Ciudad de México 5 de abril (SinEmbargo).- México es parte de la historia de la esclavitud, aunque poco se hable de ello. Cinco siglos después, sus consecuencias persisten: la población afrodescendiente enfrenta racismo cotidiano, menor escolaridad, más trabajo infantil y de personas adultas mayores y representación política casi inexistente. Un nuevo mandato internacional refuerza la obligación del país a reparar el daño.
Hace unos días, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que reconoce la esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. México votó a favor, así que ahora tendrá que traducir ese posicionamiento internacional en leyes locales, presupuesto y políticas públicas concretas que atiendan la deuda histórica.
“Es un reconocimiento que llega tarde, pero es necesario”, pues abre la puerta a la reparación, la cual también tiene que ser económica, dice Ana Hurtado, investigadora en la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Capítulo México (RMMAD-MX).
Dicha reparación implica atender que, tras más de 500 años, las personas afrodescendientes en México siguen siendo excluidas de derechos como a la salud o la educación, señala la Diputada federal Rosa María Castro Salinas (Morena), la única persona afromexicana en el Congreso de la Unión.
En 2024, había apenas cuatro legisladores afrodescendientes. Un Diputado en Durango; dos diputados y una Diputada en Guerrero. “La sociedad mexicana es muy racista, lo vemos constantemente en todos los espacios. No es casualidad que en el Congreso federal solo esté una mujer afroamericana como diputada”, apunta Rosa María Castro.
Ahora, hay que destacar que el dictamen de la ONU fue aprobado en medio de un clima internacional de invasiones, intervenciones, guerras y genocidios para ocupar territorios y despojar a las poblaciones de sus recursos. Tal como pasó durante el sistema colonial que se mantuvo gracias, precisamente, a la esclavitud. No es de extrañar que Argentina, Israel y Estados Unidos hayan sido los únicos países que votaron en contra.
Se abolió la esclavitud, pero el racismo sigue
Fue bajo el dominio de la corona española cuando se trasladó de manera forzada a este territorio a cientos de miles de personas africanas. Pero el racismo, la disciminación y el intento de hacer desaparecer a esa población mediante el mestizaje continuaron en el Estado mexicano.
Algunas estimaciones señalan que cerca de 500 mil africanos y africanas fueron esclavizadas en la Nueva España de manera legalizada, entre inicios de 1600 y cerca del año 1700. Pero hay un número desconocido de personas traídas de contrabando para evadir impuestos.
“Hasta el siglo XIX se censaban a las personas afros como mulatos, negros, pardos, etcétera”, apunta la Diputada Rosa María Castro. Categorías discriminantes y deshumanizantes. Pero “a finales del siglo XIX, las personas afrodescendientes desaparecen del contexto histórico” y vino un largo periodo de ausencia en los censos oficiales.
Fue hasta 2015 cuando la Encuesta Intercensal incluyó a esta población y más de 1.3 millones de personas le pudieron decir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que eran afrodescendientes.
Pero es que en ese momento había una mayor invisibilización, por lo que mucha gente no se asumía con esa identidad. Los términos afromexicano o afrodescendiente nos eran todavía más ajenos a causa de la invisibilización.
Eso venía desde “las estructuras gubernamentales. Durante mucho tiempo, se decía que en México no hay negros”, reclama Rosa María Castro, académica con décadas de activismo junto a pueblos afrodescendientes e indígenas en la Costa de Oaxaca.
Para el Censo de Población y Vivienda 2020, 2.6 millones de personas se identificaron como afrodescendientes. Hay otra cifra: la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023, que incluye a la población migrante, indica que son más 3.1 millones.
La población afrodescendiente en México es la que más vive discriminación, incluso por encima de la población indígena: 36 por ciento reporta haberla vivido, frente a 28 por ciento de las personas de pueblos originarios, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022.
Las desigualdades también se reflejan en las condiciones de vivienda. La población afrodescendiente registra menores niveles de acceso a servicios como agua entubada, drenaje y electricidad, y una mayor proporción de pisos de tierra.
En lo educativo, mientras el 29 por ciento de la población total de 6 a 24 años no asiste a la escuela, en la población afrodescendiente la tasa asciende a 32 por ciento, según la Enadid 2023.
Otros datos del Inegi cuentan una historia de trabajo que inicia en la infancia y continúa en la vejez de manera más intensa que en el resto de la población. El 16 por ciento de las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes de 12 a 14 años trabaja, frente al 12 por ciento en la población total.
La tendencia se mantiene en jóvenes de 15 a 19 años (60 por ciento contra 57 por ciento) y se prolonga en la vejez: el 44.5 por ciento de las personas afrodescendientes de entre 65 y 74 años sigue trabajando, frente al 40 por ciento a nivel nacional.
