La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una relación colaborativa entre gobiernos y empresas.
La historia así lo enseña. De los países nórdicos a los tigres asiáticos; de Estados Unidos a la Unión Europea, las sociedades prosperan cuando el ambiente de negocios incentiva la inversión.
En la historia mexicana hemos visto más bien ciclos en que la cooperación entre el gobierno federal y el sector productivo es a veces amigable y a veces hostil.
Fue el Presidente Miguel Alemán el que comenzó a cuidar que la relación fuera lo más satisfactoria posible. Con él se sentaron las bases de una economía de mercado más o menos funcional. Sus tres sucesores hasta 1970, con diversas variaciones, elaboraron sobre el patrón heredado por él. Fueron los años del llamado desarrollo estabilizador, en el que México creció a tasas de más del 6 por ciento anual con estabilidad de precios.
Este ciclo de buenas relaciones entró en decadencia con la llegada de los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José López Portillo. Son varios los episodios que se pueden citar en el que la colaboración entre sus gobiernos y los empresarios bajó a mínimos históricos. Habría que destacar un momento que esperemos no se vuelva a repetir: la nacionalización de la banca.
Con los Presidentes Miguel De la Madrid y Carlos Salinas de Gortari regresamos a la parte del ciclo caracterizado por la buena voluntad entre las partes. El símbolo de ello fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y un modelo que promovió las exportaciones, no sólo a nuestro vecino del norte, sino a todo el mundo. México se convirtió en el país con más tratados de libre comercio suscritos sobre la faz de la tierra.
De Zedillo a Peña Nieto se aprovechó, aunque de ninguna manera de la mejor forma posible, el nuevo paradigma de las relaciones gobierno-empresas. Una de sus características consistió en ir avanzando en el fortalecimiento del Estado de Derecho, sin el cual no hay seguridad ni confianza para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
Pero el ciclo mexicano volvió a dar un viraje como resultado de las elecciones en el 2018. Una vez más, como sucedió en los 70s, el Estado mexicano comenzó a sugerir que las virtudes empresariales dañaban más que ayudaban al país. Por ejemplo, el Presidente de la República famosamente fustigó a quienes, por mérito propio, lograron irse a estudiar al extranjero con el fin de prepararse mejor. Este tipo de comentarios son antitéticos a cualquier política de promoción empresarial.
Uno de los desafíos que tendrán que enfrentar los empresarios, al menos en lo que resta del sexenio, es una Suprema Corte de Justicia de la Nación que no parece entenderlos.
Dos ejemplos recientes de esto vienen a la mente. En primer lugar, el caso Samsung, compañía tecnológica de gran valor que enfrenta un conflicto con el SAT por presunta doble tributación bajo el programa IMMEX. Más allá de si la compañía termina o no teniendo la razón, lo cierto es que el contexto en que ocurre este litigio hace pensar en los problemas fiscales que tiene el gobierno para financiarse y poder hacer frente a sus obligaciones. Otro caso, igualmente preocupante, es el de FEMSA, en donde una de las Ministras de la SCJN, atrajo un caso que ya había rechazado y que tiene que ver con un supuesto adeudo millonario de esa empresa.
Dejar la ley al capricho de Ministros a los que aparentemente les urge sacar dinero de las piedras en detrimento de un ambiente de negocios propicios para la inversión es un problema muy grave.
Lo deseable es que pronto iniciara un nuevo momento del ciclo mucho más favorable para los empresarios e inversionistas y también para el propio gobierno. Todos saldríamos ganando.
