Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Tras meses de deportaciones masivas y un endurecimiento en la frontera que ha dejado vacíos miles de puestos en los campos estadounidenses, la administración Trump se ha visto obligada a echar marcha atrás y tomar una medida urgente: facilitar y abaratar la contratación de trabajadores migrantes temporales a través del programa de visas H-2A.
La medida busca funcionar como un paliativo ante una crisis laboral que amenaza la producción de alimentos y el precio en los supermercados de Estados Unidos (EU).
El Departamento de Trabajo de EU implementó reglas de emergencia el 1 de enero de 2026 que permiten a los agricultores contratar más trabajadores extranjeros y reducir los salarios mínimos que deben pagarles. Según estimaciones del Economic Policy Institute, estos cambios podrían suponer recortes salariales de entre cuatro mil 400 a cinco mil 400 millones de dólares anuales para los trabajadores H-2A y ejercer presión a la baja sobre los sueldos de los empleados estadounidenses en el campo.
La Secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, defendió la decisión en declaraciones recientes, al señalar en un comunicado que “la economía agrícola se encuentra en una situación difícil, y el Presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito”.
El contexto es paradójico. El propio gobierno reconoce que la “paralización casi total de la entrada de migrantes irregulares, sumada a la falta de mano de obra legal disponible”, ha provocado “importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.
De los aproximadamente dos millones de trabajadores agrícolas en EU, alrededor del 40 por ciento son migrantes sin documentos o temporales, y el sector ya sufría escasez crónica por el envejecimiento de la fuerza laboral y la renuencia de estadounidenses jóvenes a realizar labores manuales intensas.
La medida genera reacciones encontradas
Al interior de Estados Unidos, el programa de visados para atraer a migrantes que trabajen en el campo ha sido recibida de forma mixta, pues mientras grupos de campesinos estadounidenses lo ven como algo negativo, los dueños de campos de cultivo la defienden.
El diario The New York Times informó sobre el caso de la Unión de Campesinos de América, que presentó una demanda contra la administración Trump al alegar que la norma traerá repercusiones para los trabajadores agrícolas estadounidenses, quienes verían también sus salarios reducidos o, en el peor de los casos, perderían sus empleos.
"No hay nada de ‘Estados Unidos Primero’ en expandir los programas de trabajadores temporales explotadores que perjudican y desplazan a los trabajadores estadounidenses”, declaró Teresa Romero, presidenta de la Unión en un comunicado publicado en el sitio web del sindicato.
Por otro lado, muchos agricultores han celebrado los cambios, como Bruce Talbott, operador de un huerto y un viñedo en Colorado, quien señaló que esta medida le permitirá contratar a un mayor número de trabajadores.
“¿Hay estadounidenses muy trabajadores? Por supuesto que los hay, y están en la construcción, en el petróleo y el gas, y en trabajos profesionales. No están en la agricultura estacional”, dijo en entrevista con el Times.
Paliativo no resuelve problema de fondo: analistas
Críticos como Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Migración, advierten que depender de mano de obra extranjera barata a largo plazo no favorece la competitividad agrícola estadounidense y retrasa la mecanización que el propio Trump ha promovido en el pasado.
"La competitividad a largo plazo de la agricultura estadounidense no se beneficia cediendo ante las demandas miopes de los lobbistas agroindustriales ni las demandas luditas de los sindicatos. En cambio, el gobierno federal serviría mejor a los intereses de los agricultores, trabajadores agrícolas y de la nación en su conjunto ayudando a la transición de la cosecha de frutas y verduras al siglo XXI", escribió en un artículo de opinión citado por The Independent.
La medida revela las tensiones internas de la agenda migratoria de Trump: por un lado, la promesa de deportaciones masivas y un “100 por ciento mano de obra estadounidense”; por otro, la realidad económica que obliga a recurrir precisamente a los migrantes que su política busca restringir.
Mientras los campos de California, Florida y el Medio Oeste esperan la próxima cosecha, el gobierno apuesta a que miles de trabajadores temporales con visa H-2A llenen el vacío dejado por las redadas.
Expertos coinciden en que el verdadero desafío no es sólo traer más mano de obra, sino resolver de fondo la dependencia estructural del sector agrícola de trabajadores extranjeros, ya sea mediante caminos a la residencia legal, mejores salarios o inversión en tecnología. Por ahora, el campo estadounidense vuelve a mirar hacia el sur de la frontera.
