Como cada inicio de sexenio, el gobierno federal tiene la obligación de conformar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que en este caso será para el período 2013-2180. El Presidente Enrique Peña Nieto hizo una amplia convocatoria en distintos medios invitando a la población en general a participar en la conformación del PND presentando sus propuestas en los foros de consulta organizados desde las secretarías de Estado e incluso se puso a disposición la página web www.pnd.gob.mx como otra vía para que el ciudadano común, ese es el discurso, se haga escuchar presentando sus propuestas.
En el caso de la consulta sobre el perfil de las políticas públicas para la atención a la población con discapacidad ha habido contratiempos que aplazaron la celebración del foro. La convocatoria pública y abierta de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Conadis) se dio a conocer por fin el pasado 22 de marzo. El foro se va a realizar el 4 de abril, a partir de las 9 am en el auditorio José María Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en avenida Juárez 20, frente a la céntrica Alameda. Se invita a las OSC y a particulares a registrarse para participar con sus propuestas. Según se anuncia, se contará con la presencia de la Secretaria de Sedesol, Rosario Robles.
Aunque desde finales de febrero el director general del Conadis, Jesús Toledano Landero, había anunciado que haría una convocatoria amplia a la sociedad civil para la elaboración del PND, no lo hizo en un inicio de manera pública y abierta. Se enviaron invitaciones a algunas organizaciones civiles, no está claro con qué criterios de selección, para un foro que se realizaría el 5 de marzo. Pero los invitados empezaron a correr la voz; se generó inquietud y creció la expectativa de participar en este foro que, por lo demás, presentaba una agenda muy bien estructurada, basada en cada uno de los temas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México es más que un Estado parte, fue su promotor en Naciones Unidas.
En la era de la comunicación en tiempo real, donde el correo electrónico es básico para intercambia información, con la popularidad de Twitter, Facebook y WhatsApp, la invitación se hizo circular ampliamente y siguió creciendo a nivel nacional la expectativa sobre la oportunidad de participar, de hacerse escuchar, de aportar propuestas, en un foro de esta relevancia.
Hay que tomar en cuenta que en México el tema de las políticas públicas en beneficio del desarrollo y el cumplimiento de derechos de la población con discapacidad sigue teniendo un lugar marginal en la agenda nacional. Cabe recordar, como muestra, que en la discusión sobre la asignación presupuestal, los programas vinculados al tema, sea en el ámbito de la educación, de la salud o la rehabilitación, suelen ser los primeros en sufrir recortes o ajustes a la baja. Programas importantes para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de este grupo vulnerado –que no vulnerable– quedan pendientes para una mejor ocasión, “para cuando haya recursos”, se llega a escuchar entre los diputados.
Sigue haciendo falta una visión transversal en la asignación de recursos que permita al Estado cumplir medianamente su función en este ámbito. De hecho se han establecido algunos rubros en el presupuesto que tienen qué ver con la atención a la discapacidad, sin embargo, se conciben de forma aislada y por lo tanto no reflejan una política pública articulada, por más que ya exista un lineamiento de Hacienda para que el presupuesto contenga una visión transversal. Por este lugar marginal que se le sigue dando al tema, muchas organizaciones querían tener la oportunidad de participar en un foro nacional.
La invitación original del Conadis se vio desbordada. Llovieron llamadas telefónicas y mensajes de representantes de organizaciones desde los estados de la República pidiendo un lugar en el evento, lo cual obligó a cambiar la fecha de la convocatoria inicial al menos en dos ocasiones. Pero de estos cambios también se corrió la voz. Y dado que seguía sin darse a conocer una convocatoria abierta como la que ya tenemos hoy día, hubo incluso reclamos de quienes se sintieron excluidos. Fue el caso de organizaciones civiles de Oaxaca que enviaron un comunicado al licenciado Toledano Landero manifestando su extrañeza por no haber sido convocados y solicitando apoyo para poder viajar a la ciudad de México a fin de participar en el foro.