Y continúa en edades más avanzadas. En el grupo de 75 a 84 años, el 27 por ciento de las personas afrodescendientes sigue trabajando, contra 23 por ciento en la población total. Y también entre quienes superan los 85 años, 12.4 por ciento frente al 10 por ciento, de acuerdo con el Censo 2020.
Sin embargo, esos datos no permiten ver en qué condiciones trabajan. La invisibilización estadística, como la que enfrentan los pueblos originarios, impide saber en qué empleos laboran, si están en la formalidad o informalidad, cuántas horas trabajan o qué salarios perciben, lo que dificulta identificar posibles escenarios de explotación o trata.
Esa falta de registro también se replica en el sistema de procuración de justicia. Las fiscalías no suelen desagregar si las víctimas de feminicidio, desaparición o violencia sexual son mujeres afrodescendientes, lo que mantiene estos casos fuera de las estadísticas.
Reparación, la tarea pendiente
La resolución de la ONU reconoce que el sistema esclavista instaurado por Europa no tuvo precedentes: se arrancó a millones de personas de sus territorios, comercializó con ellas, se les trasladó de manera forzada y se estableció la esclavitud como una condición hereditaria.
También evidencia su respaldo legal: las bulas papales de 1452 y 1455 autorizaron la “esclavitud perpetua” de personas negras; el Código Negro francés de 1685 las definió como “bienes muebles”; y en Virginia, en 1662, se estableció que la esclavitud se heredaba por vía materna.
Por ello, la resolución plantea medidas de reparación para los Estados que participaron de la esclavitud, como México: disculpas formales, restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. Así como reformas legales y políticas públicas para combatir el racismo y la discriminación sistémica.
Esa resolución de la ONU no surgió de manera espontánea, apunta Ana Hurtado, colaboradora en Afrocolectiva Medio. “Es resultado de una lucha histórica” de países africanos, caribeños y latinoamericanos que han exigido la reparación desde hace varias décadas.
Y tipificar la esclavitud como un crimen de lesa humanidad implica también combatir las formas modernas de esclavitud, agrega. “Porque estaríamos mintiendo si decimos que la esclavitud terminó hace años”.
A nivel global, más de 50 millones de personas están en condiciones de esclavitud moderna, según la organización Walk Free. En México hay unas 850 mil personas, por lo que ocupa el tercer lugar en América. Estados Unidos, con más de 1 millón 91 mil personas y Brasil, con más de 1 millón 53 mil, son el primero y segundo lugar.
Ana Hurtado indica que las reparaciones del Estado mexicano deben ser económicas y culturales. Se debe “garantizar seguridad financiera y programas que realmente impulsen el desarrollo social y reduzcan las brechas de desigualdad de las personas afrodescendientes”. Y en todo esto se debe incluir a la población afrodescendiente migrante en México, facilitando la regularización de su estatus migratorio, agrega.
La activista también señala que el Estado mexicano debe asumir la reparación como una obligación y la refleje en el presupuesto, con recursos etiquetados.
El documento aprobado por la mayoría de los países que integran la ONU reconoce que las mujeres africanas y afrodescendientes fueron víctimas de violencia sexual sistemática, reproducción forzada y explotación diferenciada por género.
“Los cuerpos de nuestras ancestras fueron violentados, transgredidos. Les fueron robadas su voluntad, su voz”, dice la diputada Rosa María Castro. Esas violencias, advierte, no han desaparecido, sólo se han modificado y es momento de hacerles justicia.
La memoria también es parte de la reparación
“Lo digo primero como una activista afromexicana, que llevo muchos años en esto, y lo digo ahora como legisladora: México va avanzado en algunas partes” de la reparación del daño a la población afrodescendiente, dice la Diputada Rosa María Castro.
El reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas en el artículo 2o constitucional en 2019 fue el primer paso, dice. “Aparecer por primera vez en la Constitución fue un paso gigantesco”. Luego, la reforma de 2024, que consolidó ese reconocimiento al establecer que son sujetos de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En esa ruta, añade, ahora se impulsa el Plan de Justicia para los pueblos Afromexicanos, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con la Diputada, se han celebrado asambleas comunitarias en la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, con la participación de autoridades locales y federales, legisladores y líderes comunitarios.
La intervención de las comunidades afrodescendientes en estos planes de justicia no es solo necesaria, es central, apunta la diputada afrodescendiente. No se trata de decidir sobre ellas desde las instituciones, sino de reconocer que han sostenido una lucha de siglos de la que se debe aprender y que debe hacerse visible, agrega.
En ese contexto, y en línea con la resolución internacional, la diputada Rosa María Castro Salinas subraya otro eje clave: la memoria y la resistencia. Reconocer la historia de los pueblos afrodescendientes, y garantizar su lugar en la educación, también es parte de la reparación, dice. “Tenemos derecho a nuestra memoria y a nuestra historia”.
