En el preámbulo del Cuarto Informe de Gobierno, el capítulo de seguridad ya es calificado por observatorios ciudadanos de contener una larga lista de pendientes. Estimaciones basadas en el comportamiento de los datos oficiales prevén que el Presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con la ola de inseguridad que lo ha caracterizado.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).— El Presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, han entregado pobres resultados para respaldar la decisión de borrar la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP). A dos días del Cuarto Informe de Gobierno, los delitos de homicidios, secuestro y extorsión aumentaron en algunos estados y su seguridad depende más del orden federal. Estas son algunas de las conclusiones de un diagnóstico llamado “Balance de Seguridad del Gobierno de la República”.

Tal como lo prometió el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, en enero del 2013 un decreto dejaba sin vida a la SSP. El director del ONC Francisco Rivas Rodríguez consideró que esto generó “confusión” y “deficiencias” que impactaron en las políticas de seguridad pública del Gobierno peñista.

Y ejemplificó el caso de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que aparenta tener menor control de la seguridad del país que la propia Comisión General de la Policía Federal.

Hoy, Enrique Galindo, director de la Policía Federal fue destituido debido a la necesidad de realizar investigaciones derivadas de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tanhuato, donde 43 personas fueron abatidas por autoridades.

Compuesta por 15 observatorios estatales, la ONC prevé que este año la tasa de homicidios dolosos cierre al menos con un aumento del 3.23 por ciento en relación al 2015.

Parte del problema es la dependencia de las entidades al orden federal, que también arrastra sus propias deficiencias. “La federación debe pasar de subsanar a guiar”, expuso Rivas. Por lo que el incremento de averiguaciones previas refleja la falta de políticas públicas integrales.

Las entidades que sufrieron un mayor aumento en su tasa de homicidios dolosos respecto a la tasa nacional, entre enero y julio, fueron Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California y Morelos.

En el caso de secuestros, el diagnóstico proyectó que para el 2016 la tasa reportará 0.93 carpetas por cada 100 mil habitantes, un aumento del 7.9 por ciento en relación al 2015.

Las extorsiones, el tercer delito analizado por el diagnóstico, también incrementarían: al menos, 3.67 por ciento en relación al 2015. La organización advirtió que hubo un descenso registrado en el número de averiguaciones previas desde el 2013, sin embargo, pudieron deberse a cambios de criterios en el registro.

E hizo hincapié en el caso de Guanajuato, donde las averiguaciones previas por extorsión reportaron una drástica caída. La suma de los casos del 2014 y 2015 sólo representa el 9 por ciento registrado en el 2013.

Esta brecha se hizo más grande en estados como Michoacán, el cual en la primera mitad del 2014 presentó un promedio de 29 averiguaciones previas, a diferencia del segundo semestre, en el que registró cuatro averiguaciones previas.

El diagnóstico cuestionó la intervención federal. Entre enero y julio Guerrero y Morelos volvieron a reportar tasas de homicidio superiores a la nacional en el 2012, la primera entidad en 283 por ciento superior y la segunda en 84.4 por ciento.

FALTA DE DIAGNÓSTICOS

La falta de diagnósticos para implementar políticas públicas adecuadas tienen su origen en la opacidad, sostuvo el ONC. “Una cosa es que la autoridad llene los formatos. Pero otra cosa, es que cumpla con los ejercicios de transparencia”, expuso Rivas.

En solicitudes de vía las oficinas de transparencia con el fin de obtener información sobre protocolos e indicadores de inseguridad, el Observatorio determinó que hay procuradurías de justicia que desconocen la información.

De las 32 entidades, Nayarit es la que mayor número de dificultades presentó para la entrega de información. Le siguieron Baja California Sur, Sonora, Colima, Michoacán y el Estado de México. Mientras que entre las procuradurías más transparentes se hallan Baja California, Nuevo León y Campeche.

Asimismo, se ha vuelto difícil crear modelos de éxito que puedan ser replicables. El director del OCN aseguró que las autoridades no podrían repetir la estrategia de reducción de violencia implementada en Ciudad Juárez.

Lo único certero, reconoció, es que la ciudad fronteriza avanzó debido a la integración de sus autoridades locales en labores de seguridad. Como también sucedió en Monterrey y en Baja California, expuso.

El diagnóstico realizado enlistó entre los grandes pendientes de la administración peñista en el tema de seguridad una serie de reformas que no arrancan operaciones, así como reformas que aguardan por ser debatidas.

Entre ellas el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Ley General de Víctimas, el Mando Único Policial, la Comisión Nacional de Seguridad, así como la Policía Federal. “Es un saldo de pendientes”, dijo Rivas.

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, que transforma los juicios basados en documentos escritos hacia litigios orales, también supone un reto para los policías del país. Una reforma en el 2008 al artículo 21 de la Constitución prevé que la investigación de los delitos recaiga en el Ministerio Público y las policías.

Rivas expuso que las capacitaciones no servirán para que toda la fuerza de seguridad pública en el país esté lista, pese a que el pasado 18 de junio entró en vigor la totalidad del nuevo sistema penal, principalmente, por la falta de comunicación con la que trabajan las instituciones policiacas y las procuradurías.

Por otro lado, resaltó que la labor de la titular de la Procuraduría General de la República Arely Gómez González, que ha tenido que lidiar con un limitado presupuesto.

TERRITORIO SIN CONTROL

La intensidad de la guerra contra el narcotráfico seguirá en el resto del sexenio, de acuerdo con el ONC. Hasta ahora los avances se han centrado en el descabezamiento de grupos que rivalizaron con el Estado por el control del territorio nacional.

Hoy, el Estado no lo tiene en su totalidad, pero Rivas, consideró que los grupos del narcotráfico se han fragmentado en células más pequeñas lo que ha aminorado el riesgo de generar fuerzas paralelas al Estado.

Las células del crimen siguen apareciendo. En especial en Guerrero, Michoacán, y Tamaulipas, dijo. En donde hay una “profunda penetración”.

“Hay una incapacidad del Estado, y me refiero en su conjunto, por tener la rectoría del territorio”, expuso. En esos lugares no hubo un esfuerzo con contar con mejores fuerzas de seguridad. Y citó el caso del Gobernador priista Egidio Cantú, quien prometió una Policía Acreditable, que no estará lista cuando acabe su mandato.

Las autoridades son parte del problema y han marcado una tendencia de atropellos a los derechos humanos. Los casos más mediáticos van desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotizanapa, el 26 y 27 de septiembre del 2014, hasta los cometidos en mayo del año pasado en Tanhuato, Michoacán, recientemente reconstruidos por la CNDH.