Cada año que empieza es una suerte de promesa, boda, luna de miel, y es que todos anhelamos lo mejor para uno y los demás. Lo sellamos con rituales graciosos, y un apretón de mano y un fuerte abrazo. Y empezamos de nuevo la cuenta regresiva con sus triunfos y fracasos.
Está documentado que el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación es insuficiente, como antes lo fue el del PRI o el PAN, no sólo para revertir la tendencia, sino para generar un efecto contrario por la captura partidaria de las instituciones del Estado mexicano.
Y es que el proceso de autocratización expresado en esa captura institucional complica la situación en distintas dimensiones. Y eso, aun buscando ser optimista, no es una buena noticia. Recordemos que la estabilidad de un sistema político radica en la capacidad de generar soluciones institucionales a los problemas estructurales de su sociedad. No al revés. Capturarlas, no para ofrecer soluciones de consenso, sino las que necesita la élite para conservar el poder. Veamos un puñado de estas y su manejo.
La más apremiante para la mayoría de los mexicanos, quizá, es la pérdida progresiva del monopolio legítimo de la violencia. El Estado lo comparte de facto con los grupos del crimen organizado. Este, ya no es sólo un actor violento, como ocurría en el pasado, sino un poder territorial que regula la política, las economías regionales, la movilidad territorial, el trabajo de segmentos sociales y hasta la vida cotidiana de las poblaciones capturadas por los cárteles.
El Estado mexicano conserva una presencia formal: mantiene una burocracia, cobra impuestos, organiza elecciones, genera representación política, dota de servicios públicos; pero, paulatinamente, abandona, produciendo una gobernabilidad frágil por la coexistencia con el poder fáctico.
La segunda tensión es la que corresponde a la dualidad centralización política versus debilidad institucional. Y es que, como alguna vez lo dijo el expresidente López Obrador, a la hora de gobernar prefería la lealtad, sobre la capacidad técnica. Un contrasentido en razones de Estado.
Esto ha significado un daño mayor, dado que bajo ese principio han llegado al poder no los más capaces, sino los más leales, incluso muchos corruptos. Cuando una democracia que se precie de serlo reclamaría avanzar a lo que se denomina Servicio Profesional de Carrera.
Que en México no ha existido salvo excepcionalmente en algunos órganos autónomos, por cierto, puestos en entredicho por su desaparición o captura institucional.
Ante esta debilidad estructural los gobiernos de la 4T han optado “para combatir la corrupción” por una mayor militarización en las obras de gobierno bajo la premisa de que los “militares son patriotas” que embona perfecto con la narrativa de bienestar y la austeridad republicana.
Una tercera tensión estructural está en él dualismo legalidad formal versus impunidad estructural. Es decir, el sistema jurídico opera más como ritual que como garantía para los ciudadanos. Y es que, como lo vimos a lo largo de 2025, delitos como el llamado huachicol fiscal o la notoria connivencia de políticos con miembros del crimen organizados para la mayoría serán expedientes para el olvido. Quedarán impunes.
Las fiscalías son vistas como “tapaderas” y materia de impunidad. Entonces, los ciudadanos de a pie prefieren no denunciar porque no esperan justicia, incluso, en muchos casos, temen hacerlo para no ser alcanzados por el crimen o sus testaferros políticos. La ley, si bien existe, no ordena la vida de los mexicanos.
Una cuarta tensión se desprende de la matriz transición política versus continuidad del modelo justiciero cuatroteísta. La Presidenta Sheinbaum en el arranque de su gobierno prometió continuidad con cambio, pero, contradictoriamente, sostiene los compromisos de AMLO con actores políticos, económicos y militares, que, sin duda, han limitado su margen de maniobra política al grado que no tiene un equipo de gobierno propio y da la sensación fundada de que el poder no está en Palacio Nacional sino en Palenque.
Es decir, la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, que no se discute qué generó expectativas, chocó inmediatamente con la realpolitik, con los intereses de los poderes reales, significando un problema de conducción institucional para la gobernabilidad democrática.
La quinta tensión estructural se encuentra en la dialéctica de la polarización política y la fragmentación social. Ante el cúmulo de demandas insatisfechas hay un incremento en la confrontación discursiva contra distintos actores de la vida pública como una forma de repartir culpas. La polarización desde las nuevas instituciones divide a la sociedad entre buenos y malos, pobres y ricos, progresistas y conservadores, ladrones y honrados, chairos y fifís… rompiendo el necesario diálogo democrático. Lo que impide algo indispensable en política, que es la construcción de consensos, para garantizar la estabilidad y gobernabilidad política.
Y al no existir consensos se impone la lealtad o, peor, la sumisión al poder. Que en términos prácticos ha significado un mayor debilitamiento de las instituciones y un fortalecimiento de esa mancuerna que convive en regiones enteras que son la violencia y el autoritarismo político.
Existen otras tensiones estructurales que reclaman, como dice el manual, más democracia. Más negociación. Más acuerdo. Y, también, menos polarización, menos rollo, menos calificativos, menos tensión, menos odio.
No sería mucho pedir como regalo en este año, un alto en el camino y reflexionar sin anteojeras ideológicas sobre las consecuencias de los actos de gobierno.
