La arqueología del crimen organizado invariablemente demuestra fehaciente y reiteradamente que detrás de sus negocios siempre, siempre, hay una buena dosis de sangre.
Será que es su esencia, su naturaleza, el summum, de los intereses individuales o colectivos en juego por obtener, cada uno de ellos, la mayor tajada en esos negocios.
En eso radica la fortaleza y, también, su debilidad porque en el crimen organizado posmoderno, es decir, el crimen del capitalismo salvaje ya no tiene ningún código de honor o lealtad, es simplemente obtener la máxima ganancia con el mínimo esfuerzo.
Es llanamente, interés, ambición, y se parece mucho a nuestra política, donde se puede cometer cualquier tropelía y decir para salvarse, sin rubor alguno, una mentira cada vez más grande.
Acaso, en México ¿no estamos en esa fase donde todo se vale y hay una suerte de política neoliberal donde los políticos practican el “todo se vale” y mienten sin rubor alguno?
La semana pasada, estalló un nuevo escándalo, el escándalo del “huachicol fiscal”, que durante la gestión presidencial de AMLO se dijo -cuando todavía estaban las llamas y gritos de dolor de los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo- que este tipo de robo llegaba a su fin y con él, el Estado mexicano recuperaba el control de la red de distribución de Pemex.
Y ahora sabemos que era falso, que el verdadero negocio estaba en introducir gasolinas y diésel desde Estados Unidos como “petroquímicos libres de impuestos” y luego recibirlos en ocho puertos y distribuirlos a través de la red de gasolineras obteniendo su tajada funcionarios aduanales, guardias nacionales, políticos del primer círculo del poder…
López Obrador, quizá cuando asumió el cargo de Presidente no sabía del huachicol fiscal y lo sorprendieron los acontecimientos trágicos de Hidalgo. Y probablemente vio en la tragedia una oportunidad para alimentar su relato “patriótico” sobre los recursos naturales y actuó, en consecuencia, mandó a cerrar ductos, militarizó las refinerías y la Fiscalía abrió expedientes contra funcionarios corruptos.
Y luego, como era de esperar, se desplegó una campaña intensa que hizo ver al Presidente como un político decidido a combatir la corrupción en todos los ámbitos y en especial, en las empresas públicas, pero si bien esa campaña redituó beneficios de imagen provocó también estallidos de violencia en varios estados del país donde los cárteles del crimen operaban el robo de combustible.
En Guanajuato, por ejemplo, el cártel de Santa Rosa de Lima inició una guerra contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación y las carreteras se llenaron de cuerpos baleados, decapitados y quemados. Los homicidios dolosos alcanzaron cifras récord, más de 30 mil homicidios dolosos por año y buena parte ligados al robo de combustible.
En Hidalgo y Puebla, los pueblos del llamado Triángulo Rojo, se convirtieron en territorios sitiados por la Marina y el Ejército.
En Veracruz y Tamaulipas, las viejas redes del huachicol ligadas al cártel de Los Zetas empezaron a ser desmanteladas y varios de sus líderes murieron en enfrentamientos oficiales, aunque, también se habló de ejecuciones extrajudiciales.
El costo humano fue brutal. Los gobiernos de estos estados hablaron de “depuración”, pero en la práctica se trató de una guerra por el control del huachicol: las viejas complicidades políticas caían, pero otras se levantaban. El negocio no desapareció: cambió de manos y es cuando apareció lo que estamos viendo que ya no son los cárteles tradicionales sino también personajes vinculados a las instituciones públicas y a la política.
Y AMLO, vio la dimensión y como buen político, miró una oportunidad para su proyecto.
Una parte de ese dinero habría servido para el financiamiento ilegal de campañas políticas en 2021 cuando Morena obtuvo triunfos contundentes en once de los quince estados en disputa electoral y, llamaron la atención los triunfos alcanzados en los estados fronterizos y la costa del Pacífico porque se hiló con el negocio de las metanfetaminas y el fentanilo.
Y así, Marco Rubio se apersonó en Palacio Nacional como flamante Secretario del Departamento de Estado.
Y algo debió ocurrir en este cónclave de primer nivel porque inmediatamente después de esa reunión se activaron una serie de órdenes de aprehensión contra altos mandos de la Guardia Nacional, empresarios, funcionarios de Gobierno y, sorprendentemente, algunos de los que habían denunciado en 2022 y 2024 “mueren” en condiciones extrañas. Uno se suicida y otro, se pega un tiro “accidentalmente” en un campo de entrenamiento.
Se rumora que Marco Rubio vino a Palacio Nacional para mostrar expedientes de investigación criminal y plantear exigencias en materia energética frente a la revisión del TMEC en la próxima primavera -dicho de paso, esta semana Marcelo Ebrard por su lado anunció aranceles de hasta del 50 por ciento a las importaciones asiáticas especialmente las chinas lo que por supuesto no fue del agrado en Pekín.
Y todo esto, trae un efecto dominó por el andamiaje corrupto que se necesita para una operación del tamaño de lo revelado hasta ahora que podría alcanzar el valor de muchos Fobaproa, Segalmex, Estafa Maestra…
Así que sí en el pasado los muertos eran miembros de las comunidades rurales donde se extraían artesanalmente los carburantes de los ductos, ahora son personas públicas directamente vinculados a la parte operativa del procesamiento, traslados y comercialización de diésel y gasolinas.
Claudia Sheinbaum y Alejandro Gertz Manero, han salido al paso para intentar instalar una narrativa en favor de las instituciones y sus responsables dando por sentado que unas “manzanas podridas” no representan nada para la fortaleza del Estado mexicano.
En definitiva, sólo nos resta cerrar con Marx aquello de que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, como vemos en la activación del distractor del amparo de Andy López.
