La supuesta elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio tiene un elemento peligroso que tiene que ver con la manera en que los mexicanos nos hemos organizado para calificar las elecciones.
Fue en la década de los noventa del siglo pasado cuando nuestro país puso en operación algo que había sido un reclamo de décadas por parte de la izquierda y la derecha republicana, liberal y demócrata en México. A saber: el sufragio efectivo.
El objetivo era terminar con la simulación democrática en la que, como dice un dicho reciente: "ya estaban los resultados y sólo faltaban las elecciones".
El primer momento importante, a nivel de elecciones federales, fue 1988, donde hubo la percepción de muchos de que el candidato presidencial ganador no había obtenido la victoria.
Más allá de quién triunfó, lo claro para muchos fue que no había un mecanismo neutral, independiente y eficaz para calificar las elecciones. Fue entonces que, siguiendo lo que era claramente un mandato popular de la sociedad mexicana, se llevó a cabo un proceso para crear una institución que realmente pudiera organizar elecciones limpias en el que el ganador declarado fuera el ganador verdadero. De ahí nació el IFE que luego cambió su nombre por el de INE.
Qué esta institución funcionó muy bien fue claro cuando diferentes partidos y candidatos - y no sólo uno - fueron declarados oficialmente triunfadores en elecciones a todos los niveles: municipal, estatal y federal.
En el 2000 se concretó la alternancia a nivel de elecciones presidenciales, cuando por primera vez en más de 70 años prevaleció un candidato que no era del PRI.
El IFE-INE se convirtió en una institución respetada y de gran prestigio fuera de México y algunos de sus especialistas y funcionarios fueron asesores de instituciones análogas en otras latitudes del planeta.
En 2018 incluso llegó al poder un grupo de políticos que hicieron campaña aduciendo que el órgano electoral mexicano - orgullo de los ciudadanos - era fundamentalmente corrupto. Se trató de una ironía que todavía no se aquilata en su verdadero peso.
Al llegar al poder, el grupo gobernante decidió transformar el órgano electoral independiente en uno que ya no tuviera la capacidad financiera, logística y política para organizar y calificar eficientemente elecciones.
Aunque muchas personas de buena voluntad han criticado algunos problemas en la organización del INE, siempre se ha considerado que este funcionó bien, pues se ideó un proceso muy complejo que aseguraba que el resultado fuera fidedigno.
Pues bien, las "elecciones" del Poder Judicial son realmente las primeras en que los altos estándares de calificación que se había impuesto el INE se han relajado tanto que realmente no se puede asegurar que se evite el fraude electoral.
El problema grave es que con esta elección se puede sentar un precedente para la organización de elecciones futuras, donde ya no existan las salvaguardas que aseguran un resultado fidedigno. Sería muy peligroso para la democracia mexicana que las elecciones federales del 2027 se organizaran con los estándares con las que se van a organizar las del próximo 1 de junio.
Es muy importante entonces que, una vez "elegido" el Poder Judicial, nos aseguremos que el proceso electoral en el 2027 - y posteriores - se realice con los más altos estándares que habían sido característica de nuestro árbitro electoral. Lamentablemente, existen fuerzas que harán muy difícil que esto sea así.
