El sino del escorpión no deja de escuchar las críticas —muchas reiterativas y mal informadas —, que los “anarco-capitalistas”, los representantes de la extrema derecha, los potentados enriquecidos y demás “oposición”, dirigen al Estado mexicano, aunque, si nos atenemos a la definición clásica, el Estado se conforma por gobierno, pueblo y territorio, luego entonces las críticas se encaminan más específicamente al Gobierno del país y a quienes lo conforman hoy en sus tres niveles: federal, estatal y municipal.
Por todo ello, el alacrán se abocó a indagar quiénes y cuántos son los empleados de ese leviatán, como lo calificó Thomas Hobbes en su memorable obra de 1651. Aunque no hay cifras consolidadas y exactas, fatigando los reportes de la Población Económicamente Activa (PEA), datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), boletines oficiales y notas periodísticas, el escorpión pudo acercarse a cifras realistas y probables.
En México, el aparato estatal emplea a poco más de 5.5 millones de personas, lo que representa el 9.02 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) que es de 61.1 millones de personas (marzo 2025). La cifra incluye a docentes, personal médico, enfermeras, policías, burócratas, trabajadores de organismos autónomos y empleados de empresas productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), más representantes electos a los congresos federal y estatales, presidentes municipales y síndicos.
El sector educativo público concentra la mayor proporción de trabajadores, con alrededor de 1.5 millones de docentes en todos los niveles. Le sigue el ámbito de la administración pública federal, que agrupa a cerca de un millón de empleados en funciones administrativas, operativas y de gestión. En el ámbito de la salud pública, se estima que hay 430 mil médicos y enfermeras, mientras que el personal administrativo y paramédico de instituciones como el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud suma alrededor de 500 mil trabajadores.
Los gobiernos estatales y municipales cuentan con aproximadamente 1.2 millones de empleados en funciones administrativas y operativas en servicios locales. En materia de seguridad pública —incluyendo policías y elementos de la Guardia Nacional— se cuentan cerca de 400 mil efectivos. Los organismos autónomos y técnicos que aún sobreviven, como el INE, la CNDH y las universidades públicas, reúnen alrededor de 300 mil trabajadores, lo que refleja la diversidad institucional del Gobierno mexicano.
En cuanto a las empresas estatales, Pemex cuenta con unos 125 mil empleados, mientras que la CFE emplea a cerca de 90 mil personas. Por lo que toca al número de representantes electos que deben considerarse dentro del universo del empleo público, México cuenta con 500 diputados federales y 128 senadores que integran el Congreso de la Unión. A nivel estatal, existen en cerca de mil 100 diputados locales, aunque la cifra de legisladores varía según la entidad federativa. En el ámbito municipal, hay 2 mil 470 presidentes municipales, uno por cada municipio del país. A ellos se suman decenas de miles de síndicos y regidores, cuya cantidad depende del tamaño y composición de cada cabildo.
En conjunto, el total estimado de empleados públicos en México asciende a 5 millones 515 mil, lo que da cuenta de la magnitud y complejidad del aparato estatal. No obstante, con este 9.02 por ciento de PEA empleado por el Gobierno nuestro país se ubica en un rango medio-bajo en una comparación internacional. En países nórdicos como Noruega, Suecia o Dinamarca, el empleo público supera el 25 por ciento de la fuerza laboral, mientras que en Estados Unidos ronda el 15 por ciento y en América Latina países como Argentina, Brasil o Uruguay tienen proporciones superiores al 10 por ciento.
Más allá de su dimensión administrativa, insiste el alacrán, el empleo público funciona como un termómetro social. Su distribución revela las prioridades del Gobierno, sus capacidades reales y sus limitaciones estructurales. En México, el predominio de educación, salud y energía en la nómina estatal refleja una vocación social, pero también una concentración funcional que deja rezagadas otras áreas clave.
Pero el empleo público tiene, además, un efecto multiplicador en las economías locales, especialmente en municipios donde el gobierno es el principal empleador. Por ello, su fortalecimiento no solo es deseable desde una perspectiva institucional, sino también como estrategia de desarrollo regional.
En el debate público, el empleo estatal suele ser objeto de críticas por su tamaño, costo o presunta ineficiencia. Sin embargo, una mirada más rigurosa nos permite reconocer su papel esencial en la cohesión social, la provisión de derechos y la estabilidad económica. En lugar de reducirlo por inercia del neoliberalismo, por impulsos de austeridad que lo sofocan, o por moda “anarcocapitalista”, deberíamos preguntarnos mejor si el modelo de Gobierno en su estado actual es capaz de hacer frente al tiempo cambiante y vertiginoso del nuevo siglo, y, en consecuencia, pensar en cómo transformarlo para hacerlo más justo, eficaz y sostenible.
Las narrativas del “Estado obeso” o del “Estado austero” han sido útiles para denunciar excesos, pero insuficientes para construir alternativas. El venenoso reitera que necesitamos un Gobierno inteligente, capaz de combinar austeridad con inversión estratégica, y de formar servidores públicos que respondan a las complejidades del presente. Lo que hoy tenemos es un Gobierno-Estado con fragmentación institucional, desigualdad territorial, precarización laboral y falta de transparencia.
Necesitamos repensar al Estado y al Gobierno —también desde su estructura laboral—, para responder a los desafíos contemporáneos como el cambio climático, el deterioro de los territorios a consecuencia del extracción intensiva de los recursos naturales y la explotación turística irracional, el irresuelto problema de un crecimiento económico destinado al agotamiento y al fracaso, la urgente distribución más equitativa del ingreso, y las disruptivas innovaciones tecnológicas (inteligencia artificial, digitalización de las instituciones, automatización de las empresas, de las universidades y de la misma vida cotidiana).
A los anteriores aspectos, si se quiere técnicos, habría que agregar también la crisis de representación política de los Congresos, los partidos políticos, las instituciones gubernamentales mismas y hasta las ideologías. Vivimos desde 2006, pero con más urgencia vital hoy, en un tiempo que nos exige repensar al Estado y al Gobierno de México con miras a su sobrevivencia y perdurabilidad.
