La Reforma Electoral contempla cambios en los recursos que se asignan a los partidos, las remuneraciones de las autoridades locales así como mayores controles de fiscalización.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– La Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —a la que los “aliados de la 4T, el PT y el Verde se oponen— plantea la eliminación de las listas plurinominales en la Cámara de Diputados y de los senadores electos por representación proporcional; una reducción del 25 por ciento en el gasto del INE, los OPLES y los partidos políticos; mayor fiscalización de recursos con coordinación entre la autoridad electoral y la UIF para evitar financiamiento indebido y rebase de topes de campaña.
La iniciativa de reforma constitucional también contempla disminuir los tiempos de radio y televisión en campañas; regular el uso de Inteligencia Artificial obligando a que los anuncios que la utilicen lleven un sello visible que lo advierta; y adelantar los cómputos distritales para que inicien el mismo día de la elección, sin esperar hasta el miércoles, pero sin modificar el PREP que está en la ley.
De igual forma, impulsa mecanismos de democracia participativa para que, con el respaldo del 2 por ciento de la lista nominal, la ciudadanía pueda solicitar consultas en municipios y estados sobre temas de relevancia pública, con las restricciones previstas para ciertos asuntos.
Sin listas y con menos senadores
Los cambios propuestos en el Artículo 53 de la Constitución establecen la eliminación de las listas plurinominales y en su lugar se plantea que en la elección de las 200 diputaciones del principio de representación proporcional 100 sean para quienes “no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron, ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación distrital".
Los otros 100, se propone, serán electos “por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero”.
En el caso del Senado la composición cambiará de 128 legisladores a 96, de los cuales dos serán elegidos por el principio de mayoría relativa y uno de primera minoría en cada estado y la Ciudad de México.
Menos recursos
La Reforma prevé un cambio en la fórmula para el financiamiento público de los partidos políticos estipulada en el Artículo 41 constitucional. Actualmente se establece que estos recursos se fijarán anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida de Actualización; en ese sentido se propone reducir el monto al multiplicarlo por el 48.75 por ciento de la UMA.
La propuesta refiere además en su artículo 5to transitorio que “las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales, de los tribunales electorales de las entidades federativas y de la Ciudad de México no podrán ser mayores a la establecida para la persona Presidenta de la República”.
La fiscalización de los recursos
La modificación al Artículo 41 constitucional establece que todos “los ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y fianzas”, además de “la compra o venta de bienes y demás activos de los partidos políticos nacionales y locales”, así como de precandidatos y candidatos —incluidos los independientes—, “deberán ser reportados o avisados cotidianamente, en exclusivo para fines de fiscalización, por las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero” al Instituto Nacional Electoral (INE).
La propuesta también eleva a rango constitucional la prohibición para que partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes se financien u operen con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícita y establece que toda aportación privada deberá provenir “de personas físicas mexicanas y, atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación”, y no podrá realizarse en efectivo.
El proyecto de reforma constitucional señala, además, la prohibición a partidos, precandidatos y candidatos de “recibir o ejercer para sus actividades o campañas electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional”.
De igual forma, se pide que “las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de candidaturas que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral”.
Cambian los tiempos en radio y televisión
Los cambios en el Artículo 41 refieren que a partir del inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del INE 35 minutos diarios —13 menos que los previstos actualmente— que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.
La Reforma Electoral también regula el uso de la Inteligencia Artificial. En ese apartado establece que “todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado” mediante esta tecnología “deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación”.
A su vez se exponen modificaciones en el Artículo 35 para que el INE pueda promover la participación ciudadana para las consultas populares a través de medios físicos y electrónicos, “así como la discusión pública informada”, pero “no se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataforma de difusión masiva sobre las consultas populares”.
Se adelantan cómputos
La Reforma busca que desde la Constitución se determine que “los cómputos de las elecciones federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los consejos distritales”, por lo cual se prevé que el conteo oficial inicie desde el mismo domingo de la elección y no el miércoles siguiente a la jornada electoral como se hace actualmente.
Al respecto, la Presidenta aclaró en su conferencia de prensa del miércoles que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al venir en la Ley Electoral no se tocará con esta reforma. De esta forma, en el transitorio se indica que a más tardar el 15 de mayo de 2026, el Congreso, las legislaturas estatales y el INE deberán adecuar su marco jurídico de acuerdo a lo que establezca esta reforma.
Entre los mismos cambios se prevé también incluir “el uso de tecnologías de la información y comunicación en la emisión del voto en consultas populares”.
Los ajustes en consultas populares
Con la Reforma se reconoce desde la Constitución el derechos de las y los ciudadanos a participar en “consultas populares, referéndums, plebiscitos y cualquier otro mecanismo de democracia directa”.
Se expone que serán las legislaturas estatales las que establecerán el porcentaje para que estos ejercicios puedan ser solicitados por la ciudadanía, aunque aclara que no se podrá requerir un respaldo mayor al dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electorales del municipio o del estado, según corresponda la naturaleza del ejercicio.
Los resultados en los mecanismos de democracia directa serán vinculantes para el ayuntamiento o para los Poderes del Estado siempre que la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal, ya sea del municipio o del estado.
En el mismo sentido refiere que el órgano público local electoral del estado tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de democracia directa.
Se prevé además que “las personas representantes de los Poderes de los tres órdenes de gobierno, bajo los principios de imparcialidad y neutralidad podrán promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa, siempre que no influyan en sus resultados”.
