No estaría mal evocar la experiencia de la reforma electoral de 1977 que sirvió para que México pudiera moverse más tarde hacia un régimen democrático, liberal y republicano.

Hay que contrastar cómo se originó esa virtuosa reforma con la que anunció el gobierno actual que se realizaría este año. Aquella se hizo necesaria debido, en gran parte, a la presión de diversos grupos cívicos y políticos que solicitaban, desde abajo, una mayor pluralidad democrática que se ajustara a la verdadera diversidad de la sociedad mexicana. Sus reclamos fueron escuchados y atendidos por aquel gobierno, en particular por el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que tenía sus propias ideas en la misma dirección. Así, se introdujo la representación proporcional (plurinominales) para incluir a minorías y legitimar la participación política, marcando el fin del partido hegemónico y el inicio de un sistema más plural.

En contraposición, la reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino que ha marginado a la oposición política y civil. Es decir, es un planteamiento unilateral y autoritario, que tampoco toma en cuenta la realidad de la elección para el Congreso en 2024, donde la oposición en su conjunto obtuvo más del 40 por ciento del voto.

Debido a esto, la reforma planteada por el Gobierno podría ser legal, en sentido estricto, debido a que tiene una sobrerrepresentación en el Congreso pero ilegítima ante la sociedad mexicana y su pluralidad. Si esta operación no democrática se realizara, regresaríamos a la situación de ilegitimidad del sistema político que exigió la reforma de 1977. Hay que decir que la situación no está como para retornar al pasado autoritario.

Lo que debe ocurrir ahora son dos cosas. Primero, asegurar la participación de las oposiciones en el diseño e implementación de la reforma, con el fin de hacerla verdaderamente aceptable por la sociedad en su conjunto.

Segundo, promover que la reforma incluya varios aspectos que permitan una mayor pluralidad, justicia y transparencia en nuestro marco jurídico electoral. Algunas de ellas podrían ser las siguientes: en primer lugar, que el número de representantes de los partidos o coaliciones refleje los votos recibidos. En segundo lugar, garantizar la autonomía de consejeros y magistrados, así como preservar los cuerpos profesionales de la autoridad electoral. En tercer lugar, comprometerse a que los partidos y fuerzas políticas en competencia tengan los recursos necesarios para que sus mensajes lleguen a la población con la misma intensidad. En cuarto lugar, asegurar que la estructura de la autoridad electoral obedezca a un esquema federalista y no centralista.

Estos elementos - más otros que se puedan pensar - tienen que ser parte del nuevo orden jurídico que surja de una discusión democrática en la que participen los diversos sectores que conforman la sociedad mexicana. De otra forma, estaríamos atestiguando la institucionalización de la tiranía.