Adriana Aguilera Marquina

Más del 80 por ciento de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de delitos corresponden al ámbito local.

Al día de hoy persiste la falta de atención integral y reparación debida a las violaciones de derechos humanos y delitos. Además de ello, resulta preocupante que esta grave situación y sus consecuencias no han podido ser atendidas desde las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia. Es así que, para allegarse a una mejora, la Ley General de Víctimas mandata la creación de Comisiones estatales como los organismos especializados en la materia, con el objetivo de coordinar y generar metodologías para la reparación integral del daño que permitan responder a los delitos y a la violación de derechos humanos.

No obstante, a más de seis años de la expedición de la Ley General de Víctimas y creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a la fecha, solo se han armonizado 13 legislaciones locales, instalado 20 comisiones estatales – siendo la Ciudad de México, la más reciente nombrando a su titular el pasado mayo- y solo 15 cuentan con asesoras y asesores jurídicos para víctimas y Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES MIGRANTES

La Ley General de Víctimas establece que toda persona que haya enfrentado la comisión de un delito o la violación a cualquiera de sus derechos humanos debe ser atendida con los apoyos inmediatos, así como tiene el derecho a ser registrada al Fondo de Ayuda y así, se proceda a una reparación integral del daño.

Las personas migrantes de manera cotidiana se enfrentan a conductas discriminatorias, racistas y xenofóbicas no solo por parte de la ciudadanía, sino, en especial por parte de las autoridades migratorias, refugios, y demás agentes del Estado. Esto conlleva a una serie de violaciones a sus derechos de movilidad, asilo, a la ciudad, una vida libre de violencia, integridad personal, salud y muchos más bajo el principio de interdependencia.

El problema en México es que las víctimas se multiplican pero los apoyos creados para atender las situaciones y reparar integralmente el daño no y tampoco la efectividad de las comisiones que fueron creadas para tales efectos. Este problema se agudiza cuando en el lugar donde se sufre el delito o violación a DDHH no tiene una Comisión estatal y mucho menos el Fondo correspondiente. Esto se traduce en que para obtener el beneficio (en todo caso de que se solicite y se proceda al registro) se tendría que trasladar al lugar donde se encuentra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y esto conlleva una serie de situaciones re-victimizantes y demás obstáculos para que realmente se le pueda apoyar y reparar el daño.

RETOS PARA HACER EFECTIVA LA POLÍTICA

Se tiene un largo camino que recorrer; la CEAV diseñada para atender padece la eliminación del 30 por ciento de su personal, recorte de presupuesto, desaparición de áreas y la pérdida de recursos en el fondo de apoyo. Las comisiones estatales presentan muchos más retos ya que falta la armonización legislativa con la Ley General en algunas entidades federativas y en las que ya se tiene la Comisión estatal, hace falta mayor infraestructura, recurso humano y económico para operar de manera efectiva.

La instalación, funcionamiento y operación integral de las Comisiones locales configuraría un medio –y hasta considero que es una de sus finalidades- para la aplicación de la justicia transicional, ya que ésta busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron, con miras a la consolidación de una democracia constitucional. Al ser los cuatro pilares que constituyen el canon de la justicia transicional la verdad, justicia, reparación y no repetición, las comisiones de atención se crean para tener una vinculación estrecha con la garantía de los derechos de las víctimas de la violencia tan frecuente en México.

Aunque la CEAV, las Comisiones y el supuesto Sistema Nacional de Víctimas llegan como regímenes excepcionales y especializadas, ya que las herramientas legales e institucionales ordinarias resultan insuficientes o hasta inaplicables, el alcance de la CEAV es insuficiente, la operación de las estatales es baja y la aplicación del Sistema contemplado como la instancia superior de coordinación y formulación de instrumentos para la protección y atención a las víctimas en los tres niveles de gobierno, es nula.

Sin Fronteras

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