En un tono más crítico, la asesora en derechos de la población con discapacidad intelectual, Emma Gonzalez, señaló en un artículo periodístico que no había transparencia en la convocatoria, que parecía más bien la preparación de “un cónclave”, como el que tenía lugar en El Vaticano, lo cual estaba dando lugar a la exclusión de parte importante de la sociedad civil. Este señalamiento recibió respuesta por parte del área de comunicación social de Sedesol. Negaron que hubiera alguna intención de excluir y, por el contrario, anunciaron el 4 de abril como fecha tentativa para el foro.
Hoy ya sabemos con certeza que esa fecha es la definitiva y que todos los interesados están invitados a participar.
Más allá de este tropiezo inicial, ahora el Conadis podría capitalizar a su favor y sobre todo a favor de la población con discapacidad en México, esta reacción de las organizaciones sociales que desbordaron su convocatoria inicial. Dado que a partir de este sexenio el tema dejó de estar bajo la tutela de la Secretaría de Salud y se está inaugurando dentro de la esfera de Sedesol, una nutrida participación en el foro mandaría un claro mensaje a su titular, Rosario Robles, sobre la dimensión que debería tener la atención a la discapacidad en este país.
Desde la sociedad civil le estarían diciendo que ya no debe ser un tema de relleno en las políticas públicas, sino uno central, mejor aún, transversal, porque le compete a las Secretarías del Trabajo, de Educación, de Salud, de Comunicaciones y Transportes, por supuesto de Turismo y también de Hacienda. Si se lee bien lo ocurrido, más allá de las cifras sobre el tamaño de la población con discapacidad en México –que si son 5.1 millones de mexicanos, como arroja el Censo de 2010 o 15% de la población, como lo señala la Organización Mundial de la Salud– hay que reconocer que existe una amplia base social que está ávida de participar en el diseño de políticas públicas, que no exige promesas de cambio sino una transformación real sin mayor dilación, para que la Convención de la ONU sea “letra viva en México, que esté en las calles”, como suele decir Santiago Velázquez, destacado activista en el ámbito de la discapacidad motriz.
Al fin podrían los legisladores dejar de minimizar en la asignación presupuestal la importancia de que exista un organismo público autónomo rector de las políticas públicas en beneficio de esta población. Sedesol tendría que colocar el tema entre sus más altas prioridades y considerar que la discapacidad atraviesa todos sus ámbitos de acción: que debe estar presente en los programas de atención a madres solteras, a adultos mayores, a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Con este impulso, los gobernadores comenzarían a entender que no se soluciona nada entregando en “donación” unas sillas de ruedas baratitas, de menos de 80 dólares, de esas que se entregan para atender emergencias en países depauperados. Que lo que necesitan y exigen hombres y mujeres, niños y adultos con discapacidad, es accesibilidad en todos los ámbitos de la vida: acceso a la justicia, al trabajo, a la recreación, a la educación, a la salud y claro, también a la rehabilitación.
Otra ganancia de este proceso que, si todo marcha bien, derivará en la realización de la consulta ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo, sería el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Ese correr la voz entre OSC de todo tipo, de todas las entidades, echa por tierra la idea de que operan como grupos aisladas, que sólo ven por sus intereses, que entre colectivos de discapacidad sensorial, física e intelectual no se comunican. Por el contrario, hoy podemos constatar que tenemos una sociedad civil capaz de compartir información. Al menos, quienes están pidiendo un lugar en el foro de consulta sobre el PND fueron capaces de hacerse notar ante el Conadis. Sin duda prevalecen entre ellos puntos de vista diversos e incluso antagónicos, pero al parecer pueden confluir en el objetivo común de impulsar la agenda de derechos de la población con discapacidad.
El país está en deuda con este colectivo social, una deuda de décadas que no se salda con privilegios ni concesiones y mucho menos con simulaciones. Si el Conadis aprovecha la ocasión y favorece la articulación de esta sociedad civil ávida de aportar su experiencia al cambio social, la nueva dirección de este organismo podrá lograr lo que se planteó desde que asumió el cargo: transformar de una vez por todas las condiciones de vida de las personas con discapacidad en México con toda la fuerza del Estado. “Un México Incluyente” es una de las líneas de acción del gobierno de Peña Nieto; que demuestre en los hechos.
