Existe un choque de trenes entre las políticas de salud pública, dirigidas a reducir el consumo de los productos que hoy son la principal causa de enfermedad y muerte, y las estrategias comerciales de las corporaciones que buscan aumentar las ventas de esos mismos productos para obtener mayores ganancias.

Hasta hace unos años, eran principalmente los organismos internacionales y nacionales de salud, desde la Organización Mundial de la Salud hasta el Instituto Nacional de Salud Pública de México, los que recomendaban gravar con impuestos a las bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol, por ser una medida comprobada y efectiva para reducir su consumo y los daños asociados.

A esta recomendación de los llamados "impuestos saludables" se han sumado el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, impulsados por una razón imperativa: las naciones no pueden cubrir los costos de los daños provocados por el consumo de estos productos. No existen los recursos financieros para un sistema de salud que pueda enfrentar esta carga. En otras palabras, para los expertos en finanzas públicas es urgente establecer estos impuestos. Su objetivo es doble: reducir los daños sanitarios, lo que disminuiría el gasto en salud dedicado a ellos, y, al mismo tiempo, fortalecer las finanzas públicas.

Frente a este escenario, la estrategia de la industria se ha enfocado ahora, más que nunca, en atacar al mensajero y no al mensaje. Intenta desviar la atención del problema de salud y de la evidencia que respalda las políticas públicas, hacia ataques personales y contra fundaciones reconocidas internacionalmente por su labor en salud. Puede encontrar más información en la videocolumna.