La iniciativa de Reforma Electoral presentada este miércoles a la Cámara de Diputados establece una serie de candados para los aspirantes a un cargo de elección popular.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– La Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —presentada este miércoles en la Cámara de Diputados— establece una serie de candados, entre ellos la fiscalización de todas las operaciones financieras de partidos y candidatos; la prohibición de recibir financiamiento de cualquier entidad extranjera o del crimen organizado; así como la coordinación entre la autoridad electoral y el aparato de justicia para conocer los antecedentes de quienes aspiren a un cargo público.
El texto propone que todos “los ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y fianzas”, además de “la compra o venta de bienes y demás activos de los partidos políticos nacionales y locales”, así como de precandidatos y candidatos —incluidos los independientes—, “deberán ser reportados o avisados cotidianamente, en exclusivo para fines de fiscalización, por las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero” al Instituto Nacional Electoral (INE).
Este miércoles, al profundizar en su Decálogo por la Democracia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que su iniciativa plantea fortalecer la fiscalización mediante un vínculo más estrecho entre el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, lo que permitiría detectar con mayor eficacia recursos de procedencia indebida.
La modificación al Artículo 41 constitucional establece que estos reportes y avisos sobre las operaciones de precandidatos y candidatos abarcarán únicamente los periodos de precampaña y campaña. La información recabada por el Instituto Electoral, precisa la iniciativa, “tendrá carácter confidencial y será reservada exclusivamente para su uso en los procedimientos legales de fiscalización, sin que su alcance abarque los registros de candidaturas”.
La propuesta también eleva a rango constitucional la prohibición para que partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes se financien u operen con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.
En ese sentido, la modificación establece que toda aportación privada deberá provenir “de personas físicas mexicanas y, atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación”, y no podrá realizarse en efectivo.
“Las aportaciones de recursos monetarios deberán efectuarse a través del sistema financiero nacional, mediante transferencia electrónica, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o instrumentos financieros nominativos; estas aportaciones no serán deducibles para efectos fiscales”, señala el texto.
Asimismo, añade: “Las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero nacional deberán reportar, para fines de fiscalización, estas transacciones al Instituto Nacional Electoral, a través de los órganos reguladores, en los términos que fije la ley. Las aportaciones en especie serán siempre cuantificadas en moneda nacional y atenderán a lo que disponga la ley”.
De igual forma, se establece que “las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de candidaturas que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral”.
El proyecto de reforma constitucional plantea, en el mismo sentido, la prohibición a partidos, precandidatos y candidatos de “recibir o ejercer para sus actividades o campañas electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional”.
La Reforma Electoral también regula el uso de la Inteligencia Artificial. En ese apartado establece que “todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado” mediante esta tecnología “deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación”.
Asimismo, se señala que “las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”, según se lee en la propuesta.
Esta mañana, la Presidenta Sheinbaum delineó los principales ejes de su iniciativa. Entre ellos, destacó la eliminación de las listas plurinominales en la Cámara de Diputados y, en el caso del Senado, del principio de representación proporcional.
También subrayó una reducción del gasto del 25 por ciento —que impactaría en parte al INE y a los OPLES, los cuales no desaparecerían—, así como la disminución de los tiempos oficiales en radio y televisión, al considerar que existe una difusión excesiva de promocionales.
De igual forma, explicó que los cómputos distritales iniciarían el mismo día de la elección, conforme vayan llegando los datos, y aclaró que el PREP, al estar establecido en la ley electoral, no sería modificado.
