Se podría argumentar que una Constitución se funda en el derecho positivo pero también en lo que podría llamarse el espíritu de la Ley, en una expresión cara a Montesquieu.

Por razones que tienen que ver con una mezcla de Realpolitik y de ignorancia, el gobierno actual ha interpretado la Ley en materia de representación en el Congreso de tal manera que principios fundamentales del texto constitucional han sido vulnerados.

En este sentido, se puede considerar bienvenido el reciente libro, publicado por el Instituto de Investigaciones de la UNAM, titulado La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, coordinado por María Marván Laborde, J. Jesús Orozco Henríquez y Diego Valadés.

Los diversos textos incluidos en la obra analizan la conformación de la LXVI Legislatura (2024-2027) bajo una perspectiva técnica y académica.

Al tiempo que recomiendo su lectura, adelanto algunos apuntes. Aún en un sentido de la aplicación de la Ley en su sentido positivo el oficialismo vulnera principios democráticos fundamentales: aplicar el límite de sobrerrepresentación del ocho por ciento de forma individual a cada partido de una coalición, en lugar de a la coalición como unidad, permite burlar el sentido textual así como el espíritu de la Constitución. Dicho de otra forma, transferir candidatos ganadores de un partido a otro dentro de la misma coalición es una estrategia para maximizar diputaciones plurinominales de forma indebida. Debe quedar claro que, de acuerdo a la reforma de 1996, las coaliciones eran tratadas legalmente como un solo partido para efectos de representación proporcional, criterio que debería prevalecer para evitar distorsiones.

En todo esto hay una vullneración del pluralismo político, una piedra de toque de la visión constitucionalista liberal. O, para decirlo con otras palabras, hay una falsificación de la voluntad ciudadana: el sistema mixto actual busca que la representación sea proporcional al voto y eso no se cumplió en la configuración de la actual legislatura. No obstante, es fundamental entender que permitir una mayoría calificada que otorgó el 73 por ciento de curules al grupo en el poder en el Congreso a pesar de sólo haber recibido el 54 por ciento de la votación nacional rompe la equidad. Este esquema entraña que los votos por la oposición tengan menos valor, con lo que se limita la presencia de las minorías en la Cámara de Diputados.

Esto tiene otras graves consecuencias: al otorgar una mayoría calificada artificial se elimina la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas, lo que le ha permitido al oficialismo reformar la Constitución sin consenso plural.

En este sentido, una solución sería que el Tribunal Electoral haga una interpretación jurídica que proteja la esencia democrática de la Constitución por encima de lecturas gramaticales restrictivas.

En conclusión: la configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles y equilibrios en México y significa, además, una vulneración al espíritu mismo de la democracia constitucional.