Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, afirmó que la reforma constitucional de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reduce las pensiones millonarias de los exfuncionarios públicos para que estas no excedan el 50 por ciento de lo que gana la titular del Poder Ejecutivo Federal, no sólo busca ajustes administrativos, sino que es "un asunto de justicia social".
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Senadora señaló que la propuesta respeta los principios de la Cuarta Transformación, destacando que el eje central es la justicia social y la eliminación de privilegios en el sector público.
“Es un asunto que tiene que ver con esta visión de la 4T de la justicia social, en este sentido es necesario señalar que no puede haber este tipo de privilegios y discriminaciones. Tiene que servir el recurso económico para que se siga sustentando el sistema de pensiones en este país.”
La presidenta del Senado explicó que la reforma pone bajo la lupa esquemas de retiro que durante años permitieron percepciones extraordinarias a exfuncionarios de organismos del Estado. Subrayó que el problema involucra instituciones clave y montos que, en algunos casos, resultan difíciles de justificar frente a la realidad del país.
“Se está hablando de los trabajadores de confianza y se está considerando a estos exfuncionarios del gobierno federal y estamos hablando de la CFE, de Luz y Fuerza del Centro ya extinta, estamos hablando de Pemex, Banco de México y Bancomext, todos del gobierno federal donde tenían tasadas ganancias a partir de estas pensiones y jubilaciones en algunos casos de mas de un millón de pesos. Esto lo que refleja es una gran corrupción.”
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer un tope a las pensiones más altas. La presidenta del Senado detalló que el límite propuesto busca alinearse con criterios de austeridad y proporcionalidad respecto a los ingresos en el sector público.
“Lo que se está planteando es que no pueda ganar la gente a partir de estas pensiones, mas de 70 mil pesos, es decir, el 50 por ciento del recurso que tiene asignado la Presidenta de la República por su trabajo. En este caso se está considerando que son este tipo de instituciones que tenían mas allá de los 70 mil pesos mensuales.”
Desde su perspectiva, este cambio no sólo corrige excesos, sino que también redefine el destino del dinero público. Laura Itzel Castillo insistió en que los recursos recuperados deben orientarse a fortalecer el sistema en su conjunto y atender necesidades sociales más amplias.
“En México se tienen que acabar estas pensiones de lujo pagadas por las ciudadanas y ciudadanos de este país. En ese sentido me parece que es una reforma fundamental que regresa ese recurso donde debe de estar que debe ser orientado a satisfacer las necesidades de la población.”
La Legisladora también advirtió que el alcance de la reforma podría ir más allá de los casos actualmente identificados. Señaló que, si bien hay instituciones donde el fenómeno es más visible, el proceso abre la puerta a revisar otras áreas del sector público.
“Este es un paso fundamental que se ha dado y que hace que se visibilice esta situación, que se pueda poner el ojo también en otras instituciones donde seguramente puede haber algunas irregularidades al respecto. También en el Banco de México sí están contempladas, no es el mismo número, el número mayor es el de la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente el caso de Petróleos mexicanos, pero también esto lo que hace es prender el foco de otro tipo de situaciones que seguramente se presentarán en otras instituciones. Pero empezamos con estas iniciativas y creo que es un paso trascendental que ha dado la Presidenta.”
Finalmente, Castillo planteó que la discusión apenas comienza y que será necesario profundizar en los detalles para asegurar que la reforma cumpla con sus objetivos sin generar distorsiones adicionales. Reiteró que el eje rector debe ser la equidad.
“Vienen toda una serie de planteamientos que ya tendríamos que profundizar más dentro de su discusión para tomar en cuenta sobre todo lo relativo también a la justicia social, lo que nosotros pensamos es que tiene que orientarse estos recursos para que haya un manejo más eficiente y que como siempre hemos dicho, no puede haber pueblo pobre y gobierno rico, tiene que haber justicia social y a eso es hacia lo que va orientado”.
