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En la tierra de nadie, todo se ve. Son fortalezas fuertemente vigiladas que no toleran extraños. Cruzamos el puente que atraviesa el Anillo Periférico de la Ciudad de México, a unos 100 metros del Eje 6, cerca de la Colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa. Mientras bajamos las escaleras, una mujer que camina muy cerca de nosotros simula torcerse el pie lista para dejarnos pasar. Su nieta la auxilia, bajan la voz y cuando tocamos tierra firme en dirección al entramado de viviendas improvisadas que se despliegan desde Periférico sobre el camellón de la Avenida Circuito Contel, apresuran el paso, nos rebasan y se esfuman bajo una lona verde. Un hombre arregla el techo de su vivienda poniendo unos remaches de costales, mientras nos observa fijamente. Grita que no puede hablar, pero nos ofrece pasar por el siguiente acceso, un túnel protegido por una cortina de poliéster amarillo deslavado. “Allí también hay familia”, dice y los únicos que aparecen son un par de niños que nos miran curiosos. El primero, como de unos siete años, dice que en su familia son “nueve o noventa”, carga a un bebé con el rostro cubierto de diminutas ronchas rojas. El bebé se orina sobre el abdomen desnudo de su hermano y éste ofrece azotarlo en el piso para “que deje de hacer sus chingaderas”. Otros niños se unen al cortejo y finalmente aparece Arely, una mujer muy obesa de alrededor de unos 30 años. Sale corriendo tras la pipa de agua que desaparece al final de la calle. Le grita a Antonio para que vaya a alcanzarla, pero el intento del recién llegado sólo dura un par de pasos. La pipa es un privilegio recién adquirido, hace unos meses que les llena sus seis botes de agua y algunas cubetas. Cuesta 80 pesos y la hacen durar hasta cuatro días. Ninguno de sus cinco hijos tiene acta de nacimiento. “Por eso no pueden ir a la escuela”, argumenta. Ella trabaja vendiendo dulces en un crucero cercano y los niños la ayudan. Una masa de moscas protegen el acceso al interior de la vivienda inundada por un olor agridulce que enrojece los ojos. El olor a basura en putrefacción parece tocarlo todo. Sobre unas bolsas se refugia un guajolote, mientras un par de gatos deambulan junto a los niños, uno de los cuales finalmente se anima a hablar: “Yo quiero unos zapatos y unos lentes oscuros”, dice mirando a mi compañero.
Al salir de su vivienda, hecha de cartones, lonas y guacales, caminamos unos pasos e inmediatamente somos abordados por un hombre. Su aspecto es muy diferente al de los recientemente visitados. Luce recién bañado, trae bermudas, mocasines y una camisa recién planchada. “¿Para qué son las fotos?”, pregunta en tono amenazador. Varios observan desde lejos. Poco a poco su tono pierde dureza. Dice que se llama Mario y lo que le preocupa, según dice, es que seamos gente de Serrano o de algún partido político. Se refiere a su ex dirigente, el priísta Humberto Serrano Pérez, fundador de la Confederación Agrarista Mexicana, que se reconoce como una organización social que, según sus propios fundamentos, “trabaja para los campesinos y las clases más necesitadas”, en proyectos para conseguir lotes y viviendas económicas.
Según Mario, el referido Humberto Serrano los estafó, los trajo a vivir dentro de las instalaciones de un terreno a lado del camellón donde pernoctan y que se ha convertido en oficinas de la Policía Federal. Mario dice que pagaron 60 mil pesos por la promesa de una vivienda. Vivieron dos años al interior del pretendido terreno y después del desalojo llevan seis años instalados sobre el camellón. Dice que Serrano es dueño de muchos de los terrenos en colonias colindantes, que incluso ellos ayudaron a ocupar, pero que ahora está demandado y según él, hasta Gobernación los está ayudando. Desde hace un par de meses pasa la pipa de agua, el camión de basura y les dijeron que les van a dar láminas, sobre todo ahora que empiece el invierno.
