las procuradurías de todo el país. Sólo en 24 por ciento de los casos, las autoridades a nivel nacional los investigaron como feminicidios. “Es un porcentaje bajísimo. La cifra oficial sigue siendo siete feminicidios al día, pero ya se habla de nueve por lo no reconocido”, dice Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio.

La mayoría de las víctimas tenía entre 21 y 30 años. Fueron asesinadas de manera brutal: a golpes, estranguladas, asfixiadas, quemadas, envenenadas, con armas de fuego. Los estados en los que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) reconoce mayor criminalidad son Sinaloa, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. Todos cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVG).

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que en 10 años (2007-2016) fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en el país. Es decir, en promedio cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o adulta, por impacto de bala, mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento, degollación o quemadas. La zona centro del país –Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala– es la de mayor incidencia: ocho mil 65 asesinatos violentos, es decir, 35 por ciento de los casos.

Por su parte, el estudio La violencia feminicida en México, lanzado en diciembre de 2017 por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, dice que cada tres horas en el país se comete el asesinato de una mujer y que, en 2016, 40.2 por ciento de los ataques se registraron en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chihuahua y Veracruz. De estas cuatro, la única entidad sin Alerta de Violencia de Género es la capital mexicana.

El miércoles 17 de octubre, el Observatorio, Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria lanzaron un comunicado donde señalan que, desde el momento en que se solicitó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la Conavim “ha dilatado el cumplimiento de sus obligaciones”, pues el 2 de octubre de 2018 venció el plazo de seis meses para que solicitara al gobierno de gobierno de la Ciudad de México el informe sobre las acciones implementadas para cumplir las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo.

TODO SE NIEGA

La directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, lo dice en tono claro: “El tema sigue siendo la falta de acceso a la justicia. Solicitamos la Alerta de Género por la falta de buenas averiguaciones en los casos de muertes violentas, que han incrementado. A esto se suma el asunto de las desaparecidas”.

Dentro del proceso de la solicitud de declaratoria, se abrió una mesa de víctimas para escuchar diversos casos de mujeres asesinadas y desaparecidas. “No fue fácil. Ellas –las académicas, quienes realizaron el informe– sólo querían entrevistar a dos o tres gentes. Al final, escucharon a varias”.

María de la Luz expone lo complicado que es detectar los casos de mujeres en riesgo: por lo regular no denuncian, y si lo hacen, “las autoridades las cuestionan o minimizan sus casos”. No analizan ese peligro.

Sobre las desaparecidas en Ciudad de México, cuenta que el Observatorio ha puesto énfasis en saber quién busca a esas mujeres: “No entendemos a CAPEA (Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes). El titular jura que todo es maravilla, pero no dice dónde están. Sabemos que de la capital las trasladan a Tamaulipas, a Sonora… Hay que actuar de inmediato”. La hipótesis de los funcionarios siempre es que las mujeres escapan con sus parejas. Estrada responde que éstas son, por lo regular, quienes las enganchan.

“Así comprendes el viacrucis que viven las familias. Le digo a la autoridad que no pedimos la Alerta de Género porque se nos ocurriera. Las malas investigaciones llevan a la ruta de impunidad, (es decir), a cada uno de los factores que contribuyen a que las familias no se recuperen. No puede ser que una ciudad que avanzó en un tipo penal, que generó el primer protocolo a nivel nacional, en los hechos sea otra cosa. Si no empiezas a evidenciar este tipo de violencias, ¿cómo cambias la política pública de atención y prevención? Con los feminicidios se descompone el tejido social y es muy difícil revertir. Nos pasó en Chihuahua, Veracruz, Estado de México. Está ocurriendo en la capital”.

Aunque en Ciudad de México se reconoce que buena parta de la violencia feminicida ocurre en lo familiar, también es comunitaria, destaca Estrada. Gustavo A. Madero e Iztapalapa son dos de las entidades más violentas para las mujeres y colindan con el Estado de México, “donde el índice de desaparecidas es elevado. En la ciudad hay varios grupos del crimen organizado, pequeños y grandes. Todo esto se niega”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que en 10 años (2007-2016) fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en el país. Foto: Cuartoscuro

10 AÑOS DESPUÉS

Las activistas del Observatorio le dijeron que, ante las graves fallas en las investigaciones y procuración de justicia, las víctimas comienzan a recuperarse casi 10 años después de un feminicidio. “Todo esto porque las autoridades son omisas”, sentencia Mónica Borrego, mamá de Yang, una de las presuntas víctimas de Jorge Humberto, El matanovias, en la última de tres entrevistas, en septiembre de 2018.

La organización, para dar agilidad a los casos, creó una mesa interinstitucional entre dependencias del gobierno. Gracias a esto, se desechó el amparo interpuesto por Martínez Cortés, quien por fin es juzgado, pero sólo por el asesinato de Campira. “Ese es mi gran malestar”, expresa Mónica.

La primera audiencia se celebró el 26 de junio pasado, en el Reclusorio Oriente, y los abogados de Sandra Alanís, tía de Campira, señalaron que en la investigación no se tomó en cuenta la orfandad en que quedaron los hijos de la víctima, muy pequeños cuando ocurrió el asesinato, y marcaron las irregularidades en el proceso. Se dio un plazo de un mes para la presentación de pruebas.

Sandra, quien está a cargo del caso por parte de la familia, confirma en la última charla, a principio de octubre de 2018, que aún no hay sentencia para Jorge Humberto. Como el juicio ya se efectúa, por el momento no quiere abordar más el asunto y sólo agrega que la mamá de Campira, Margarita, se ha involucrado más en el tema, luego del proceso de dolor que enfrenta desde el asesinato.

La segunda audiencia fue el 18 de septiembre y se determinó que se efectuarán pruebas determinantes para juzgar también el asesinato de Yang. Sandra y Mónica prefieren no proporcionar detalles para no afectar el procedimiento.

“Apenas hace unos meses se reabrió el caso de mi hija y se empezó a tratar como feminicidio, pero no lo han vinculado con el de Campira. No hay presunto asesino. La bufanda con la que seguramente asfixiaron a Yang está perdida”, lamenta Mónica Borrego.

La audiencia intermedia se pospuso, por la orden judicial para la prueba que podría establecer que se juzguen ambos casos. Quizá se efectúe a mediados de noviembre y de esa futura audiencia dependerá la fecha del juicio oral, técnicamente la última parte del proceso.

“Esperamos y esperamos, el juzgado dice una cosa, la fiscalía otra. Es un paso adelante y 10 para atrás”. Mónica se despide: “Busco terapias alternativas de sanación, hago ejercicio. El tema, pese a todo, lo tengo presente a diario. Decía que me dijeron que son ocho años para recuperarme, pero no era necesario escucharlo. Yo lo estoy viviendo”.

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