Durante el 2010 y 2011 el penal de Piedras Negras, Coahuila, era un campo de exterminio subsidiado con dinero público, según publicaron los investigadores Jacobo Dayán y Sergio Aguayo en el informe “El Yugo Zeta” recientemente presentado.

El informe es aterrador porque confirma lo ya sabido pero ignorado: en México se cometen (y han cometido) crímenes de lesa humanidad en total impunidad. La normalización de la violencia sistemática y generalizada inhibe de manera importante la capacidad de dimensionar y actuar ante hechos que deberían trasformar nuestro entorno de manera profunda.

El informe es contundente y señala la complicidad de funcionarios locales y federales que permitió que un grupo de delincuentes (los Zeta) pudiera realizar masacres, tortura y desapariciones dentro de las instalaciones de un penal y tomar control del norte del estado de Coahuila.

Según Dayan “ (el penal de Pierdras Negras se convirtió en )… Un campo de exterminio subsidiado por el Estado mexicano a tan solo 6.35 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Eso era el Centro de readaptación social de Piedras Negras. Este penal recibió “cero” de calificación en el 2011 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH. El único con esa calificación. Nada se hizo.

El penal estaba bajo el control total de los Zetas. Entraban y salían cuando querían. Algunas veces lo hacían con la protección de custodios, el Estado subsidiaba la seguridad de Zetas al exterior del penal.

Los empleados del penal relacionados con la seguridad y control del mismo, desde custodios hasta directores, estaban amenazados y recibían dinero por parte de los zetas. El enclave del penal era utilizado por los Zetas de la región como hotel, como lugar para realizar grandes bacanales y para esconderse de operativos que se realizaban para localizarlos. ¿Quién los buscaría dentro de un penal?

El penal también era utilizado como lugar de confinamiento para personas que habían sido secuestradas. El penal era una casa de seguridad Zeta subsidiada por el Estado.

Hasta el negocio más pequeño estaba bajo su control: desde venta de droga hasta cerveza, comida, golosinas, refrescos, cigarros, café y tarjetas telefónicas, así como cuotas semanales por luz y agua, el uso del área de visitas conyugales o la simple estadía en el penal. Los Zetas rentaban las instalaciones del Estado.”

Segú el informe, en mayo de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la Recomendación General 30/2017 ―Las condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la república mexicana. En el 2015 había en el país 362 centros de detención. La CNDH visitó 154 y encontró que 71 tenían autogobierno y/o cogobierno. Estableció tres categorías de riesgo: alto (autogobierno), medio (cogobierno) y bajo (ausencia de autogobierno/cogobierno).

La CNDH añade que ―el problema de las condiciones de autogobierno/cogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada … quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades.

También asegura que ―esta situación, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se presentaría particularmente en los estados del norte del país donde hay una fuerte presencia de delincuencia organizada.

Una vez presentado el informe, el gobierno del estado de Coahuila emitió un comunicado “saludando” el informe y confirmando que hay investigaciones abiertas por los casos narrados que sucedieron en 2010-2011. La Secretaría de Gobernación (Segob) prefirió guardar y no reconocer el contenido del informe.

Es difícil pensar que en un sistema democrático información que señala la ingobernabilidad en un territorio y en una instalación pública no merezca una respuesta de las más altas esferas políticas del país.

Sin embargo, aquí, en el país donde no pasa nada… una vez más, nada pasa. La cobertura mediática fue tangencial, la oposición política ni se inmutó de lo que se hablaba y el gobierno prefirió enterrar la cabeza en la tierra en lo que el vendaval pasaba.

El informe presentado por los investigadores sigue arrojando información muy importante sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira. Un ejemplo más de cuando la sociedad civil (en este caso dos académicos preocupados por los derechos humanos) hace un trabajo profesional y fundamental para entender lo que pasa en nuestro país. Esto a pesar del intento por parte de las autoridades y algunos medios de comunicación de normalizar la violencia sistemática que padecemos día a día.

Sin embargo, a pesar de contar con la evidencia irrefutable de hechos que explican la ingobernabilidad que se vivó durante esos años, sigue faltando el elemento que fuerce el cambio en el diálogo público y que a su vez haga que las cosas cambien.

El sistema político tiene la capacidad para amortiguar golpes tan duros como el informe citado o alguna pieza periodística. Por esa capacidad para tragarse todos los golpes es por lo que sentimos que nada pasa en este país. Hasta que no unamos fuerzas (políticas, mediáticas, ciudadanas) la capacidad de adaptación del régimen seguirá siendo los suficientemente ágil para mantener el estatus quo. En otras palabras, si no nos unimos seguiremos perdiendo.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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