Es obvio que Mario no habita allí, es uno de los líderes y su vivienda en este sitio es más una oficina. Está pendiente de todo lo que pasa allí y de todo es informado, le crecen ojos en cada centímetro de este camellón habitado por 170 familias, cada una con entre seis y nueve integrantes. Todos deben ser fieles al líder en turno para poder permanecer en la comunidad. La anciana que nos vio en el puente nos observa desde lejos con un pequeño grupo de personas. A pesar del apretón de manos de Mario, otro par de sujetos “nos escolta” unos pasos atrás hasta la salida del camellón, justo donde una vivienda fue construida con pedazos de lámina donde todavía se lee el añejo eslogan de “La Ciudad de la Esperanza”. Unos pasos antes de llegar al Periférico una muñeca de trapo fue colgada a la altura del cuello sobre el serpentín que protege el otro edificio vecino: una subestación eléctrica. Un grupo de niños se divierten lanzándole piedras mientras que una herida de borra gris amenaza con derribarla muy pronto.
Un estilo de vida
Para la maestra en sociología Imelda Rodríguez, de la Facultad en Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, este es uno de los múltiples ejemplos que se repiten sobre todo en la zona de Iztapalapa, el territorio capitalino con mayor número de asentamientos irregulares de alta marginación. La académica explica que la FES Zaragoza se encuentra ubicada entre Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, zona de muchos asentamientos dirigidos principalmente por grupos como el Movimiento Antorchista y el Frente Popular Francisco Villa, que a cambio de apoyos políticos para determinadas causas logran poner a su servicio a este tipo de comunidades bajo la esperanza de un techo o la prestación de un servicio público.
“Toda Iztapalapa tiene esta condición, la prestación de los servicios públicos más básicos son un negocio político”, expone, pues aún en la gente que ya tiene una vivienda regular, los servicios la mayoría de las veces siguen condicionados según su afiliación partidista. Con grupos interdisciplinarios de médicos, sociólogos y estudiantes de estas disciplinas, una de las tareas habituales de la FES Zaragoza es realizar investigación socio epidemiológica para establecer programas de intervención en salud y educación en las comunidades más vulnerables de la zona, razón por la cual la especialista ha podido vivir de cerca el devenir cotidiano de muchas de estas comunidades, en donde, señala, la palabra violencia se vuelve una constante en todas las acciones cotidianas que acompañan a los pobladores. Así como existen pugnas externas por hacerse cargo de estos escuadrones de votos, también existen pugnas internas que van desde luchas por el liderazgo hasta por no serle fiel a los códigos de organización de estas comunidades. No acatar el turno para tomar agua de una llave que sirve a toda la comunidad, puede ser cobrado con un navajazo a mitad de la cara. La ley del más fuerte se impone y así se generan cotidianamente confrontaciones personales, muchas de las cuales terminan en asesinatos. “Otra característica de este tipo de comunidades, explica la socióloga y profesora en Humanidades de la Carrera de Médico Cirujano, es el papel que la mujer tiene en ellas. Muchas de ellas tienen a sus parejas en la cárcel y de voz en voz, promesa tras promesa, se incorporan a estos asentamientos con un trabajo que consiste en además de procurarle el sustento cotidiano a toda su familia, hacer ‘horas-marcha’ y atender a las necesidades del líder en turno, sin descuidar a los familiares o pareja que tiene en prisión. La violencia sexual en este estado de hacinamiento y promiscuidad es otra de las realidades que deben enfrentar principalmente los niños y las mujeres de estas comunidades”, afirma.
