Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- La expansión del sistema de detención migratoria impulsada durante la gestión de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no solo dejó un gasto multimillonario en Estados Unidos (EU), sino también una red de campos migratorios saturados, cuestionados y enfrentando rechazo en múltiples frentes.
Investigaciones de The Atlantic, The New Yorker y Mother Jones coinciden en que el ambicioso rediseño de la infraestructura migratoria en Estados Unidos avanzó con prisas, sobrecostos y sin resolver problemas estructurales, lo que hoy se traduce en instalaciones al límite de su capacidad y en un creciente desgaste político y social.
El proyecto más emblemático fue la compra acelerada de al menos 11 grandes almacenes industriales para convertirlos en megacentros de detención, algunos con capacidad de hasta 10 mil personas. La iniciativa formaba parte de un paquete de 38 mil millones de dólares destinado a transformar el sistema bajo control federal. Sin embargo, funcionarios citados por The Atlantic reconocen que muchas de estas adquisiciones se realizaron bajo presión y con precios hasta 33 por ciento por encima del mercado, reflejando un uso ineficiente de recursos públicos.
A la par del gasto, el sistema comenzó a mostrar señales de saturación. The New Yorker documenta que la población detenida alcanzó niveles históricos, con alrededor de 70 mil personas, en medio de condiciones cada vez más precarias. El endurecimiento de políticas —como la negativa sistemática a otorgar libertad bajo fianza— ha provocado un flujo constante de ingresos sin una salida proporcional, agravando el hacinamiento.
Las consecuencias son visibles: brotes de enfermedades, falta de atención médica, restricciones a la comunicación legal y la detención prolongada de menores, en algunos casos más allá de los límites legales. Estas condiciones han encendido alertas sobre una posible crisis humanitaria dentro de los centros.
Lejos de consolidarse, la expansión enfrenta un rechazo cada vez más amplio. Comunidades locales —incluidas algunas en estados gobernados por republicanos— han frenado proyectos para instalar nuevos centros, mientras autoridades enfrentan obstáculos para adaptar bodegas sin infraestructura básica como agua o saneamiento.
El descontento también ha alcanzado al sector privado. Mother Jones reporta que empresas vinculadas a la construcción y operación de estos centros han comenzado a retirarse ante presiones internas. El caso de DLR Group, firma global de arquitectura, ilustra esta tendencia: empleados forzaron a la compañía a abandonar nuevos contratos relacionados con centros de detención tras cuestionar su papel en el sistema.
El medio detalla que la crisis estalló cuando trabajadores descubrieron que la firma tenía contratos para reconvertir instalaciones en centros para migrantes detenidos. El reportaje recoge testimonios como el de Andrew Osborne, quien renunció tras considerar incompatible su trabajo con las prácticas de ICE, a las que comparó con episodios históricos como los campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. La presión llevó a la empresa a comprometerse a no aceptar nuevos contratos de este tipo, aunque mantendrá algunos acuerdos vigentes.
Este episodio refleja un fenómeno más amplio: el creciente cuestionamiento ético dentro de sectores profesionales tradicionalmente alejados del activismo político. Según Mother Jones, la expansión del sistema de detención ha generado tensiones internas en empresas tecnológicas, hoteleras y de servicios, donde trabajadores han comenzado a exigir la cancelación de contratos con ICE.
A nivel institucional, incluso dentro del propio ICE crece el escepticismo. Funcionarios advierten que las megainstalaciones podrían convertirse en “elefantes blancos” si las políticas migratorias cambian o si la población detenida disminuye, dejando tras de sí una infraestructura costosa y subutilizada.
La salida de Noem, destituida por el Presidente Donald Trump, añade incertidumbre a un proyecto que ya mostraba fisuras. Su posible reemplazo, Markwayne Mullin, heredaría un sistema marcado por el gasto excesivo, la saturación y un rechazo que se extiende desde comunidades locales hasta tribunales y corporaciones.
En conjunto, los reportes dibujan un panorama claro: la política de detención masiva no solo avanza entre polémicas, sino que lo hace cargando el peso de decisiones apresuradas que hoy se reflejan en centros rebasados y en una creciente resistencia a sostener el modelo.
