A unos días de que se cumplan nueve años de la tragedia de la noche de Iguala, del 26 de septiembre de 2014 cuando 43 normalistas rurales fueron desaparecidos y tres asesinados, el caso Ayotzinapa se encuentra en un momento determinante y tal vez ante la última oportunidad para que se conozca la verdad y, eventualmente, saber el destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

Es también la última oportunidad para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra empeñada con los padres y madres de los normalistas a quienes en campaña electoral y luego ya como Presidente electo, en 2018, les prometió que su Gobierno se empeñaría en llegar a la verdad para esclarecer este caso emblemático de las desapariciones en la historia reciente de México.

Si bien al comienzo del Gobierno de la Cuarta Transformación hubo avances significativos con la creación de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, con la creación de una Fiscalía especial (Unidad Especial para la Litigación e Investigación del Caso Ayotzinapa, UELICA), la extensión de un nuevo mandato para los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la orden a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que entregara todos los archivos en su poder sobre el tema, el caso sufrió un serio retroceso en agosto del año pasado, justo cuando el titular de la Comisión para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presentó el informe de resultados.

En este se confirmaba lo que desde hace años los padres y madres, y la sociedad movilizada contra estas desapariciones habían denunciado: la “verdad histórica” presentada por el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto y su Procurador Jesús Murillo Karam (hoy detenido) era un montaje que pretendía evadir la responsabilidad estatal en la trágica noche de Iguala. Alejandro Encinas destacó también la participación de los militares y otras fuerzas estatales y anticipó que probablemente los estudiantes desaparecidos no estuvieran vivos.

Luego de ello se anunció la expedición de 81 órdenes de aprehensión, entre ellas de 21 militares que posteriormente fueron canceladas. Todo indica que desde el poder militar se cuestionaron tanto el informe presentado por Encinas, las investigaciones de la UELICA que encabezaba Omar Gómez Trejo, y las órdenes de aprehensión solicitadas.

Las presiones militares fueron confirmadas nuevamente por los integrantes del GIEI cuando el 25 de julio pasado presentaron el sexto y último informe donde denunciaron que desde la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia se les obstaculizaba el avance en la investigación. Ante esta obstrucción deliberada para avanzar en la investigación del caso Ayotzinapa, los dos integrantes del GIEI que quedaban en México decidieron terminar con su mandato.

Pero ahora en el contexto del noveno aniversario de la masacre de Iguala, y gracias a la presión de los padres y madres de familia se abre otra oportunidad, tal vez la última, para que los militares y otras dependencias entreguen la información pendiente y se pueda terminar de armar el rompecabezas del caso Ayotzinapa.

El miércoles 20 de septiembre los padres y madres de los normalistas tuvieron un nuevo encuentro con el Presidente donde los familiares reclamaron duramente a López Obrador que la Sedena se niega a cooperar y entregar documentos claves que fueron identificados por los integrantes del GIEI.

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan presentó un resumen de ese encuentro en donde reveló que las madres y padres de los 43 exigieron al Presidente López Obrador la información que ha ocultado el Ejército mexicano. En concreto le exigieron que entreguen los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que operaba en Iguala.

Piden además otros reportes muy puntuales, entre otros una comunicación que indica que 17 estudiantes fueron trasladados a la Brecha de los Lobos; el dispositivo donde fue almacenada la comunicación intervenida; la identidad del militar que hizo la intervención telefónica a fin de que aporte más datos; los números de teléfonos que fueron intervenidos a fin de hacerles estudios y análisis para que aporten una red de vínculos más amplia; las últimas comunicaciones de Julio César López Patolzin, agente militar encubierto en Ayotzinapa, hoy desaparecido; los últimos reportes de inteligencia militar que dieron seguimiento a los estudiantes en Iguala; y, los últimos reportes del C4 que responden al momento de la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, el Presidente refutó a los padres y aseveró que “el Ejército mexicano entregó toda la información, me consta. Tengo los oficios donde solicito la información y se la voy a entregar”.

En un momento la reunión entre el Presidente y los madres y padres de los normalistas se volvió ríspida, según el relato del Centro Tlachinollan. Las madres y padres insistieron al Presidente en que el Ejército tiene información oculta importante sobre los estudiantes. “Usted está del lado del Ejército, pero debería estar del lado de las víctimas”, le dijeron. “La tensión creció en el momento en que el Presidente defendía a los militares, las familias simplemente no daban crédito. Aun cuando le decían ‘tenemos esperanza en usted, Presidente’ su postura fue leal al Ejército”.

Para zanjar el desencuentro del miércoles pasado, el Presidente les ofreció a los padres y madres que el lunes 25 de septiembre se les entregaría la información que solicitan en una reunión con la Secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, y el Subsecretario Alejandro Encinas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Fiscal General de la República.

Producto de la defensa del Presidente a las respuesta de las fuerzas armadas, los padres y madres de los normalistas decidieron instalar un plantón frente a las instalaciones del Campo Militar n°1 en la Ciudad de México desde el pasado viernes.

El sábado, durante un mitin en el Hemiciclo a Juárez en la capital, los familiares de los normalistas insistieron en su exigencia: “Reconocemos que el Estado ha avanzado en las detenciones y que hay elementos del Ejército detenidos que hoy se encuentran procesados, pero lo importante es que no han brindado esta información, y la que han dado ha sido incompleta”.

Esperan que el plantón frente al Campo Militar nº1, las movilizaciones por el noveno aniversario que se cumple este 26 de septiembre ejerzan una presión que surta efecto y que finalmente los militares cedan y entreguen la información pendiente. Y esperan que el Presidente obligue a los militares a ceder. Si no es así y este lunes se les vuelve a negar la información solicitada, se habrá perdido, quizá, la última oportunidad para llegar a la verdad en caso Ayotzinapa.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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