Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Una persona enferma demandó a una institución pública de salud luego que le negaran la incapacidad por su padecimiento, así como el seguimiento médico correspondiente.
Sin embargo, durante el proceso legal se enfrentó con una serie de trabas que no hicieron más que retrasar la atención médica. La víctima no se echó para atrás y consiguió una victoria que significó un precedente legal en materia de derecho a la salud.
El caso fue resuelto el pasado 29 de enero pero la sentencia fue dada a conocer apenas este 24 de abril por el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta es la historia.
Un servicio médico ignorado
Todo comenzó cuando la víctima acudió a un hospital que forma parte del sector público de salud para recibir atención médica y poder recibir la incapacidad para no trabajar mientras se recuperaba y pudiera recibir la protección laboral.
Sin embargo, le fue negada la incapacidad médica temporal y no sólo eso, también rechazaron remitirla con un médico especialista para que hiciera una valoración integral de su estado de salud y dale continuidad a su padecimiento.
Ante esta situación, la persona enferma e ignorada por el sector salud presentó un amparo directo para reclamar la negativa de ser atendida a profundidas y recibir la protección laboral.
No sólo eso, la víctima exigió en su demanda la suspensión con efectos restitutorios, esto quiere decir que, mientras se resolvía el caso, recibiera la atención médica y la incapacidad.
Justicia a medias
El juicio de amparo directo quedó en manos de un Juzgado de Distrito que falló a favor de la víctima, sin embargo, lo hizo parcialmente ya que no le concedió todas las exigencias.
Por una parte, el juzgador le otorgó la medida cautelar para que la autoridad responsable canalizara a la víctima con un médico especialista y le proporcionara la atención médica que requiriera por su padecimiento.
Por otro lado, el juez negó la parte del amparo en el que la demandante exigía las protección laboral de la incapacidad argumentando que eso implicaría “crear un derecho nuevo”.
Claramente inconforme con el decisión parcialmente positiva del Juzgado de Distrito, la víctima presentó un recurso de revisión.
La decisión final
El caso quedó en manos del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito que finalmente falló a favor de la víctima de forma definitiva.
En su sentencia, el tribunal colegiado argumentó que, al contrario de lo señalado por el Juzgado de Distrito, otorgarle la incapacidad mientras el caso se resuelve no constituye crear un nuevo derecho, sino preservar y restituir provisionalmente el goce de un derecho que ya existe.
Además, los magistrados explicaron que al tratarse de una incapacidad médica derivada de un riesgo de trabajo o de una probable recaída basta con presentar dictámenes médicos, licencias expedidas por instituciones públicas de salud, prescripciones médicas activas o tratamientos en curso para comprobarla.
En este caso en particular, señaló el tribunal colegiado, el amparo se busca evitar que el estado de salud de la víctima se agrave y que su afectación económica se agudice mientras el caso avanza.
"Cuando la medida cautelar se limita a validar provisionalmente una condición clínica previamente diagnosticada y su vigencia se sujeta al resultado del juicio de amparo, debe estimarse procedente la suspensión con efectos restitutorios, al constituir un mecanismo idóneo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social mientras subsista la incertidumbre jurídica generada por el acto reclamado" sentenciaron los magistrados.
Con esta decisión, la víctima podrá recibir su incapacidad laboral y la atención médica especializada en lo que la demanda inicial que presentó se resuelve.
