Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles que iniciará una investigación paralela para conocer si existen datos de prueba que sustenten la acusación hecha por autoridades de Estados Unidos (EU) contra 10 funcionarios mexicanos, incluido el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
"De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados", detalló Ulises Lara, vocero de la FGR.
En un mensaje a medios de comunicación, detalló que el Gobierno de Estados Unidos divulgó información confidencial sobre los funcionarios requeridos en las solicitudes de detención, lo que va en contra de las normas procesales.
"La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado a efecto de proteger la información que ha sido transmitida", precisó.
También agregó que "dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los EU y contrario a las normas procesales que los gobiernan".
No obstante, Ulises Lara aseveró que, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, se cumplirá con todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos para establecer si la solicitud es procedente. En ese sentido, puntualizó que ya recibió la notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además, destacó que la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidores públicas que ostentan dichos cargos.
"Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas que, al igual que en el estado requirente, son inalienables", aseveró.
“El gobernador de Sinaloa y otros acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas para ayudar al Cártel de Sinaloa,” dijo el fiscal federal Jay Clayton. “Los funcionarios extranjeros que envenenen a los estadounidenses enfrentarán la justicia.”https://t.co/jS1xbU000k
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 29, 2026
La única prueba de EU es una “nómina” escrita a mano
La acusación por narcotráfico del gobierno de EU contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa exhibe una serie de presuntos sobornos pagados por "Los Chapitos" a mandos policiacos y de la fiscalía.
A través de tres fotografías, el documento presentado por el Departamento de Justicia de EU muestra, hasta ahora, la única evidencia en toda la acusación: una supuesta "narconómina" escrita a mano con el registro del pago a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y hasta del Gobierno de Culiacán.
"El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes", se lee en la acusación.
Si bien el documento no precisa quién es el jefe de plaza de Culiacán de "Los Chapitos" que realiza los pagos, sí enlista a los mandos policiacos y de la fiscalía que supuestamente fueron sobornados, así como los montos que oscilan entre los 30 mil y los 2 millones de pesos mensuales.
Entre los nombres destacan el fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra; dos exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, "El Cholo"; José Antonio Dionisio Hipólito, "El Tornado", exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa; y Juan Valenzuela Millán, "El Juanito", excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
A cambio de estos sobornos, dice la acusación, "Los Chapitos" operaron abiertamente en el estado, a la vez que recibían información de operativos en su contra y ordenaban a las agentes del orden a realizar homicidios y secuestros, así como detener a miembros de grupos criminales rivales.
