Mientras algunos en la izquierda no alineada al morenismo aún esperan un golpe definitivo sobre la mesa de parte de Claudia Sheinbaum frente a los designios de Palenque, la popularidad de la Presidenta cae irremediablemente, así sea en pequeños porcentajes, de manera sostenida, en aspectos tan sensibles como el manejo de la seguridad pública, la corrupción, la economía y el desempleo.
Y el eco del que se hizo objeto La Jornada por parte de Forbes en el último listado de 2024 sobre la fortuna de un puñado de supermillonarios mexicanos que se había incrementado durante el sexenio de López Obrador, junto con la reciente “reubicación” de Pablo Gómez de la UIF a la cabeza del proyecto para elaborar la Reforma Electoral, muestran una serie de lecturas entre líneas –y ni tanto– sobre las herencias lopezobradoristas que aún pesan como recetas en las prescripciones que salen del Palacio Nacional.
Sobre la información manejada por Forbes, la revista norteamericana que se especializa en negocios y finanzas, desde 2024 se reveló que la riqueza en México sigue estando concentrada en unas cuántas manos –20 familias para precisar– y que éstas ni siquiera se doblaron a pesar de la “mayor crisis económica mundial en nueve décadas” y una inflación que “barrió con el poder adquisitivo de los ingresos laborales”.
Según esa lista, este grupo de millonarios superó en 38.9 por ciento los 141 mil millones de dólares que había en manos de 16 personas o familias al inicio de la Administración de AMLO. Es decir, durante ese periodo gubernamental hubo un “incremento en el número de multimillonarios y en el caudal de cada uno”.
Por primera vez, replica La Jornada, la riqueza de Carlos Slim y su familia supera los 100 mil millones de dólares, aunque el empresario, quien llegó a ser el hombre más rico del mundo, ya no se encuentra entre los 10 primeros del listado global.
A lo largo del sexenio pasado, nuevos nombres se sumaron, como el de los hermanos Coppel Luken; pero otros desaparecieron, como el de Emilio Azcárraga Jean, quien era dueño de Televisa. Pero independientemente de los cambios a lo largo de la tabla, las constantes son los nombres Carlos Slim y Germán Larrea, encabezando la primera y segunda fortunas más grandes de México, señala el medio.
Hasta Ricardo Salinas Pliego, que mantiene millonarios litigios con el SAT por adeudos que suman 63 mil millones de pesos, aumentó su riqueza durante el Gobierno de López Obrador en un 88.7 por ciento, al pasar de siete mil a 13 mil millones de dólares. Según cálculos de Forbes, con sólo el 28 por ciento de ese monto Salinas Pliego podría liquidar el crédito que el fisco le reclama.
Las fortunas de Slim, Larrea y Pliego –las tres más grandes del país, de acuerdo con Forbes– tienen en común que su principal empresa está fundada en concesiones de bienes públicos, como el espectro radioeléctrico y las minas. Como ejemplo están Telmex, Grupo México y TV Azteca, respectivamente. Estas concesiones fueron otorgadas durante el Gobierno más neoliberal de México, el de Carlos Salinas de Gortari, “líder de la mafia del poder”, según acusaba constantemente López Obrador.
Pero AMLO, el operador del supuesto cambio en el país, mantuvo las cosas intactas para el poder económico desde que tomó protesta en 2018. Muchos habrán de recordar las reuniones que López Obrador como Presidente sostuvo con empresarios y banqueros, y las ocasiones que éstos tuvieron para agradecerle el “no cambiar las reglas del juego”.
Al respecto, un informe de OXFAM México (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Oxford Committee for Famine Relief, por sus siglas en inglés) publicado en enero de 2024, enfatizó que la “extrema desigualdad” que hoy vive México “es resultado de transferencias masivas de riqueza del Gobierno mexicano a un pequeño grupo de magnates” que se “han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos”.
Hoy, las constantes y veleidosas amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump a México han provocado momentos de crisis de este lado del Bravo y han sido los mismos empresarios quienes han salido a apoyar a Sheinbaum en una relación que, por ahora y bajo esas circunstancias, no parece que vaya a sufrir modificación alguna a como la dejó el mandamás de Palenque. El compromiso, pues, es mayúsculo.
En cambio algunos ven un giro distinto en la política interna con la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para reubicarlo en lo que parece el último acto protagónico del otrora crítico de la Reforma Electoral para encabezar, paradójicamente, la Comisión Presidencial que presentará dicha reforma, seguramente durante el próximo periodo legislativo en septiembre.
Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de las relaciones con Estados Unidos, el uso de estas cifras han de ser interpretativas. Por ejemplo, en octubre de 2024 Sheinbaum tenía una popularidad de 70 por ciento y se disparó hasta 85 por ciento en febrero de 2025. No obstante, desde esta última fecha hasta el mes de julio pasado, según la más reciente encuesta de El Financiero, la popularidad de la Presidenta ha sufrido una caída sostenida de 10 por ciento hasta llegar, justamente, a ese 75 por ciento que se divulga como si fuera algo definitivo.
En contraste, su desaprobación también ha sido sostenida: aunque en octubre de 2024 las cifras negativas reportaban 24 por ciento, en febrero bajó a 15 por ciento. Pero desde ese mes y hasta julio pasado, la desaprobación de Sheinbaum también fue creciendo sostenidamente hasta alcanzar los mismo 24 puntos porcentuales desde el inicio de su Administración.
Sin embargo, los temas más sensibles están en otro lado. En el tratamiento de la economía, la encuesta señala una aprobación del 65 por ciento a julio de este año, pero en realidad son 11 puntos menos que en febrero de 2025, su cresta máxima de 76 por ciento.
En el caso del manejo de la corrupción, Sheinbaum gobierna un país donde la población estima en un 66 por ciento que se ha hecho muy mal, otra vez contra 11 puntos de diferencia respecto a enero, que registró 56 por ciento. Incluso entre quienes aprueban el manejo de la corrupción por parte del Gobierno federal sufrieron una baja de 10 puntos porcentuales entre enero y julio de este año, al pasar de 35 a 25 por ciento respectivamente.
El tratamiento de la seguridad pública divide la opinión de los encuestados con 47 y 46 por ciento entre quienes aprueban y reprueban, respectivamente, las gestiones en ese rubro. La postura a favor no supera siquiera el 50 por ciento.
Otro tema asociado a la inseguridad lo representa el manejo del crimen organizado, donde los encuestados reprueban con un 73 por ciento lo hecho por la Presidenta hasta este momento. No sólo eso, los niveles de aprobación en este aspecto también van en declive si comparamos el 35 por ciento que se registró en abril pasado con el 21 por ciento de julio.
Hasta el tratamiento de los apoyos sociales han sufrido un declive más o menos continuo, al pasar de 86 por ciento –su máximo nivel en enero– al 75 por ciento en julio; aunado a la desaprobación que pasó de 10 a 17 por ciento en el mismo periodo.
En suma, la inseguridad pública, la economía y el desempleo y la corrupción ocupan, en ese orden, los temas de preocupación de la sociedad mexicana. Y Sheinbaum no lo está haciendo tan bien.