Aun cuando la intención sea la de prestar un servicio social, es muy complicado ingresar en estos microcosmos. Uno de los trabajos más cercanos que Rodríguez tuvo con este tipo de comunidades fue en la coloquialmente conocida como “El Hoyo”, en Canteras del Peñón. La Joya, un viaje literal al fondo de la tierra, donde la gente se metió a vivir en el terreno donde la explotación de material dejo un enorme socavón en la tierra, tal como si una bomba hubiera estallado. En esta zona de difícil acceso la gente ha habitado de manera irregular desde hace más de 35 años. Con el apoyo de diferentes ONG´S Rodríguez formó parte de un equipo que durante cinco años impulsó el desarrollo de un consultorio médico, una biblioteca y un taller de costura en un proyecto que buscaba preparar a la gente para que posteriormente lo pudieran auto gestionar en beneficio del desarrollo de su comunidad, sin embargo las confrontaciones personales y la apatía finalmente no lograron darle continuidad a los proyectos impulsados. La socióloga se pudo percatar que desgraciadamente la gente que habita en estas condiciones está inmersa en un estilo de vida guiado por la voz del líder que más ofrezca, pero sin involucrarse en proyectos que requieran un compromiso o una responsabilidad de toma de decisiones aún cuando el beneficio sea común. Esto también los vuelve grupos más vulnerables para los hábiles líderes que los ocupan como trabajadores a su servicio en la ocupación de tierra y en el cultivo de votos a cambio de su protección, tal como si se tratara de un feudo.
Historia es destino
“Durante los 30 empiezan los asentamientos irregulares como parte de una necesidad insatisfecha de vivienda que aumenta durante las décadas de los 40 y 50, sobre todo por el arribo a la Ciudad de México de mucha gente atraída por el proceso de industrialización. La gente se instala en las periferias y se empiezan a generar comisiones de atención, generándose colonias proletarias en estrecha relación con el partido oficial”, señala la doctora Lucía Álvarez, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM y especialista en Sociología Urbana de la Ciudad de México, quien agrega que para finales de los 70 se empieza a formar el Movimiento Urbano Popular (MUP) que se convierte en el actor principal en esta gestión de solicitud de lotes, financiamiento y construcción. Durante los 80, explica la especialista, hay un cambio que tiene ver con la llegada del neoliberalismo y la restricción del gasto público para vivienda. Parte del MUP se inserta en el gobierno y se forman varias asociaciones civiles ligadas a los movimientos de izquierda que son las encargadas de las demandas de vivienda y fines políticos específicos que las acompañan. Aunque los apelativos variaron con el rigor del tiempo, los ahora conocidos como asentamientos irregulares de muy alta marginación, siguen la misma inercia que hace décadas: son ejércitos al servicio de unos cuantos.
Pero ahora además de atender a las necesidades de líderes políticos, también atienden las necesidades de un mercado en constante crecimiento, como es el del narcomenudeo. En la zona de “El Hoyo”, desde hace varios años es un secreto a voces que el lugar no sólo es el hábitat natural de muchos narcomenudistas, sino que también se esconden varios laboratorios clandestinos. Es un negocio al que todos quieren entrar, un adolescente “bien pilas” puede negociar hasta 500 pesos al día por dar pitazos ante cualquier movimiento sospechoso en una “tiendita”. En la última década, los puntos de venta de este tipo han aumentado en más de un mil por ciento en la delegación Iztapalapa, la delegación con más ciudades perdidas en el Distrito Federal, con un conteo de 20 mil personas viviendo en esta condición, según una estadística de 2008 realizada por parte del Gobierno del DF. Las delegaciones Magdalena Contreras, Xochimilco, Coyoacán y Miguel Hidalgo le siguen en ese orden, según el número de asentamientos irregulares detectados en sus demarcaciones. Barrancas, camellones, minas, cuevas, vías del tren y banquetas, no hay espacio que se discrimine para la formación de una comunidad que permanece indiferente y casi invisible a los ojos de los vecinos… y a los diputados, obviamente. Como parte del “Programa de Ciudades Perdidas. Plan Emergente de Rescate Social para la Equidad y la Seguridad”, a mediados de 2008 el gobierno capitalino comenzó a elaborar una cartografía de las zonas de más alta marginación y se solicitó la creación de un fondo que la Cámara de Diputados no aprobó.
Según uno de los más recientes informes del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 1998 a 2008, el número de personas en pobreza alimentaria, el paralelo a pobreza extrema del Banco Mundial, pasó de 13.8% a 18.2% en México, lo que resulta en alrededor de 20 millones de personas que sobreviven con menos de 978 pesos al mes en zonas urbanas. La ecuación es simple y desafortunada: en los múltiples hábitats de la pobreza extrema, la falta de oportunidades es tierra fértil para la violencia. Los detonadores: el infinito círculo de la corrupción política.
