En materia de derechos humanos México gasta aproximadamente 100 millones de dólares anuales (comisiones nacional y estatales), es decir, unos mil trescientos treinta dos mil millones de pesos, esto según el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Un seguimiento histórico del presupuesto la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México desde 1996 a 2010, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C (CIDE), estima que los gastos de dicha organización  se han incrementado hasta en un 128%.

México es uno de los países latinoamericanos que más invierte en las organizaciones que se encargan de vigilar el cumplimiento de los derechos primordiales de las personas. Sin embargo, es también el país con más demandas ante la CIDH; 20% del total de las quejas que llegan a este organismo internacional provienen de nuestro país. Precisamente uno de los objetivos de los organismos defensores de los derechos humanos, consiste en emitir recomendaciones que tengan trascendencia y “obliguen” a la autoridad quebrantadora a subsanar su mal actuar. No obstante, que las demandas no se atiendan a nivel nacional y tengan que recurrir a la CIDH, supone un inadecuado impacto-influencia de las recomendaciones que la Comisión Nacional realiza.

Es bien sabido que las violaciones a los derechos humanos mayoritariamente se dan en los centros penitenciarios del país, mismos que dejaron de tener la aspiración de reinsertar mediante tratamiento clínico al sujeto, y se dedicaron solamente contenerlos. Los reclusorios  mexicanos colapsan. Según un informe que realiza la misma CNDH y que titula Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, las cárceles padecen de: hacinamiento a gran escala, carencia de personal, nula gestión de proyectos de prevención de la violencia; casi en el 100% de los reclusorios supervisados se consumen drogas sin ningún tipo de control; deficiente o nula intervención clínica criminológica para los internos, y autogobierno/cogobierno en más del 50% de los reclusorios del país.

Resulta paradójico que se inviertan cantidades exorbitantes en la procuración de los derechos humanos de nuestro país, y uno de los problemas más importantes por el cual las cárceles están crisis, sea precisamente que “el gasto en equipamiento, tecnología e infraestructura es insuficiente para atender el número de internos con las condiciones mínimas establecidas en la Ley”, como lo reporta la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en su capítulo Programa Nacional de Infraestructura de Seguridad de su Proyecto de Infraestructura (2012).

Para 2013 el presupuesto aprobado para la Administración del Sistema Federal Penitenciario  es de 16 mil 487.1 mdp., sin duda insuficiente, pero basándonos en la experiencia de la CNDH y homólogos estatales, aún con su bondadosa tajada presupuestal, deducimos que ¡mucho dinero no significa mucha eficacia!, al menos eso viene a ventilar el CIDE con la reciente visita de su secretario ejecutivo.